Golpe al negacionismo: ya es ley el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada de la dictadura

Chile asesta un golpe al negacionismo: con la promulgación de la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada de la dictadura —público, digital y a cargo del Registro Civil— el Estado reconoce oficialmente a las víctimas del terrorismo de Estado (1973–1990) y entrega a sus familias una herramienta jurídica para trámites y búsqueda. La norma, presentada este miércoles por el vicepresidente Álvaro Elizalde y el ministro de Justicia Jaime Gajardo, se inscribe en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

¿Qué cambia con el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada de la dictadura?

La ley crea un registro público, gratuito y digital a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuyo objetivo es que el Estado reconozca oficialmente la ausencia por desaparición forzada, dignificando la memoria y facilitando gestiones a las familias. El ministro Jaime Gajardo destacó el sentido práctico y simbólico de la medida:

“Sabemos que no solo han sufrido por la desaparición de sus seres queridos, sino que además la inexistencia de tal calificación oficial les ha dificultado hacer diversos trámites durante muchos años”.

El secretario de Estado subrayó además el carácter de política pública permanente:

“Esta es una iniciativa cuya vigencia supera la existencia de este gobierno. Es una política de Estado y como tal trasciende a una gestión. Está por sobre cualquier polémica coyuntural y se asienta en un valor ético”.

Cómo funcionará el nuevo Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada

La nueva ley mandata al Servicio de Registro Civil e Identificación la creación y mantención de un Registro Especial de Personas Ausentes por Desaparición Forzada con estas características:

• Público y gratuito: cualquier persona podrá consultarlo.
• Electrónico y digital: el acceso será remoto y expedito.
• Operativo en seis meses: el Registro Civil tiene un plazo de seis meses desde la publicación de la ley para ponerlo en funcionamiento.
• Base de datos con fuentes oficiales: se construirá a partir de informes de las comisiones de verdad (Rettig y Valech), otras instancias estatales y sentencias judiciales firmes.

«Serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada aquellas que surjan de la información contenida en los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y otros instrumentos», desmenuzó Gajardo.

Un acto de reparación para las familias

Uno de los impactos más significativos del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada de la dictadura es su efecto directo en las familias. A partir de esta normativa, los familiares podrán solicitar certificados gratuitos que acrediten oficialmente la calidad de “persona ausente por desaparición forzada”. Esto dignifica la memoria de sus seres queridos y opera como reparación simbólica fundamental.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, relevó:

“es un reconocimiento que lamentablemente llega tarde, llegan tras 52 años del golpe militar, pero da cuenta de la importancia que tiene para nuestro país que se reconozca la desaparición forzada”.

Las familias: memoria, dignidad y un cierre que aún falta

En el acto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), puso en palabras el sentido de la ley:

“Esto es una reivindicación hacia los que no están físicamente, que siempre están y siempre han estado, pero a la larga lucha de sus familiares”.

También valoró la decisión política que hizo posible el avance legislativo:

“Hay un gobierno, que a través de diputados, tuvo la voluntad política de aprobar este proyecto y convertirlo en ley”.
“Porque no puede haber una democracia más completa si no hay verdad y justicia en los peores crímenes que se cometieron en este país”.

Política de Estado y enfoque de derechos

El Plan Nacional de Búsqueda —del que esta ley forma parte— consolida a nivel institucional los ejes de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición, con perspectiva de género y de derechos humanos. Que el Registro Civil administre un repositorio único y público fortalece la transparencia, evita duplicidades y entrega certezas a familiares que —en su mayoría mujeres— han debido cargar por décadas con trámites, negaciones y silencios.

Por qué esto importa hoy

En un contexto de negacionismo que relativiza o intenta encubrir los crímenes de la dictadura, la ley reafirma una verdad jurídica y moral: hubo desaparición forzada, crimen de lesa humanidad imprescriptible. Convertirlo en registro oficial es un mensaje institucional nítido: la memoria no es museo; es política pública al servicio de las personas.