Renta Básica Universal: Un ingreso incondicional, vitalicio y para todos ahora

Foto: eldiario.es

Como es sabido –salvo al parecer para nuestros tecnócratas- en la mayor parte de los organismos internacionales dedicados al tema del desarrollo o la pobreza en el mundo, se comprueba que en todos estos años de políticas sociales neoliberales globalizadas, incluidas sus crisis (2007-2008) no se han cerrado las brechas de las desigualdades existentes.

Al contrario. Según los nuevos datos que recoge Oxfam (Informe 2017), por ejemplo, tan solo 8 personas (todas ellas varones, además) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año, entre 1998 y 2011, mientras que los del 1% más rico han aumentado 182 veces más.  El 10% más rico de América Latina y el Caribe acumulaba en 2014 el 70,8% de la riqueza y el patrimonio, mientras que la mitad de la población más pobre acumulaba solo el 3,2%. Entre el año 2002 y el año 2015 la fortuna de los milmillonarios en nuestra región aumentó a un ritmo de un 21% anual, un aumento seis veces superior al del PIB del conjunto de nuestros países (un 3,5% anual) y un 6% más alto que el aumento de la riqueza en el resto del mundo.   Al mismo tiempo en que se expandía el ideario de las democracias liberales, y de las supuestas bondades de una globalización neoliberal y sus correspondientes políticas,  se consagraban nuevas y viejas desigualdades,  poniendo  un claro signo  de interrogación en torno a la  viabilidad de políticas democráticas en  el ámbito social.  Por cierto, Chile está entre los países más desiguales del continente y del mundo.

EL MITO NEOLIBERAL

Lo anterior revela el fracaso de las políticas sociales de talante neoliberal regidas por el mito del libre mercado (si es que alguna vez esas políticas se propusieron acortar las brechas en la desigualdad). Políticas que, además, cuando hay crisis, como la del 2008, han pretendido saldarla muchas veces con recortes en el gasto social o los subsidios, es decir, afectando el nivel de vida de las mayorías.

Esta desigualdad tiene múltiples caras: es de ingreso, y también es de trato, consideraciones, reconocimiento. Y claro, rebota en las posibilidades de acceso a la salud, la educación, la vivienda o las pensiones, por ejemplo. Sin contar con que el modelo de crecimiento desigual ha promovido una muy importante concentración económica y patrimonial. Las desigualdades representan  un desafío no solo para un gobierno determinado, sino para todo país, sus principales actores sociales, políticos y económicos. Las desigualdades inciden en el tipo de  sociedad y de instituciones sociales que deseamos tener. En el tipo de modernidad que sería factible alcanzar.

Frente a estas situaciones y a la necesidad de resguardar las posibilidades de ejercicio de una “libertad real” para todos es que ciudadanos e intelectuales de distintas ocupaciones y latitudes han  iniciado una reflexión  en torno a la necesidad de poder garantizar el derecho a la existencia del conjunto de los miembros de una sociedad. El origen de esta idea es –según Antoni Doménech- republicano, democrático y específicamente europeo. Es una idea que reaparece -no por mera casualidad- en estos últimos treinta años. Años de un capitalismo globalizado que emprende un enorme proceso de desposesión de los derechos sociales y de los recursos (agua, combustibles fósiles, bosques, patrimonio natural, entre otros).

{destacado-1} La propuesta para garantizar ese derecho a la existencia es la instalación y entrega por el Estado de un ingreso (renta) básico ciudadano, entre cuyos rasgos podemos destacar aquí los siguientes: En primer lugar, se trata de un ingreso garantizado desde la cuna hasta la muerte a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente. A diferencia de las políticas sociales focalizadas, tiene un carácter incondicional. Es decir, se daría sin hacer excepciones -idealmente hablando- a todos los miembros de una comunidad política determinada. Esto entraña asegurar un ingreso dado de manera independiente del sexo, el nivel de ingresos o las orientaciones político-religiosas de los miembros de la sociedad. Su incondicionalidad se une por tanto a su oferta de universalidad.

La Renta Básica va más allá del vínculo trabajo/productividad, en tanto quiere asegurar a todos los miembros de la sociedad (trabajen o no) un umbral de bienestar, de modo independiente a su contribución a la producción del país. Al mismo tiempo, con ello se pretende asegurar grados de autonomía e independencia material a todos, con lo cual los ciudadanos puedan liberarse de la  necesidad de “pedir permiso a terceros para  poder subsistir”. Quienes requieran de más ingreso para aumentar su bienestar, podrán contar ya con ese punto de partida, y con ello mejorar su capacidad de negociación y su libertad en los puestos de trabajo.

La propuesta de financiación es un tema en debate el día de hoy por sus adherentes. Con todo, profundiza las lógicas tributarias redistributivas, de tal modo que sean los que más ganan los que más aporten. Su fundamento ético-político republicanista y democratizador salta a la vista: se trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser tal. Su objetivo principal, frente al cuadro actual de desigualdades, es garantizar condiciones materiales de vida digna y ciudadana al conjunto de la población (no sujeta a la suerte en los vaivenes del mercado).

Desde esta óptica puede renovarse y modificarse el fundamento de la responsabilidad social del Estado y la sociedad consigo misma. Ya no se trata, como en las políticas sociales actuales, de orientar focalizada y condicionadamente a tales o cuales grupos (en mayor riesgo) de la sociedad la ayuda o el subsidio basado en la idea que un crecimiento económico sin cuotas mínimas de equidad para los más perjudicados no es rentable a mediano plazo. Tampoco, claramente, el dejar a los mecanismos impersonales del mercado (el así llamado “chorreo”) la tarea de reasignar los bienes básicos para una vida decente. En ambos casos habrá miles de ciudadanos que no podrán acceder de manera estable a condiciones materiales decentes para ellos y sus familias. Asimismo, esos ciudadanos serán responsabilizados de su propio malvivir y serán rehenes de la política y no ciudadanos autónomos.

La base normativa del ingreso básico ciudadano garantizado es el derecho a una existencia digna del conjunto de miembros de una sociedad dada. Una existencia digna requiere bases materiales para autosostenerse. Con la obtención de ellas se apunta a crear condiciones para el ejercicio de una libertad real para cada ciudadano y ciudadana, desde la cuna hasta la muerte.

Por cierto, la idea de un ingreso básico ciudadano no es una panacea para eliminar las desigualdades existentes, así como tampoco puede por sí sola modificar de raíz el modelo actual de economía. Esto en particular para un continente como el nuestro, con una historia arraigada de desigualdades en distintos ámbitos. Sabemos que estas discusiones han tenido su origen en países europeos desarrollados y, para algunos, eso les hace pensar que sólo podría llevarse a cabo en países ricos.

{destacado-2} Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión pertinente entre nosotros en función de los niveles de desigualdad y exclusión social que tenemos hoy en día y que podemos proyectar hacia el mañana. Por lo demás, la relación entre la riqueza social que existe acá y los costos de niveles básicos de vida hacen pensable su posibilidad. Al menos, puede pensarse una implementación gradual de esta idea. Por último, es posible preverlo: para algunos puede sonar a idea “utópica”. Pero no lo es. Puede calcularse y obtenerse a partir de la misma riqueza social que produce toda la sociedad.

De hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto. Entre 2016 y 2017 han comenzado a funcionar ocho nuevos experimentos de ingreso básico ciudadano. Por cierto, son experiencias situadas y que afectan a un determinado grupo social. Van desde Kenia hasta la India. Pasando –entre otras-, por Finlandia, Oakland, en California, Utrecht, Holanda, Ontario, Canadá,  algunas ciudades de la India,  o en Livorno, Italia.  Todas ellas, claro está, son experiencias acotadas en su aplicación. Es decir, conciernen a un determinado grupo de ciudadanos y tienen como objetivo, la mayor parte, indagar los efectos que puede tener la repartición de un ingreso básico garantizado  en la forma mediante la cual el Estado puede contribuir, tanto a los derechos sociales, como a la mejora de sus niveles de producción.  Según un think-tank como Brookings Institution, la implementación  de un ingreso básico ciudadano erradicaría la pobreza en unos 66 países, beneficiando a unos 185 millones de personas, y  tendría un costo de solamente el 1%  del PIB de esas economías.  La discusión sobre el ingreso básico ciudadano está ya en la arena del debate político, al menos, en el viejo continente. Quizá, sería también un buen momento de introducirla en nuestra América.

*Artículo publicado en la edición nº 215 de la revista El Ciudadano.