Senado aprueba en general proyecto que entrega a las FFAA el resguardo de la «infraestructura crítica»

Distintas posturas respecto a la facultad presidencial para decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la denominada «infraestructura crítica» en casos «especiales», quedaron en evidencia tras el debate en el Senado del proyecto de reforma constitucional, que cumplió su primer trámite legislativo.

La iniciativa, que tuvo su origen en una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena (Evópoli) y Kenneth Pugh (Independiente), se aprobó en general con 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Luego, se sometieron a análisis y votación cinco indicaciones de autoría de distintos senadores, todas haciendo precisiones al texto, en particular. Sin embargo, al no alcanzar el quórum requerido (de 25 votos) quedaron rechazadas.

Con este resultado, ahora la Cámara de Diputados deberá revisar la propuesta al cursar su segundo trámite.

La norma, que fue revisada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recibió un nuevo nombre, por lo que comenzó a denominarse como «Proyecto de Reforma Constitucional», que concede al Presidente de la República la atribución para decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica «en los casos que se indica», sin que esta medida pueda afectar o restringir los derechos y garantías que establece la Constitución Política.

De acuerdo a sus impulsores, la iniciativa busca cuidar la infraestructura crítica, es decir, los servicios básicos y las personas que allí laboran, cuando estén amenazadas ante un grave peligro, a juicio del Presidente de la República. Esto deberá hacerse por medio de una declaración fundada por un plazo máximo de 30 días. Si se decidiera prorrogar este lapso, el Congreso Nacional deberá analizar la medida.

Los fundamentos a favor se centraron en demostrar la importancia de garantizar el orden público y la necesidad asegurar el abastecimiento a la ciudadanía de bienes y servicios básicos, tales como: el agua potable, la electricidad y el combustible; o bien resguardar lugares críticos como un aeropuerto u hospitales. También, se cuantificó el contingente de Carabineros que hoy resguarda organismos públicos, explicando que estos efectivos quedarían liberados para ejercer sus roles propios, con esta ley.

Asimismo, se hizo énfasis en el trabajo y las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución sobre la gradualidad de la norma y los diversos controles que se ejercerán para “no aplicar el estado de excepción de manera antojadiza”.

Junto a ello, se precisó que “existe mucha confusión respecto del contenido de la iniciativa debido a que los medios y las redes sociales la han hecho ver como una iniciativa pro violación de los derechos humanos”, situación que los senadores patrocinantes descartaron de plano.

Desde la otra vereda, se cuestionó la rigurosidad con que la Comisión de Constitución analizó el proyecto, el que fue tachado por algunos legisladores de “improvisado”, situación que refutaron los ministros de Defensa e Interior.  

Además, varios legisladores de oposición apuntaron a “la relativización del concepto de infraestructura crítica, dada la amplitud del concepto” y aseguraron que dejar esta decisión en manos del Presidente de la República sería una potestad «discrecional».

Finalmente, otros congresistas argumentaron que en el texto existirían “errores técnicos respecto a las funciones de las Fuerzas Armadas y su rol dentro y fuera del país en circunstancias especiales”. En virtud de lo anterior, algunos senadores que votaron en contra de la norma, advirtieron al Gobierno de “los desmanes u excesos que podría ocasionar esta ley” en marzo próximo, cuando podrían reactivarse los movimientos sociales y las protestas a nivel nacional.

Fuente: Senado