Reformar el sistema de salud es fortalecer la salud pública

Hace unas semanas, el Presidente Piñera presentó lo que denominó una “reforma integral” al sistema de salud, la misma que el ministro de salud llamó una “cirugía mayor”. Sin embargo, si atendemos al fondo de lo anunciado, lo cierto es que no hay mucho de eso.

En resumen, de acuerdo a la información divulgada por el Gobierno, el proyecto busca regular los abusos de las isapres sobre sus afiliados -sin que aún sea claro cómo se enfrentarán las discriminaciones arbitrarias por edad, sexo y las alzas unilaterales de precios-, a la vez que, en nombre del fortalecimiento de la salud pública, promueve la compra de prestaciones en el sector privado por parte de FONASA.

Sin duda, los problemas que enfrenta el sistema de salud, tanto por la falta de recursos en el sistema público como por los abusos y desprotección de los usuarios en el sistema privado, son una preocupación central de la ciudadanía, que requiere con urgencia una reforma integral que garantice la salud como un derecho para todos y todas.

Una reforma que se centre en el fortalecimiento de la salud primaria y en la promoción de una vida sana, para prevenir y evitar la enfermedad, mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población. Una reforma que dé respuestas al déficit de profesionales, especialistas, camas e infraestructura en la salud pública, para que la enfermedad no implique morir en listas de espera. Una reforma que reconstruya un modelo de salud solidario allí donde hoy prima la responsabilidad individual, para que recuperarse no sea a costa de endeudamiento.

Ello no puede producirse cuando más de la mitad de los recursos que se invierten en salud se destinan al sector privado donde se atiende menos del 20% de la población, relegando a los pobres y enfermos a un sistema de salud desfinanciado, como incluso lo reconoció el presidente de la Asociación de Isapres al señalar que no pueden “darse el lujo de recibir gente enferma”.

Por ello, desde el Frente Amplio, hemos propuesto la creación de un Seguro Universal de Salud, para que la contribución que todos hacemos al sistema, cotizando el 7% de nuestros ingresos, se destine a mejorar la atención de salud de las amplias mayorías que se atienden en el sector público, y no los bolsillos de los dueños de clínicas e isapres. Para construir un sistema público robusto, que nos dé seguridad a todos y todas de que ante una enfermedad, podemos preocuparnos exclusivamente de mejorar y no de morir o empobrecer por falta de recursos.

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Por el contrario, la propuesta del Gobierno en vez de enfrentar estos desafíos, opta por dar un espaldarazo al sector privado, que -no por nada- salió a celebrar el anuncio, luego de los escándalos del último tiempo por las injustificadas e ilegales alzas de precio.

En definitiva, se trata de una reforma que, en vez de responder a las preocupaciones de la ciudadanía, legitima el sistema privado de isapres, al mismo tiempo que prolonga el abandono de la salud pública. Una reforma que repite una fórmula que en Chile ya conocemos y hemos visto fracasar: responder a los problemas del mercado, con más mercado. Con todo, reconocemos que acabar con las discriminaciones y abusos a los afiliados de las isapres, si bien no resuelve los déficit del sistema, es también una tarea urgente. Por ello, esperamos que al presentar el proyecto se aborden adecuadamente esos desafíos.

En un contexto de amplio descrédito de las instituciones democráticas, los anuncios grandilocuentes incapaces de resolver lo que prometen, siguen amenazando la legitimidad de la política. Por ello, como Partido Comunes, hemos sostenido la necesidad de construir acuerdos amplios, incluso con sectores con quienes tenemos grandes diferencias, para impulsar medidas concretas que resuelvan problemas reales de las personas.

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En ese sentido, desde ya manifestamos nuestra disposición a debatir sobre los contenidos del proyecto que se presentará y a construir acuerdos en torno a aquellas propuestas que sean efectivas para terminar con las discriminaciones que hoy hay en el sistema privado, siempre que éstas no sean a costa de debilitar aún más la salud pública, y sin olvidar que la gran reforma pendiente es la reconstrucción de un sistema público y solidario que garantice el derecho a la salud a todos y todas.

Por Javiera Toro Cáceres
Presidenta Partido Comunes

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