Temuco: Funcionario de la Defensoría es formalizado por inventar atentado mapuche contra la familia Luchsinger

En el Juzgado de Garantía de Temuco fue formalizado Mauricio Alarcón, funcionario de la Defensoría Penal Pública (DPP), quien inventó un atentado contra un fiscal y la familia Luschinger, inculpando a su ex como «plan de venganza».

Cristian Voullieme, fiscal regional, explicó que el funcionario actuó motivado por rencores por problemas respecto al cuidado de un hijo de ambos: «Se formalizó por los delitos de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación, y prohibición de acercarse a las víctimas, que en este caso son los denunciados», declaró Voullieme.

Según consignó el portal Soy Chile, todo comenzó con un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) el 16 de marzo, en el que un hombre que hablaba en español y en mapudungún, y que aseveró ser mapuche, alertó a la policía sobre un presunto atentado que se preparaba en contra de un fiscal de la zona y la familia Luchsinger.

El llamado llevó a la Fiscalía de La Araucanía a activar el sistema de protección para los amenazados, solicitando a la justicia las medidas intrusivas respectivas para frustrar el supuesto plan y dar con los autores. Así, entre las diligencias desarrolladas se pudo determinar que en efecto, la llamada se había efectuado desde un chip a nombre de un imputado del denominado “Caso Iglesias”.

Además, la georeferenciación de las antenas coincidía con las inmediaciones del domicilio de la misma persona, en la comuna de Vilcún. Posteriormente, un segundo llamado, efectuado el 31 de marzo, dejó al descubierto una historia diferente. Y es que en esa oportunidad la misma persona entregó mayores detalles del supuesto atentado: el nombre de tres personas -presuntamente los organizadores del ataque-, y la patente del automóvil, así como también la denuncia de que en el vehículo se transportaba un rifle largo con mira telescópica.

En virtud de estos alarmantes detalles, la Fiscalía tramitó autorizaciones judiciales de entrada y registro a la comunidad en busca de armas de fuego y se pidió a las compañías el tráfico telefónico de los denunciados. Una vez iniciadas las diligencias no se encontraron señales del presunto atentado.

Tras ello se realizó un análisis más exhaustivo al origen de las sospechosas llamadas, con lo que quedó al descubierto que el funcionario de la Defensoría Penal Pública, Mauricio Alarcón Vidal, fue quien tramó todo, primeramente, comprando un chip que inscribió a nombre de Ariel Alexis Trangol Galino, absuelto en el “Caso Iglesias”. Una vez tuvo el chip, Alarcón hizo la llamada desde el camino a Vilcún para así dar «credibilidad» a su denuncia.

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