Trabajadores del patrimonio cultural pidieron mayor dotación de personal

En el marco del análisis del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, la Asociación Nacional de Trabajadoras/es del Servicio del Patrimonio Cultural (AnfuPatriminio) manifestó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados su disconformidad con la iniciativa, ya que no fueron consultados para su elaboración

Por Absalón Opazo

02/08/2019

Publicado en

Chile / Congreso / Cultura

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En el marco del análisis del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, la Asociación Nacional de Trabajadoras/es del Servicio del Patrimonio Cultural (AnfuPatriminio) manifestó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados su disconformidad con la iniciativa, ya que no fueron consultados para su elaboración.

La presidenta de AnfuPatrimonio, Rocío Fernández, señaló que esperaban que la iniciativa del Ejecutivo resolviera una deuda histórica con los trabajadores que se desempeñan en condiciones de precariedad laboral y, en este marco, planteó que los funcionarios a honorarios pasen a planta o a labores de fiscalización. Estimó que, cuando se implemente la ley, la dotación debiera aumentar en 200 personas, de las cuales 150 debieran pasar a las regiones. 

Otro punto que abordó AnfuPatrimonio es que se considere, en las categorías del patrimonio, al patrimonio indígena, según explicó la dirigente. “Es muy importante y es transversal, particularmente para naciones que son latinoamericanas, que consideremos el patrimonio indígena debido a que es la base de nuestra cultura, desde ahí venimos. Y es importante considerar no tan solo los edificios o inmuebles, sino que también territorios, aguas y semillas. Todo es parte del patrimonio, todo lo que tiene un valor para las personas o el ser humano”, detalló Fernández. 

El presidente de la instancia, diputado Amaro Labra (PC), enfatizó que se debiera haber considerado la opinión técnica de las y los trabajadores: “El Ministerio dice que hizo una consulta a cerca de 80 instituciones para diseñar la propuesta legal, pero las y los trabajadores tienen una visión distinta, dicen que no fueron considerados. Y a nosotros nos parece que la experticia que tienen las y los funcionarios del Ministerio es sumamente importante que se tome en cuenta”, recalcó.

En tanto, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, afirmó que coinciden con los trabajadores en la necesidad de mejorar la orgánica que sustenta la protección del patrimonio, que data hace más de 90 años. En cuanto al personal, De la Cerda dijo que con la implementación de la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya se han mejorado ciertos aspectos.

“Lo que ellos plantean, en el fondo, es algo en lo que nosotros coincidimos, que la precariedad histórica de nuestra institucionalidad patrimonial y específicamente con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), es algo que no aguanta más. Y no aguanta más porque la manera en que se construyó la Secretaría Técnica de Monumentos Nacionales en el siglo XX fue completamente inorgánica y estuvo subordinada a otras lógicas. Nosotros estamos tratando de mejorar eso”, subrayó.

Recordó que, ya el año pasado, en la Ley de Presupuestos, no por la Ley de Patrimonio, lograron duplicar los fondos del CMN en 100%. «Nunca en su historia, en sus casi cien años, se había duplicado o tenido un aumento de esa naturaleza. Y ese aumento va en línea con lo que dicen los trabajadores, que es dotar de equipos de funcionarios en las regiones de Chile”, informó el subsecretario. 

Objetivos del Proyecto

El proyecto de ley se propone descentralizar la labor del CMN, con la creación de Consejos Regionales de Patrimonio Cultural resolutivos. La CMN se dedicará a las declaratorias e inventarios y a la inscripción de patrimonio inmaterial.

Asimismo, busca actualizar las categorías de protección del patrimonio que, desde 1925, están destinadas a monumentos históricos y arqueológicos y que, desde 1970, contabilizan también las zonas típicas. En este marco se agregaría el patrimonio inmaterial y paisaje, entre otras categorías. 

También se plantea pasar a un paradigma de gestión con la implementación de planes y salvaguardias; y, en materia de conservación, con la inyección de recursos, incentivos tributarios y exención de pago de contribuciones. Por último, se establecen sanciones al tráfico de bienes culturales y penas por daño a monumentos nacionales.

Fuente: Cámara de Diputados

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