Un zombie en caída libre

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El presidente millonario es un zombi para el sector y su muerte política está arrastrando a la derecha.

Piñera:“Miren al Choclo, me meto unos años en política y despejo el camino para que tipos como él levanten cuatrocientos millones de dólares”.

Piñera y Délano forjaron hace décadas un pacto de que si a uno de ellos le iba mal en los negocios, el otro se haría cargo de mantener a la familia y pagar las deudas.

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El 26 de agosto de 2010, en pleno primer año de su primer gobierno, Sebastián Piñera anunció haber comunicado a la empresa Suez Energy, del cambio de la central termoeléctrica Barrancones, originalmente proyectada en Punta de Choros y que quería producir 540 MW a partir de carbón, lo que despertó un gran movimiento ciudadano de defensa del Archipiélago de Humboldt, ubicado en las comunas de Freirina y la Higuera, región de Coquimbo, en cuyos islotes habita la mayor población mundial del pingüino del mismo nombre.

La decisión de Piñera causó sorpresa en un país acostumbrado a que los proyectos con serios efectos ambientales eran aprobados por secretaría o llamados de embajadores extranjeros a ministros de Estado. Esta vez fue a través de un telefonazo que Piñera bajó el proyecto.

“Como ciudadano y Presidente de Chile tengo un doble compromiso y responsabilidad: Proteger el medio ambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad”- sostuvo Piñera en esa oportunidad, en un video donde recorría la zona.

Muchos en el empresariado y en los movimientos sociales quedaron perplejos ante esta nueva faceta ecologista del presidente.

Sin embargo, las dudas por el extraño compromiso ambiental del presidente empresario quedaron confirmadas recientemente con la divulgación del contrato de compraventa de su participación de un 33% en la Minera Dominga a la familia de su íntimo amigo Carlos Alberto Délano, pactado el 10 de diciembre del mismo año en las Islas Vírgenes Británicas (IVB).

El proyecto de explotación de hierro y cobre afectaría irremediablemente el medio ambiente de La Higuera, contemplándose incluso la construcción de un puerto. En la última cláusula del acuerdo se estipuló que el pago se llevaría a efecto sólo si no se declarara el área como zona protegida. Una parte del pago se realizó en Chile en 2010, cuando la familia de Piñera recibió US$14 millones al contado, en tanto que un saldo restante de US$ 138 fue acordado a pagar en tres cuotas a pagar en las IVB, la última pagada en diciembre de 2011.

El detalle del monto implicado surgió en una investigación realizada al presidente por la Fiscalía, tras una denuncia por el caso Exalmar, lo que fue confirmado recientemente por la filtración del contrato final entre los documentos publicados por los Pandora Papers.

LA CAJA DE PANDORA DE LAS INVERSIONES DE PIÑERA

Los Pandora Papers fue publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), integrado por 600 periodistas de 150 medios, quienes revisaron 11,9 millones documentos de 14 sociedad proveedoras de servicios off shore a 130 billonarios y 336 políticos, entre los cuales hay 14 jefes o ex jefes de Estado, entre los cuales figuran los actuales presidentes Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). En Chile la investigación fue desarrollada por los periodistas Francisca Skoknic (Labot) y Alberto Arellano (Ciper).

Se trata de la mayor filtración de datos de la historia, superando a los Panamá Papers de 2016, cuando fueron expuestas las redes de clientes del bufete Mossack Fonseca. El foco de los periodistas se centró esta vez en las Islas Vírgenes Británicas (British Virgin Islands), considerado el principal paraíso fiscal del mundo y que en sus 153 Km2 y con apenas cuarenta mil habitantes, concentra 400 mil empresas de millonarios, políticos, artistas del mundo, la mayoría de los cuales, según los Pandora Papers, han ocultado entre 5 y 32 billones de dólares.

El bochorno internacional de Chile al tener en las portadas de los principales medios del mundo el rostro de su presidente como símbolo de la evasión de impuestos en paraísos fiscales, cuando no se trata de corrupción provocó que en las últimas semanas un amplio grupo de diputados de oposición anunciaron una acusación constitucional contra el presidente y que la Fiscalía abriera una nueva  investigación penal que lo tiene como sospechoso.

La narrativa desplegada por la presidencia es que Piñera no tenía idea de la transacción con su mejor amigo, Carlos Alberto Délano, y que no hay nada nuevo en los datos aportados por el ICIJ. Aseguran que se trata de “cosa juzgada”, al haberse dictado en agosto de 2017 el sobreseimiento definitivo de la causa por el caso Exalmar-Dominga, investigada por el fiscal Manuel Guerra Fuenzalida. Según Piñera y sus voceros “todo es legal”.

Si bien el despliegue de su defensa ha sido a través de entrevistas de su abogado, Juan Domingo Acosta, y otros penalistas a El Mercurio y La Tercera, medios cuya editorial se ha cuadrado con el palacio de gobierno, el respaldo de parte de los parlamentarios oficialistas ha sido tímido y escaso. Con un presidente con un nivel de aprobación de un dígito, nadie quiere aparecer en época electoral ayudando a un presidente al borde del precipicio por corrupción. El mismo candidato ungido por el presidente, Sebastián Sichel, se distanció de la narrativa oficial en las primeras horas de conocerse la información. En tanto que el apoyo de los timoneles de los partidos oficialistas llegó una semana después de conocerse los Pandora Papers y sólo después del anuncio de la Fiscalía de investigar nuevamente al presidente.

Un dato no menor es el incremento de la fortuna de Piñera luego de su desempeño presidencial. Según la revista Forbes, antes de llegar a La Moneda, se estimaba su fortuna entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, siendo en la época una de las 8 más grandes riquezas de Chile. Pues bien, en el último cálculo, realizado tras la pandemia de 2021, se calcula que bordea los 2.900 millones de dólares, ubicándose ahora entre los cuatro más ricos de Chile.

LA ODISEA DE LAS INVERSIONES

La promiscuidad entre los negocios y la política es algo que ha caracterizado la carrera de Piñera, tanto como empresario como dirigente de la derecha. Ya en su primer gobierno le costó desprenderse de su patrimonio (en la época distribuido en LAN, Colo Colo, Entel, Antarchile y Chilevisión, entre otras inversiones), siendo presionado para establecer un fideicomiso ciego, que sólo incluyó su patrimonio en Chile, cuyo monto ascendió a unos 400 millones de dólares, dejando fuera sus inversiones en el exterior. En cambio, sus inversiones en el exterior quedaron fuera del fideicomiso, como las realizadas en Argentina, Colombia y Perú. En 2019, la revista  Forbes calculó que el patrimonio del clan Piñera tanto en Chile como el extranjero ascendía a unos 2.500 millones de dólares. Es decir, gran parte del dinero del presidente circula fuera del país.

En 2017 Ciper dio cuenta de la existencia de Bancard International Development Inc., sociedad de la familia Piñera creada en las IVB en 1997, cuando Piñera era senador. Los correos filtrados en los Pandora Papers dan cuenta de que dicha sociedad en mayo de 2017 pertenecía a Inversiones Odisea,  siendo administradas por su CEO, Nicolás Noguera. Respecto de otra sociedad creada (Bancard International Investment, BII), hay datos de que estuvo activa al menos hasta 2016, cuando  el periodista Sergio Jara reveló que Piñera invertía en la pesquera peruana Exalmar. Los documentos de Pandora Papers dan cuenta de que ambas sociedades fueron liquidadas en 2018, siendo absorbidas por Inversiones Odisea. Los datos sobre el traspaso de BII dan cuenta de que fue por US$139,4 millones.

“El rol de Nicolás Noguera en la fortuna de Piñera es central- comenta a El Ciudadano Sergio Jara – Lleva como diez años administrándola, primero desde el family office Bancard, ahora rebautizado como Odisea, que básicamente son las mismas sociedades y activos que han pasado en manos de la familia desde Piñera hacia sus hijos, como una forma de herencia en vida.  El mecanismo usado ha sido introducir a los hijos en las sociedades y después el envío de dinero desde diferentes sociedades. Así, en 2019 detectamos en El Desconcierto una fiscalización del SII que dio cuenta de una trasferencia de más de 100 millones de dólares a sus hijos. Todas estas operaciones las realiza Noguera”.

UN VIEJO Y CONOCIDO AMIGO

También difícil es creer a Piñera cuando dice que no tenía idea de haber vendido su parte de Minera Dominga a su íntimo amigo, Carlos Alberto Délano, con quien se conocen desde que estudiaron juntos Economía en la Universidad Católica desde fines de la década de los sesenta, forjando una profunda amistad que incluye juntarse por lo menos una vez a la semana o viajes juntos cada cierto tiempo. Las periodistas Loreto Daza y Bernardita del Solar en una biografía del presidente cuentan que incluso forjaron hace décadas un pacto de que si a uno de ellos le iba mal en los negocios, el otro se haría cargo de mantener a la familia y pagar las deudas. Délano estaba junto a Piñera cuando enfrentó la trampa preparada por Ricardo Claro en Megavisión con una grabación obtenida por la inteligencia militar. “Cuando nos juntamos, muchas veces volvemos a sentirnos un poco como cabros chicos”, dijo una vez Délano sobre su relación con Piñera, en tanto que éste en 1998 ponía de ejemplo a su amigo, diciendo “Miren al Choclo, me meto unos años en política y despejo el camino para que tipos como él levanten cuatrocientos millones de dólares”.

En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició un juicio contra Délano y sus socios del grupo Penta. La investigación fue desarrollada en un primer momento por los ex fiscales de Alta Complejidad, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes se afanaron en desentrañar los aportes ilegales a la política y acabaron desenrrolando lo que Gajardo denominó como “una cultura de la evasión tributaria”, haciendo temblar a los grandes partidos políticos. Sin embargo, desde julio de 2015 el jefe de la Fiscalía de la época, Sabas Chahuán, de a poco lo fue sacado de los casos Penta y Soquimich. Luego entrega el caso Penta al fiscal Guerra, quien en abril de 2018 pergeñó un juicio abreviado con las defensas de Délano y su socio Carlos Eugenio Lavín, en el cual fueron omitidos los delitos de soborno y estableciéndose una condena sólo por delitos tributarios y presentación de boletas falsas. La condena fue irrisoria, cumpliendo en total mes y medio de prisión preventiva y no más de 200 días con arresto domiciliario, además de una multa de $857 millones cada uno y la asistencia a clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Guerra argumentó la reformalización de cargos diciendo que “tenemos el deber de objetividad. Aquí no se trata de hacer lo que uno quisiera, sino lo que uno puede”. En la oportunidad Piñera dijo ante los medios que “Carlos Alberto Délano ha sido, es y va a seguir siendo mi amigo. Nos conocimos hace más de 40 años en la universidad. Nuestras mujeres son amigas, nuestros hijos son amigos, nuestros nietos son amigos, y eso no va a cambiar”.

Ya antes, en enero de ese mismo año, Guerra suspendió el juicio contra el senador Iván Moreira, quien había sido imputado por Gajardo y Norambuena al encontrarse pruebas del uso de boletas falsas para financiar su campaña senatorial, llegando a un acuerdo con el senador UDI de pagar una multa de $35 millones a cambio del fin del proceso. No hubo imputaciones de cargos de cohecho ni tampoco se pidió su cupo en el Congreso. En la oportunidad argumentó que la resolución era ajustada a las leyes vigentes y “al principio de objetividad que guía las acciones del Ministerio Público”. Los primeros fiscales de la causa, Gajardo y Norambuena renunciaron cuatro días después al Ministerio Público, diciendo que habían tenido derrotas al interior de la Fiscalía y que  sus “argumentos no han logrado ser acogidos. Hasta ahora hemos visto suspensiones condicionales que buscan terminar sin sanción y en eso no estamos de acuerdo”.

El ex-fiscal también llegó a un acuerdo con quien fuera el subsecretario de Minería en el primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, procesado por cohecho y enriquecimiento ilícito. Pese a que se había comprobado que recibió mientras se desempeñaba en el cargo público 14 pagos de tres millones y medio de pesos cada dos meses de parte del grupo Penta, Guerra sólo consideró el último delito, condenando a Wagner a dos años de pena remitida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

LOS HILOS DE UNA PESQUERA Y UN FISCAL QUE NO INVESTIGA

La investigación sobre los intereses de Piñera en la pesquera peruana Exalmar dieron más pistas sobre los entramados usados por el presidente para esconder y mover su fortuna. Una investigación del periodista Sergio Jara publicada en Radio Biobio (11/2016) develó que el presidente millonario poseía en la fecha el 9,10% de Exalmar, adquirido a través de BBI, estando presente en la propiedad desde agosto de 2012. Se trataba de una pesquera con derechos de extracción al sur de Perú, en el límite con Chile. La inversión hecha por la sociedad de la familia Piñera fue en momentos en que era presidente y que se revisaba en La Corte Internacional de La Haya un reclamo por los límites marítimos entre Chile y Perú y que concluyó con la pérdida de 50 mil kilómetros de mar en enero de 2014. Pese a que Piñera negó tener conocimiento de que sus sociedades en paraísos fiscales habían invertido en la pesquera peruana, un correo electrónico conocido en la investigación detalla que por lo menos su hijo Sebastián estaba al tanto de la operación.

Una querella presentada por el entonces diputado Hugo Gutiérrez por uso de información privilegiada, negociación incompatible, pidió indagar en los correos electrónicos de Piñera, su familia y del administrador del fideicomiso, Nicolás Noguera, así también como la bitácora de las rutas presidenciales. La investigación también cayó en manos del ex-fiscal Manuel Guerra, apareciendo en su curso pistas respecto de los reales intereses de Piñera para bajar la termoeléctrica de Barrancones y su apuesta por el el proyecto minero Dominga, además de  mostrar un pre acuerdo de venta entre la familia Piñera y Délano, cosa que los Pandora papers confirmaron al filtrar el contrato final, realizado en las IVB.

Uno de los abogados querellantes, Fernando Monsalve, contó a El Ciudadano que “esos peritajes jamás se hicieron, pese a que nosotros los reiteramos, haciendo presente que las declaraciones de la familia del presidente de no conocer el destino de sus inversiones eran absurdas ni la cantidad que tenían invertida”. El abogado agrega que “la investigación fue por el caso Exalmar y en el transcurso de ella se dieron a conocer antecedentes como Barrancones, abriéndose esa arista, al igual que Dominga. Más bien es un modus operandi que se podría verificar en las tres operaciones. Como querellantes entendimos que era algo que necesariamente debía investigarse, ya que permitía demostrar una forma de actuar y configurar ilícitos penales, por lo que solicitamos ampliar la investigación para esas aristas”.

El fiscal Guerra acabó sobreseyendo al presidente en agosto de 2017, es decir apenas cuatro meses después de conocerse los datos de Exalmar, decretando la inexistencia de delitos. El periodista Sergio Jara, quien tras revisar el proceso seguido por Guerra, observó que en la investigación  los email revisados a Noguera fueron en referencia a un limitado periodo de tiempo y no hubo exigencia de correos a Piñera o algún miembro de su familia. “Habría sido arbitrario pedir los correos”- argumentó el ex-fiscal. La pesquisa se limitó a un interrogatorio a Piñera en sus oficinas de Apoquindo y someras preguntas a la guardia presidencial.

Jara comenta que “fue una de las pesquisas más livianas que se han producido. Fue por encima y bien rápida, es decir, mal hecha. La evidencia de eso es este caso que da cuenta que Dominga es una ampliación de la querella por Exalmar”. Por su parte, el abogado Monsalve considera que Guerra “fue un fiscal obsecuente con el poder. Investigó de manera privilegiada y protegida a quien en ese entonces era candidato presidencial. Es representante de la justicia que opera hasta el día de hoy en Chile, la que funciona para poderosos de una manera y para el resto del país de otra. No tengo ninguna duda que si Piñera no fuese un privilegiado se hubiese investigado de otra forma, acuciosamente y el fiscal habría configurado el delito. Aquí no se quiso investigar ni Exalmar y no se investigó nada de Dominga ni Barrancones”.

El querellante y hoy constitucionalista, Hugo Gutiérrez, cuenta que fiscal Guerra “no investigó nada del caso Barrancones, ni Dominga. Las investigaciones que le pedimos no las hizo y cuando tomó testimonios estos fueron laxos, como la revisión de la bitácora de la guardia presidencial. En este punto, Carabineros siempre tuvo la información de lo que hacía Piñera cada día como presidente, pero no han querido entregarla”. Como Piñera fue sobreseído, el mismo Gutiérrez tuvo que pagar las costas del juicio, que fueron 2,5 millones de pesos.

Después del estallido social, en calidad de fiscal metropolitano Guerra estuvo a cargo de la investigación de la quema de las estaciones del metro y en una oportunidad salió en defensa del gobierno de Piñera, asegurando de que en Chile no había presos políticos. “No sé cómo se explicaría por parte de los parlamentarios a los locatarios afectados en el sector de Plaza Baquedano que les digan que determinado ataque a un establecimiento obedeció a una razón política”- argumentó, agregando que “puedo afirmar derechamente que en Chile no hay presos políticos por lo que se llama la revuelta social ocurrida en el país desde octubre de 2019 en adelante, no los hay”.

Según confirmó la periodista Paulina Toro (Ciper, 9/21), Guerra renunció en agosto reciente al Ministerio Público y un día después fue contratado por la  Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), comunas sobre las cuales la Fiscalía en que trabajó tiene jurisdicción, radicándose en ella la denuncia por fraude en los recursos de la Municipalidad de Vitacura en el periodo de Raúl Torrealba. Guerra además fue contratado como académico de la Universidad San Sebastián, establecimiento educacional ligado a la UDI.

LAS POSIBILIDADES DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

La comprobación definitiva de las inversiones de Piñera en paraísos fiscales vuelve a horadar la autoridad presidencial y provocar grietas profundas en la estabilidad institucionalidad, muy a mal traer tras tres años en las manos de Piñera. Tensiona al mismo tiempo la narrativa respecto de la seriedad de las instituciones democráticas y la existencia real de justicia. La aparición de la tercera cláusula del contrato de compra venta de Minera Dominga también da cuenta de las sombras del poder judicial, la discrecionalidad de las fiscalías y de la corrupción del sistema penal chileno cuando se trata de perseguir a poderosos. Se trata de dos poderes del Estado implicados, quedando ahora la responsabilidad de conducción en un denostado Parlamento.

Con foco en las faltas a la probidad y el daño a la honra de la nación fue presentada la acusación constitucional contra Piñera en la Cámara, quedando conformada ya la comisión revisora. Los plazos son cortos: estando ya notificado el presidente, quien tiene diez días para contestar, los que serán seguidos de otros seis días para la revisión de los antecedentes y el consenso en el informe final de la comisión. Un día después debe votarse en sala, pasando así la pelota al Senado a menos de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, programadas para el 21 de Noviembre.

La mayoría opositora, que abarca desde el Partido Comunista hasta los diputados demócrata cristianos tiene asegurado el triunfo del libelo en la Cámara. Si bien en el Senado son necesarios 2/3 de los votos, lo que pone cuesta arriba el triunfo de la acusación, la endeble explicación del Ejecutivo de que Piñera no estaba enterado de las inversiones en los paraísos fiscales y que no tenía idea de las acciones de Minera Dominga vendidas a su amigo que ve casi todas las semanas, hacen difícil que la derecha esté satisfecha en su totalidad con el presidente. Todo esto en un contexto electoral y de fuerte escrutinio público respecto de la importancia del pago de impuestos por los más ricos en un contexto de crisis económica y pandemia sanitaria.

Los 29 votos necesarios en el Senado en circunstancias que la oposición tiene solo 24, exigen salir a buscar esos cinco votos restantes. Piñera está bastante solo, por lo demás. En la derecha no faltan quienes desconfían, han resultado heridos o son viejos enemigos de Piñera, como el senador Manuel José Ossandón (RN), quien ya anunció si disposición a ver los antecedentes de la acusación. También en un contexto electoral salir apoyando al presidente con la popularidad en el suelo, resulta ser un suicidio político y una lectura más fina en el sector les permitiría sacarse el lastre de Piñera de cara a las elecciones presidenciales. El presidente millonario es un zombi para el sector y su muerte política está arrastrando a la derecha.

En cambio, las fuerzas centrífugas en la derecha son una oportunidad para la alicaída Democracia Cristiana, ya que de prosperar la acusación le significaría colocar como presidenta por escasos cinco meses a Ximena Rincón, en su calidad de presidenta del Senado. Y tanto para la clase política tradicional, como para el empresariado, la salida de Piñera del gobierno antes de marzo de 2022, podría ser leído como la posibilidad de una catarsis social que les asegure el fin definitivo del estallido social. Por debajo de la mesa también están las grandes oportunidades de negocios que se abrirían con el desmantelamiento de la fortuna de Piñera. Aunque, según comenta el periodista y analista político Mirko Macari, “opera el peso de la noche en buena parte de la clase política. El pavor a cruzar ese abismo es inmenso, dar ese salto es una cuestión a la que le tienen vértigo”.

Sin embargo, los análisis de la plaza tienden a no considerar a actores cuya presencia puede ser decisiva para el fin del gobierno de Piñera por anticipado, como la entrada en la escena de quienes fueron protagonistas del 18 de octubre de 2019. Si bien no se les espera, de expresarse esta fuerza disruptiva, sería un pertinente mensaje para que la Fiscalía esta vez investigue y que en el Parlamento se vote según los méritos expuestos.

En otros lares en las semanas recientes, casos de corrupción han provocado la caída de jefes de gobierno. En la República Checa, una votación reciente sacó del gobierno a Andrej Babis, el segundo hombre más rico del país y que corría como favorito. Una semana antes los Pandora Papers revelaron que Babis había sacado del país unos 16 millones de euros en inmuebles en la Costa Azul francesa en 2009 a través de operadores de paraísos fiscales. También ocurrió con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, del derechista del Partido Popular ( ÖVP), quien dimitió tras iniciar los fiscales una investigación por corrupción en su contra, tras conocerse el uso de fondos públicos para sobornar a periodistas y fabricar encuestas manipuladas. “Lo que necesitamos ahora son condiciones estables – sostuvo el mismo Kurz sobre su renuncia – Entonces, para resolver el estancamiento, quiero dejar paso para evitar el caos y garantizar la estabilidad”.

De igual modo y contra todo los pronósticos y los deseos de sus protagonistas, el segundo gobierno de Piñera pasará a la historia como el catalizador del fin de la constitución de Pinochet, del modelo de AFP y, tal vez también se lleve consigo la narrativa patriarcal de la autoridad presidencial. En palabras del sociólogo Alberto Mayol, “su imperio fue la muerte de su sector y de su personalidad”. En el plano personal y una vez despojado de la piocha de O’higgins, Piñera deberá enfrentar además de la investigación de la Fiscalía, los procesos por violaciones a los derechos humanos, ocurridos tras el estallido social.

De funcionar la justicia en estos casos, tal vez la promesa de amistad de jóvenes de apoyarse en las buenas y en las malas hecha por Piñera y Délano no será en el oasis con que dibujaron Chile haciendo sus negocios ni en los paraísos fiscales en donde habían preparado un lugar para la huida. Si la institucionalidad de la postdictadura no funciona esta vez, tendrán mucho tiempo para compartir tras las rejas.