Por Dana Davis
Cuando una potencia impone un arancel a los productos chilenos, la primera pregunta no debe ser quién entrega el dinero en la aduana estadounidense, sino cuánto valor deja de capturar Chile. Ese es el marco para analizar la sobretasa de 12,5% que Estados Unidos comenzó a aplicar, desde el 24 de julio de 2026, a gran parte de nuestras exportaciones.
No se trata sólo de una discusión entre gobiernos ni de otro episodio de Donald Trump contra el comercio internacional. Es una barrera que puede reducir exportaciones, comprimir los márgenes empresariales y afectar a personas que nunca han participado en una negociación comercial.
La medida fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio. Estados Unidos determinó que Chile no posee una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La decisión alcanza a sesenta socios: algunos recibieron una tasa de 10% y Chile quedó afecto a 12,5%.
¿Quién paga realmente el arancel?
Legalmente, lo paga la empresa importadora estadounidense. Sin embargo, que una empresa entregue el dinero al Estado no significa que soporte todo el costo. Puede subir el precio al consumidor, exigir un descuento al exportador chileno o reemplazarlo por un proveedor de otro país.
Amiti, Redding y Weinstein publicaron en 2019, en Journal of Economic Perspectives, un estudio sobre los aranceles de la primera guerra comercial de Trump. Con información de precios y aduanas, estimaron un costo adicional de US$3.200 millones mensuales para consumidores y empresas importadoras estadounidenses.
Fajgelbaum, Goldberg, Kennedy y Khandelwal concluyeron algo similar en The Quarterly Journal of Economics. Su estudio de 2020 mostró que los exportadores extranjeros casi no redujeron sus precios y que gran parte del arancel terminó incorporada al precio pagado en Estados Unidos. Además, estimaron pérdidas de US$51.000 millones para consumidores y empresas.
Los números hablan: los aranceles no son pagados mágicamente por otros países. Alteran precios, producción y empleo. Entonces, ¿por qué debería preocuparnos en Chile? Porque cuando el precio de la fruta, el salmón, el vino o un producto industrial chileno aumenta en Estados Unidos, puede venderse menos. Y una empresa con menos ventas no siempre puede mantener su producción, inversión ni cantidad de trabajadores.
Según antecedentes presentados por la Universidad de Talca, las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos se acercaban a US$16.000 millones anuales. Los académicos Pablo Neudörfer y Rodrigo Saens han advertido que los sectores frutícola y salmonero tienen una exposición especialmente importante.
El primer efecto: menos ingresos regionales
La consecuencia cotidiana no será necesariamente un aumento inmediato en el precio del pan o de la leche. Puede aparecer de manera más silenciosa: menos turnos de cosecha, horas extraordinarias y contrataciones temporales.
Una caja de cerezas no genera ingresos solamente para la empresa agrícola. También moviliza trabajadores, plantas de embalaje, transporte, frigoríficos, puertos y comercio. Cuando disminuye la exportación, el efecto no queda dentro del predio.
En Chile esto debería preocupar especialmente. Parte importante del empleo depende de la agricultura, la agroindustria y sus servicios. Para una familia, el arancel puede no aparecer en ninguna boleta. Puede aparecer como un contrato que no se renovó, una jornada más corta o un ingreso que dejó de llegar.
El segundo efecto: un dólar más caro
Si Chile exporta menos y aumenta la incertidumbre internacional, el peso puede depreciarse, encareciendo combustibles, medicamentos, tecnología y repuestos.
El Banco Central ha señalado que las guerras comerciales afectan a Chile mediante las exportaciones, la demanda mundial, la volatilidad financiera y el tipo de cambio. Por eso un arancel aplicado en un puerto estadounidense puede influir en el costo de trasladarse, producir o comprar en una ciudad chilena.
Lo que todavía no sabemos
Sería poco riguroso afirmar que el arancel producirá una cantidad determinada de desempleo o inflación. La medida lleva pocos días vigente, contempla exclusiones y afecta también a países que compiten con Chile.
El resultado dependerá de los productos gravados, de la reacción de los consumidores y de las tasas aplicadas a nuestros competidores. Una diferencia de 2,5 puntos frente a un país sujeto al 10% puede parecer pequeña, pero en industrias con márgenes estrechos puede decidir quién conserva un contrato.
Tampoco puede concluirse, sólo por esa diferencia, que Chile careció de poder diplomático. Sí puede sostenerse que su estrategia no consiguió el resultado de países que adoptaron o comprometieron la prohibición específica exigida. La institucionalidad laboral interna defendida por Chile no fue suficiente para Estados Unidos.
La respuesta no debe ser subsidiar permanentemente a cada empresa ni imponer nuevos aranceles. Chile debe negociar una reducción, establecer una prohibición verificable contra esos bienes y diversificar mercados. También debe mejorar productividad, logística y trazabilidad.
El problema no consiste únicamente en pagar 12,5% más al ingresar a Estados Unidos. Consiste en el valor que Chile puede dejar de producir, exportar e invertir.
El arancel se cobra en la frontera estadounidense. Pero en Chile puede terminar pagándose con menos empleo.
Dana Davis
Referencias
-Amiti, M., Redding, S. y Weinstein, D. (2019). “The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare”. Journal of Economic Perspectives, 33(4).
-Fajgelbaum, P. et al. (2020). “The Return to Protectionism”. The Quarterly Journal of Economics, 135(1).
-Banco Central de Chile (2025). Efectos de sanciones comerciales y aranceles.
-Universidad de Talca (2025). “Analizan impacto de política arancelaria de EE. UU. en Chile”.
-USTR (2026). Notice of Actions in Section 301 Investigations.
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