La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por los procesos de remoción iniciados contra 56 jueces y juezas en Chile, considerando que aquello podría «vulnerar las garantías del debido proceso y representar un riesgo para la independencia judicial».
La información fue consignada por el boletín de Naciones Unidas, donde se recordó que la Corte Suprema chilena abrió en junio 56 cuadernos de remoción en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 80 de la Constitución.
«Sin embargo, esos casos corresponden a conductas que ya habían sido examinadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios previos, desarrollados conforme a las normas de la propia Corte», recordó la relatora especial.
Satterthwaite advirtió que los magistrados enfrentan ahora procedimientos por hechos que, en su momento, no constituían faltas disciplinarias según la legislación chilena y que ya habían sido juzgados. Además, señaló que deben demostrar su «idoneidad para continuar desempeñando el cargo», un criterio que calificó de impreciso y sin una definición clara.
Marco jurídico chileno en tela de juicio
La relatora también cuestionó el marco jurídico que regula estas destituciones. En esa línea, explicó que el artículo 80 de la Constitución no define el alcance del requisito de «buen comportamiento», ni establece criterios objetivos para determinar cuándo una conducta justifica la remoción.
Tampoco aclara cómo se relaciona este mecanismo excepcional con los procedimientos disciplinarios ordinarios, lo que, a su juicio, abre la puerta a la duplicación de procesos.
Asimismo, expresó preocupación porque el procedimiento no parece cumplir con las garantías del debido proceso y no contempla la posibilidad de apelación.
«Las normas internacionales protegen la inamovilidad de los jueces como una garantía esencial para preservar su independencia», remarcó la relatora de la ONU, quien fue más allá advirtiendo que en este caso, la facultad extraordinaria de remoción podría estar utilizándose como respuesta al debate público generado por el escándalo relacionado con el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
Por todo lo anterior, Margaret Satterthwaite instó a las autoridades chilenas «a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial mediante normas claras y procedimientos respetuosos del debido proceso, en lugar de aplicar medidas disciplinarias retroactivas y de alcance general».
Seguiremos informando.
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