Parlamentario reiteró necesidad de una asamblea constituyente

Senador Navarro se suma a críticas al Tribunal Constitucional y dice que se requieren «cambios profundos»

El senador Alejandro Navarro se sumó a las críticas que distintos sectores políticos han realizado contra el Tribunal Constitucional, luego de que el organismo declarara como inconstitucional una indicación de la reforma de la educación superior que prohibía la inclusión de personas o corporaciones con fines de lucro entre los sostenedores de universidades privadas

Por Absalón Opazo

31/03/2018

Publicado en

Chile / Política

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El senador Alejandro Navarro se sumó a las críticas que distintos sectores políticos han realizado contra el Tribunal Constitucional, luego de que el organismo declarara como inconstitucional una indicación de la reforma de la educación superior que prohibía la inclusión de personas o corporaciones con fines de lucro entre los sostenedores de universidades privadas.

En esta línea, el senador por la región del Bío Bío declaró que «el Tribunal Constitucional dejó de ser el instrumento que un país que busca el desarrollo requiere para representar el interés y los derechos de la gente en su conjunto. Pero no basta con un mero maquillaje, o con modificaciones que no incluyen a la ciudadanía en ese proceso», aseveró el parlamentario, refiriéndose a una eventual modificación del TC.

En ese sentido, Navarro sostuvo que como los cambios deben ser profundos, debe realizarse una asamblea constituyente para crear una nueva Constitución.

«Es la única forma real para que la soberanía radique en el pueblo y que no siga ocurriendo que un tribunal de la minoría pase a llevar su voluntad», dijo el legislador, quien recordó que además de la reforma a la educación, el TC declaró inconstitucional las modificaciones realizadas por el Congreso a la Ley de Presupuesto, lo que según el parlamentario, significará una considerable merma en los salarios para los trabajadores a honorarios.

El Tribunal Constitucional fue creado en 1970, y aunque fue disuelto en 1973, fue repuesto en 1980. Su definición establece que es un órgano «colegiado e independiente» de cualquier poder del Estado, y está compuesto por nueve ministros más un presidente. Entre sus funciones están realizar un control preventivo y posterior de preceptos legales e inhabilidades en cargos públicos, entre otras tareas.

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