«Son las más graves y numerosas desde la vuelta a la democracia»: INDH pidió mayor «celeridad» para identificar a responsables de violaciones a los DDHH durante el estallido

A tres años del inicio de la revuelta social, Consuelo Contreras, directora del INDH, hizo un llamado a dar celeridad a las causas para determinar las responsabilidades penales de quienes causaron las violaciones a los derechos humanos.

Sobre las políticas de reparación para las víctimas impulsadas hasta la fecha no dudó en calificarlas como “exiguas”.

Según informaron desde la entidad, de un total de 3.151 querellas presentadas por el Instituto, 2.879 acciones judiciales se encuentran sin personas formalizadas, es decir, en un 91% de las causas los eventuales responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados.

«Son las violaciones a los derechos humanos más graves y numerosas desde la vuelta a la democracia al país», aseguró Consuelo Contreras.

Para el INDH, «resulta preocupante que, de las 3.151 querellas interpuestas y que aún están abiertas, sólo el 9,5% hayan sido formalizadas. De las 3.626 víctimas asociadas a las querellas, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración».

Escasos avances en reparación a víctimas

Consuelo Contreras también abordó los que calificó como «exiguos» avances en materia de reparación: «El Gobierno debe proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restituir las condiciones o la situación previa a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de los daños físicos o psicológicos padecidos por las víctimas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida, y, la satisfacción por medio de acciones públicas de reconocimiento de los hechos y las víctimas».

En esa línea, pidió la urgente instalación de una comisión calificadora, que «ayudaría a darles mayor certeza, y que en cuyo proceso se tome en cuenta variables como por ejemplo el menoscabo laboral que les haya producido la violencia estatal, y también que no colisione con otros beneficios, como por ejemplo una pensión de invalidez», complementó la directora del INDH.

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