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Revelan «profundo impacto» en niños y adolescentes de Quintero y Puchuncaví tras crisis ambiental

Este viernes se presentó en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) el estudio “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví 2018”, un trabajo en común llevado adelante por la Defensoría de la Niñez y la Escuela de Trabajo Social de la casa de estudios porteña.

En este sentido, se entregó información ligada a los serios impactos psicológicos sufridos por los menores residentes de la llamada “Zona de Sacrificio”, además de la vulneración de al menos 17 de sus derechos, en un estudio que contempló la participación de 50 menores afectados y que fueron atendidos en la red asistencial.

El informe señala que la cotidianidad de los menores ha sido afectada por los diversos cambios que han tenido que efectuar por el permanente miedo que quedó tras la crisis medioambiental en agosto del año pasado.

“No existen garantías mínimas de derechos, al no poder resguardar espacios de esparcimiento. Se pierde la playa como un lugar de disfrute y los lugares de naturaleza se tornan como ámbitos que se extinguirán y donde no pueden disfrutar sin temer por su salud”, señala el documento.

Al respecto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz afirmó que en cuanto al estudio “las principal conclusión tiene que ver con que el Estado responda en su rol de garante de derecho, cuestión que no ha hecho (…) hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, Educación, acciones concretas (…) esperamos que existan medidas que mejoren las condiciones de salud y de vida de los niños y niñas de ese lugar”.

“Ya hemos iniciado las peticiones de información, al Corte Suprema instruyó determinar cuales son los agentes contaminantes y las enfermedades asociadas (…) hay que realizar exámenes para determinar si los niños tienen en sus cuerpos metales pesados”, complementó Muñoz.

Finalmente, la diputada Carolina Marzán (PPD) afirmó que cuando se le pidió al gobierno local la realización de estudios médicos “la respuesta fue que no era pertinente. Me parece que si bien la autoridad local no es la que toma decisiones, justamente son ellos los que representan a las personas en demandas de derechos, ellos deberían estar presionando para que sus derechos no sean vulnerados”.

Vea el estudio completo en el siguiente enlace:

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