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Socióloga asegura que política migratoria del Gobierno favorece que se generen inmigrantes ilegales

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración, al 31 de diciembre de 2018 se contabilizó que 1,2 millones extranjeros viven en nuestro país, de los cuales cerca del 60% tiene entre 20 y 39 años.

Los estudios revelan, además, que la mayoría de los inmigrantes viene de Venezuela (288.233), Perú (223.923), Haití (179.338), Colombia (146.582) y Bolivia (107.346), con lo cual se determinó que el porcentaje de extranjeros en Chile alcanza el 6,6%. Frente a esta situación, se hace necesario preguntar qué políticas públicas está desarrollando nuestro país, qué alcances tienen y cuáles son sus efectos.

La socióloga de la Universidad de Playa Ancha, doctora Elizabeth Zenteno, si bien valora que exista un registro de las personas que llegan a nuestro país, en relación a dónde están, qué edad tienen, etc., asegura que la nueva ley migratoria cambia radicalmente la operatoria que hoy existe para la obtención de residencia temporal, ya que esta solo se podrá solicitar desde el exterior, prohibiendo que se pueda pedir el cambio de visado de turista a residente estando en nuestro país.

“La política lo que ha hecho, en definitiva, es favorecer la inmigración ilegal porque, al restringir o prohibir el cambio de visa dentro del territorio, está permitiendo que quienes llegan con visa de turista no puedan transformar su visado y queden como migrantes ilegales, y eso tiene muchas otras implicancias”, sostuvo la investigadora.

Zenteno agregó que, al no existir una política pública adecuada e integradora, los servicios públicos que atienden a los inmigrantes, tales como Fonasa, municipios, gobierno regional, defensoría y otros, no tienen claridad de cómo deben reaccionar frente a una misma situación, razón por la cual –dijo– la política migratoria se adapta de acuerdo a cada caso

En esa línea, planteó además que este tipo de descoordinación hace que se genere el espacio para las discriminaciones, pues la resolución de cada gestión queda, muchas veces, a juicio de quien da la primera atención: “No hay procedimientos claros, los procesos son ambiguos. Tengo la sensación de que las instituciones públicas están improvisando, muchas veces, frente a los procesos migratorios. No saben bien cómo operar frente a la situación”, sostuvo la socióloga de la UPLA.

Finalmente, lo que hace la política pública es criminalizar los procesos migratorios, separar entre categorías de migrantes, autorizar a unos y criminalizar, catalogando de «ilegal» las movilidades de otros.

A esto, además, se suma la idea de que existe el “buen” y el “mal” migrante. El primero es quien se adapta a nuestra forma de hablar, a nuestra cultura, a nuestros gustos, en definitiva, quien logra homogenizarse. De esta forma, explica Elizabeth Zenteno, se anula la posibilidad de conocer y compartir sobre otras culturas, y se da la espalda a la diversidad, generando una resistencia a la negritud y a la afrodescendencia. El que no se adapta, en cambio, no se acepta y genera resistencia.

A lo anterior, se suman los prejuicios que derivan del racismo tan anclado entre los chilenos, comentó la profesional, quien aseguró que existe una tendencia a sentirse superiores frente al inmigrante, situación que se agudiza en el caso de los haitianos, tanto por el idioma como porque nuestro país no reconoce sus estudios, los que los deja en una completa vulnerabilidad.

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