Tribunal Constitucional se pronuncia por libertades condicionales a violadores de Derechos Humanos

El Tribunal Constitucional rechazó este jueves dos de las tres peticiones formuladas por parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto de ley que elevó los requisitos para que violadores de derechos humanos accedan al beneficio de la libertad condicional.

En un comunicado leído ante la prensa por la secretaria del Tribunal, Mónica Sánchez, se indicó que «luego de debatir el asunto en sesiones ordinarias y extraordinarias de los días 20, 21, 24 y 27 de diciembre, el Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional» adoptó su decisión.

«Por unanimidad, se rechazan los requerimientos respecto del articulo 3 bis, incisos primero, segundo letra a), y tercero, y del artículo 12», dentro del proyecto, que «sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece libertad condicional para los penados», con los entendidos que se indicarán en la sentencia», cuyos «fundamentos serán dados a conocer» a más tardar el 2 de enero de 2019.

En concreto, el TC resolvió mantener los requisitos de tener cumplidos dos tercios de la pena y haber colaborado sustancialmente con la investigación para poder postular y acceder al beneficio. Pero, el Pleno del TC sí acordó «acoger los requerimientos respecto del articulo 3-bis, inciso segundo, letra b), por lo que se declara inconstitucional el proyecto de ley en la parte que dispone» el requisito de «haber manifestado (el reo) su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares».

El resultado fue considerado «una victoria parcial» por el abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco. En esa línea, anunció que se prepara para presentar nuevos recursos judiciales ante el propio TC.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, calificó el fallo como «un gran avance en contra de las libertades a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad».

«Los ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema siempre argumentaron que cuando ellos entregaban libertades era acorde a derecho, pero ya que ellos siempre pidieron que Chile tuviese normado y regulado la situación de libertades de genocidas, aquí lo tienen. Se cierran las puertas, ajustado a derecho, como les gusta hablar a los ministros, para salir en libertad», dijo Pizarro.