Las asociaciones de funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresaron su rechazo al proyecto de ley presentado por el Presidente José A. Kast, para reformar la institución y -entre otras cosas- terminar con su facultad de presentar querellas criminales.
En una declaración pública, las y los trabajadores del INDH advirtieron que «esta iniciativa, presentada bajo el argumento de modernizar y fortalecer el carácter del Instituto, contempla transformaciones que amenazan con debilitar su autonomía, reducir significativamente sus capacidades de protección y afectar gravemente su presencia territorial».
Seguidamente, recordaron que el INDH «no es una institución al servicio del gobierno de turno, es una institución autónoma creada para promover y defender los derechos de las personas que habitan el territorio nacional, características claves para su rol de supervisión del actuar del Estado».
Retrocesos
En su declaración, las y los funcionarios detallaron los que a su juicio son los principales y más graves retrocesos que significaría la concreción de la propuesta de Kast: «Un Estado que debilita a su institución nacional de Derechos Humanos afecta, ante todo, la protección de las personas», remarcaron.
En esa línea, enumeraron los siguientes efectos: «Menos herramientas para exigir justicia, es decir, fin de la defensa jurídica frente a graves violaciones a los derechos Humanos; pérdida de la presencia regional -la representación ante abusos del Estado estaría centralizada-; y recorte presupuestario estructural, que se traduce en el despido del 70% de las y los abogados de los equipos de protección de derechos, y un 50% de las y los trabajadores de las sedes».
Esto último, apuntan, «significa en la práctica el desmantelamiento de las sedes regionales del INDH».
Otro aspecto preocupante planteado por las asociaciones de funcionarios tiene que ver con que el proyecto de reforma de Kast terminaría en la práctica con la autonomía del INDH y aumentaría la injerencia política sobre el organismo.
«El Consejo Directivo sería menos diverso y pluralista de lo que es actualmente, entregado al Gobierno decisiones sobre un órgano que debería tener independencia para supervisar al Estado», cuestionaron.
Lee la declaración completa a continuación:
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