Reparto de utilidades: Un proyecto que perdió el rumbo

"Lo que proponía en concreto el proyecto original es volver al reparto del 30% de las utilidades, especificado en el Art. 47 del Código del Trabajo..."

Por Opazo

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Por Ana Muga S., encargada de de Comunicaciones Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero

El gran problema que tiene Chile, y que estalló el 18 de octubre de 2019, es la enorme desigualdad en los ingresos de sus habitantes, situación que se arrastra desde hace décadas y que siguió agudizándose bajo pandemia.

Según cifras publicadas recientemente por la encuesta Casen, durante este período de crisis sanitaria se produjo un aumento brutal de la brecha entre los ingresos del 10% más rico en relación con los del 10% más pobre, generando el mayor distanciamiento de ingresos desde que hay registros disponibles. Los datos muestran que los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico fueron 417 veces mayores que los obtenidos por el 10% más pobre. En el 2017 esta diferencia alcanzó las 39 veces. Para los analistas, se ha retrocedido en dos décadas en la lucha contra la desigualdad.

En este escenario es cuando se reactiva la iniciativa presentada por el diputado Tucapel Jiménez en noviembre de 2019, con el respaldo de las diputadas Cariola, Yeomans, Sepúlveda, entre otras, sobre participación de las y los trabajadores en las utilidades de las empresas, en la búsqueda de generar instancias redistributivas que disminuyan, a través de este mecanismo, la enorme brecha de ingresos que hay en el país.

Así se reconoce en la introducción del proyecto, recogiendo los datos arrojados por el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del 2007, que ubicó en ese momento a nuestro país entre los 20 países con peor distribución de ingresos en el mundo, instalando la modificación en el reparto de utilidades que propone su proyecto, como una forma de corregir “aquellas situaciones que contribuyan a generar tales injusticias”.

En la Cámara de Diputados, a mediados de agosto de este año, se le hicieron nuevas modificaciones al proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, mientras que el 2 de septiembre fue discutido en Sala, aprobándose la moción parlamentaria por 89 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones.

El objetivo inicial

Lo que proponía en concreto el proyecto original es volver al reparto del 30% de las utilidades, especificado en el Art. 47 del Código del Trabajo, permitiendo a las empresas el uso alternativo del Art. 50, solo si el monto final arrojado fuera superior al 30% de las utilidades.

En Chile, la crisis económica del 1982 terminó con el reparto del 30% de utilidades o excedentes líquidos de las empresas al crearse el Artículo 50, que ofreció la opción a las compañías, independiente de las utilidades generadas por éstas, de entregar un monto fijo a las y los trabajadores equivalente al “25% de las remuneraciones del trabajador percibidas durante el año con un tope de 4,75 Ingresos mínimos mensuales”, es decir, no más allá de $1.600.000 al año.

En la práctica, las empresas mayoritariamente ocupan esta opción, con lo que disminuyeron drásticamente los montos a repartir con sus trabajadoras y trabajadores, ligando el monto de las gratificaciones a sus sueldos ­–cuya característica es ser muy bajos por el poco poder de negociación que se tiene–, y no a las utilidades o excedentes obtenidos por quienes laboran.

En el proyecto de ley presentado por el diputado Jiménez, se recoge como fundamento un estudio de Fundación Sol realizado el 2009, que toma como ejemplo la industria bancaria por ser uno de los sectores más prósperos dentro de la economía chilena, señalando que no obstante los altos niveles de utilidades obtenidas año tras años, las utilidades que traspasan a sus trabajadores no superan el 3,5% de la participación. A 14 años del documento, el sector financiero y bancario sigue mostrando la misma tendencia.

Información difundida recientemente por la misma Fundación Sol en base a datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al 12 de abril de 2021, y de la encuesta Encla 2019, muestra que si hoy las empresas repartieran el 30% de sus utilidades obtenidas el año 2020, a cada trabajador o trabajadora le corresponderían una cifra muy superior a los 4,75% de ingreso mínimos mensuales que hoy conforma su salario base. A modo de ejemplo, según sus utilidades durante el 2020, Banco de Chile, debería entregar a cada uno de sus trabajadores/as la suma de $10,5 millones; AFP Habitat, debería pagarles $14,4 millones; Aguas Andinas, $20 millones; Enel, $47,9 millones; y Minera Collahuasi, $115,6 millones.

Solo en el sector financiero, las cifras de las utilidades siguen siendo enormes en medio de la pandemia y la crisis económica: los primeros siete meses del año, los grandes bancos reportaron utilidades que alcanzaron los US$2.726 millones. Banco Santander obtuvo una ganancia entre enero y julio de $367.191 millones; Banco Chile del grupo Luksic, acumuló ganancias por $370.916 millones; Banco BCI del Grupo Yarur, acumuló ganancias por $314.144 millones, por lo que un reparto de utilidades tal como planteaba el espíritu inicial del proyecto seria muy beneficioso para las y los trabajadores y ayudaría a alcanzar el objetivo que se impuso, cual es ayudar a mejorar la distribución de ingresos y reducir la desigualdad.

Pero desde su ingreso, la moción fue sufriendo mutaciones propiciadas por la derecha y por una comisión de expertos formada por el gobierno, la que fue presentando indicaciones que cambiaron el proyecto original. En el proyecto que pasa a segundo trámite, el monto a repartir ya no sería el 30% de las utilidades o excedentes de una empresa. Según indicaciones que el propio diputado Jiménez ha ido haciendo al proyecto, el porcentaje de reparto sería diferenciado y escalonado según el tamaño de las empresas clasificadas por su nivel de facturación.

Es así como propone que en el caso de las empresas pequeñas (con facturación anual igual o superior a 2.400UF e inferior a 25.000UF), el reparto sea de un 8%, en las medianas (entre 25.000UF y e inferior a 100.000UF) un 10% y en las de gran tamaño (igual o superior a 100.000UF) un 15%, colocando un tope máximo a esta gratificación por cada trabajador o trabajadora de 20 ingresos mínimos mensuales al año ($6.740.000).

Respecto del Artículo 50 del Código del Trabajo, las indicaciones reinstalaron esta opción para el empleador, pudiendo éste pagar mensualmente el 25% de la remuneración devengada como gratificación fija, estableciendo que el monto final pagado no debe exceder los 6 ingresos mínimos mensuales (IMM). Hoy, este tope se ubica en los 4.75% IMM. Es decir, en vez de pagar $1.600.000 al año, se pagarán $2.022.000.

Consultado sobre este proyecto, Luis Mesina, Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, señalo que «si bien puede haber una mejoría para las empresas pequeñas, siempre que sea obligatorio su repartición, para los trabajadores y trabajadoras de empresas grandes es un retroceso. Bajar el porcentaje de 30% a 15% no cabe duda es negativo. En realidad lo que debiera buscar el legislador, es restituir ese derecho en la actual legislación», señala Mesina, agregando que «la gratificación es la parte de la renta que genera el trabajo y que se distribuye al trabajador en recompensa y reconocimiento por esa entrega en el proceso productivo, y eso es lo que no se está haciendo».

Efectivamente, en el sector financiero es disímil la implementación de las gratificaciones. Si bien la mayoría de las empresas, a pesar de sus enormes utilidades, se acogen al Art. 50, para entregar una gratificación fija que la incorporan al sueldo base, con un monto máximo mensual que alcanza los $133.000, hay excepciones en algunos bancos, como Banco BICE, que gratifica a las y los trabajadores con el 50% de su sueldo base: hoy su gratificación más baja es de $220.000 y las más altas superan el millón de pesos. Otra excepción es Banco Santander, cuya gratificación actual es de 25% del salario, pero sin tope.

Aún no hay fecha para el ingreso de esta moción a su segundo trámite en el Senado. Es de esperar que el proyecto retome su objetivo original que era disminuir la desigualdad abismal en los ingresos que afecta a nuestro país, porque de lo contrario, habrá sido más el gasto en la tramitación que la ganancia objetiva que recibirán las y los trabajadores al finalizar este proyecto su periplo por el Congreso.


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