Santiago: Comunidades educativas presentaron iniciativa popular de ley para derogar «Aula Segura»

Camila Rojas, diputada patrocinante del proyecto, recordó que "la gran mayoría de las comunidades educativas y de los expertos en educación se expresaron en contra de esta ley, pues era previsible que iba a haber criminalización y persecución".

Por Absalón Opazo

15/04/2021

Publicado en

Chile / Educación

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Este miércoles se hizo pública una iniciativa de popular de ley, nacida en el seno de las organizaciones comunitarias de la educación pública y un grupo de diputados y diputadas de la Comisión de Educación, en la cual se propone terminar con el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley «Aula Segura».

Camila Rojas, diputada patrocinante del proyecto, explicó al respecto que «la gran mayoría de las comunidades educativas y de los expertos en educación se expresaron en contra de esta ley, pues era previsible que iba a haber criminalización y persecución. Los últimos hechos hablan de una red de espionaje, donde una red de directivos y funcionarios de la municipalidad espiaban y entregaban información de dirigentes estudiantiles. Es una situación grave», enfatizó la legisladora.

Por su parte, Javier Pineda, abogado de la Corporación 4 de Agosto, destacó que «estamos dando un paso importante para poner fin a esta ley que solo sirvió para criminalizar a cientos de estudiantes a lo largo de todo el país. El proyecto no mejoró la convivencia escolar y, por el contrario, permitió que inescrupulosas autoridades municipales – como ocurrió en Santiago – construyeran redes de espionaje para perseguir estudiantes, como en los peores tiempos de la dictadura».

En la misma línea, la concejala por la comuna de Santiago, Rosario Carvajal, apuntó que «el gran valor que tiene esta propuesta, es que en su formulación se involucra a las comunidades educativas. El objetivo de la ley, junto a la intención del alcalde Alessandri, fue la persecución política al estudiantado, debilitando la educación pública, estigmatizado a estudiantes como manzanas podridas, y vulnerando el derecho a la educación».

El punto de presentación de la iniciativa contó con la participación de un conjunto de organizaciones comunitarias de la educación, como la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, el Centro de Madres y Padres del Instituto Nacional (A0) y del Internado Nacional Barros Arana, el colectivo Comunidad Institutana, Coordinadora CORPADE, Red contra la Represión a Estudiantes, Asamblea de Bases INBA, entre otras.

En ese sentido, desde la Corporación 4 de Agosto anunciaron que el proyecto está a disposición para ser «recogido e impulsado desde las organizaciones que forman parte del movimiento social por el derecho a una educación pública y emancipadora».

«El esfuerzo va dedicado especialmente a las Comunidades Educativas de la Comuna de Santiago, a los y las estudiantes que fueron objeto de la represión política, a sus madres, padres y cuidadores que confiaron en ellos y les acompañaron, y a las filas de estudiantes que siguen arriesgando el pellejo por las transformaciones que con urgencia necesita el conjunto de la clase trabajadora», agregaron.

Finalmente, en el Parlamento, la iniciativa contó con el apoyo de los legisladores de la Comisión de Educación: Juan Santana, Cristina Girardi, Camila Vallejo, Gonzalo Winter y Rodrigo González.

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