Transversal rechazo a intervención del Gobierno de Piñera en el Servicio de Evaluación Ambiental

Un grupo de 70 organizaciones e instituciones tanto ambientalistas como territoriales, así como la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, emitieron declaraciones públicas para referirse a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), creada por Piñera el 2018, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En la primera declaración, suscrita por agrupaciones sociales de todo el país, se señala que «el año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno».

Las organizaciones acusan que los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, «que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre».

Ahora, agrega la declaración, «a pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios».

En ese sentido, señalaron que «un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad».

«En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto», afirma la declaración.

«Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos para facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley», puntualiza el texto.

Finalmente, las agrupaciones ambientalistas y territoriales advirtieron que estas prácticas «deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe».

Trabajadores del Medio Ambiente

Similar fue la postura esgrimida por la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente. En su declaración, que compartimos a continuación, rechazaron cualquier intento de intervención en el Servicio de Evaluación Ambiental por otro organismo, ya sea público o privado.

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