El pasado 18 de julio, dos soldados israelíes fueron detenidos en Bélgica mientras asistían al reconocido festival de música electrónica Tomorrowland. Las autoridades belgas actuaron en base a una denuncia presentada por la organización Global Legal Action Network (GLAN) y la Fundación Hind Rajab, que los vincula a crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza.
Según reportes confirmados por medios europeos, los soldados fueron arrestados e interrogados por la policía judicial en Bruselas antes de ser liberados, aunque las investigaciones continúan abiertas.
Mientras tanto, en Chile, la escena es muy distinta. Lejos de enfrentar restricciones, exsoldados israelíes ingresan al país como turistas sin mayor control, alojándose en hostales del sur de Chile y compartiendo tranquilamente espacios públicos, a pesar de las denuncias sobre su posible participación en operaciones militares cuestionadas internacionalmente.
El procedimiento se amparó en el principio de jurisdicción universal, una herramienta legal que permite a los Estados investigar y perseguir judicialmente a responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, sin importar dónde ocurrieron los hechos ni la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores.
Bélgica, al igual que otros países europeos, ha ratificado convenios internacionales que habilitan este tipo de acciones, aunque rara vez se concretan detenciones de militares extranjeros en suelo europeo.
La denuncia y el rol de las organizaciones de DD.HH.
GLAN y la Fundación Hind Rajab presentaron una querella basada en testimonios, videos y material gráfico recogido durante los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Uno de los soldados habría participado directamente en operaciones en el norte de Gaza, mientras que del otro se presume su vínculo con un ataque específico que terminó con la muerte de civiles.
Las organizaciones afirman que esta acción no es aislada: forma parte de una estrategia más amplia para activar mecanismos legales en Europa que frenen la impunidad y visibilicen los crímenes cometidos durante la ocupación.
Un precedente en Europa
Si bien los militares israelíes fueron liberados tras ser interrogados, el caso sienta un importante precedente. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, se concreta una acción judicial con alcance internacional en el continente europeo.
Para activistas y defensores de derechos humanos, el arresto es una señal clara: la impunidad no es absoluta y los crímenes de guerra, aunque tardíamente, pueden tener consecuencias más allá de las fronteras nacionales.
“Como Pedro por su casa”
El contraste entre Bélgica y Chile no ha pasado desapercibido para diversas organizaciones y figuras políticas. En enero de este año, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, escribió en la red social X: “Y nosotros los dejamos ingresar a nuestro país como Pedro por su casa, de vacaciones. #NoMasGenocidasEnChile”
Y nosotros los dejamos ingresar a nuestro país como pedro por su casa, de vacaciones #nomasgenocidasenchile https://t.co/oOj7dwglhW
— Daniel Jadue (@danieljadue) January 30, 2025
Sus palabras se dieron luego de que Nueva Zelanda anunciara la prohibición de la entrada al país de soldados israelitas implicados en despliegues asociados a la Franja de Gaza.
Comunidad Palestina en Chile
En febrero de este año, la Comunidad Palestina de Chile expresó su preocupación por la presencia de exsoldados israelíes en zonas como Pucón y la Patagonia. En un comunicado público, recordaron que el “viaje post-ejército” es una práctica común en Israel, y que nuestro país se ha transformado en un destino habitual para esos exmilitares.
“Chile no puede ser refugio para criminales de guerra”, sentenciaron, tras denunciar que algunos hostales y restaurantes del sur exhiben carteles en hebreo, menús adaptados y facilidades que dan cuenta de una red establecida para acoger a exsoldados.
En contraste, países como Bolivia, Venezuela, Nueva Zelanda y Malasia han impuesto restricciones de ingreso a ciudadanos israelíes, precisamente por su historial militar.
Un antecedente que no se olvida
El comunicado también recordó el incendio de 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine, provocado por Rotem Singer, un turista israelí que hizo fuego en un área restringida. El siniestro consumió más de 17 mil hectáreas de vegetación nativa. Desde entonces, la Conaf ha reportado que la mayoría de las expulsiones de turistas en Torres del Paine corresponde a ciudadanos israelíes.

¿Y en Chile, qué se hace?
La inacción de las autoridades chilenas frente a esta problemática contrasta con la decisión firme de Bélgica, que ha priorizado los derechos humanos por sobre las presiones diplomáticas. Mientras en Europa se abren causas judiciales y se ejecutan órdenes de arresto, en Chile no existe un protocolo para verificar si los exmilitares israelíes que ingresan estuvieron involucrados en operaciones como “Plomo Fundido” o “Espadas de Hierro”.
A medida que los testimonios sobre crímenes de guerra en Gaza se acumulan, la presencia de exsoldados israelíes en el sur del país se convierte en una herida abierta para comunidades organizadas, pueblos originarios y defensores de los derechos humanos.
¿Hasta cuándo seguirá Chile siendo un lugar de vacaciones para quienes, en otros países, enfrentan órdenes de arresto por violar el derecho internacional?