Hoy, en Chile, asistimos a un hecho de la mayor gravedad: la persecución judicial, política y comunicacional contra Daniel Jadue. No se trata solo de una persona, un dirigente político; de un gobierno local, lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia.
El lawfare —la instrumentalización de la justicia para excluir adversarios— erosiona el derecho a la participación, el resguardo de las condiciones del debido proceso y amenaza el pluralismo que sostiene nuestra sociedad.
Frente a esto, el silencio resulta ensordecedor. La omisión es una forma de complicidad. Cuando se ataca a uno y callamos, abrimos la puerta a que mañana se ataque a otros. Lo que se busca no es impedir un nombre: es clausurar la posibilidad de pensar, proponer e implementar cambios profundos y transformadores, en beneficio de nuestro pueblo.
Este no es un asunto de simpatías personales o políticas. Es un atentado contra la posibilidad misma de disentir, de imaginar alternativas, de ejercer ciudadanía. Callar ahora equivale a aceptar que la democracia se reduzca a un ritual vacío. Más aún cuando el propio Servel aceptó su candidatura a diputado, el Tribunal Electoral Metropolitano la ratificó, y finalmente fue el Tricel el que la bajó, en un fallo dividido (3 a 2) y a solicitud de un partido de derecha, activo en todo el proceso de lawfare y directamente interesado en deshacerse de un contendor electoral muy fuerte.
Interpelamos, con respeto pero con firmeza, a quienes cultivan la palabra, el pensamiento y el arte: su voz es necesaria. Hoy van por Daniel Jadue; mañana irán por otros y otras. Y cuando ya no quede nadie que pueda hablar, será demasiado tarde, ya conocemos muy bien esa historia.
Nuestra voz se hace oír para denunciar esta injusticia y bajeza. Nos levantamos frente a este atropello e intento de cancelación de un modelo de gestión local que puso el mejoramiento de los estados de bienestar de las personas al centro del desarrollo.
Denunciamos también que Daniel Jadue lleva ya quince meses privado de libertad, en un proceso marcado por repetidas transgresiones al debido proceso y por la sospechosa puntualidad electoral de las resoluciones judiciales que lo afectan.
Las propuestas de la sociedad que queremos construir son un desafío colectivo, requieren mayor humanidad y deben sostenerse en la verdad y en la justicia para poder mirar de frente, con dignidad y respeto, un futuro esperanzador para nuestro país.
Firmantes:
- Miguel Lawner: Arquitecto, académico, Premio nacional de Arquitectura.
- Jorge Coulon: Premio Nacional de Artes musicales, músico y cofundador del
grupo Inti Illimani. - María Emilia Tijoux: Doctora en Sociología U de París, Académica U de Chile.
- Isabel Gómez: Escritora, poeta, bibliotecaria. Presidenta de la Sociedad de
Escritores de Chile. - Kemy Oyarzun: Académica, cofundadora del Centro de Estudios de Género,
Presidenta Fundación Pablo Neruda, escritora. - Atilio Borón: Sociólogo, politólogo, cientista político, ensayista. (Argentina)
- Juan Carlos Monedero: Politólogo, profesor, político, escritor y presentador de
TV. (España) - Flavio Salazar: Biólogo, ex Ministro de Ciencias y Tecnología, académico.
- Carlos Margotta: Abogado, Presidente de la Asociación de juristas por la
democracia, Director de Relaciones Internacionales Comisión chilena de
DDHH. - Alvaro Ramis: Doctor en Ética y Democracia U de Valencia, Rector Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. - Jorge Magasish: Doctor en historia, arte y arqueología Universidad de Bruselas,
escritor. - Alonso Salinas García: Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
ex presidente de la Comisión chilena de DDHH, escritor. - Hassan Akram: Economista, doctor en Ciencias sociales y políticas de la U de
Cambridge, Director de la sede chilena de la U norteamericana Wake Forest.