Por Axel Indey Olmedo
Escandaloso, irracional e inexplicable. Esas son las palabras que más repiten los abogados al intentar describir lo ocurrido recientemente en el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó: uno de los casos de corrupción más mediáticos que ha vivido la región de Atacama en el último tiempo -y que involucra a importantes figuras de Renovación Nacional- podría terminar en impunidad luego de la decisión de la justicia de aplazar en más de un año el juicio contra el exintendente Francisco Sánchez y su estrecho colaborador Rodrigo Albornoz.
El juicio, originado a raíz de una querella por estafa presentada por la empresa minera Atacama Kozan, amenazaba con dejar al exintendente tras las rejas por hasta 15 años, además de inhabilitarlo a perpetuidad para postular a cargos públicos. Tras un tiempo inusualmente largo de tramitación -casi seis años desde presentada la querella-, el tribunal finalmente programó el inicio del juicio para el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, el día anterior a la audiencia, el abogado defensor de Rodrigo Albornoz, Patricio Pinto Castro, presentó una licencia médica que obligó a suspender el proceso. Ese mismo día se comunicó que el juicio había sido reagendado para el 13 de octubre de 2026, es decir, un año y dos meses después de la fecha original.
La decisión del tribunal causó indignación tanto en la opinión pública como en los querellantes del caso. Según quienes tuvieron acceso al documento, la licencia presentada por Pinto mostraba “una firma ilegible” emitida por un profesional “desconocido e incomprobable”. Días más tarde, y pese a encontrarse aún con licencia, Pinto apareció en tribunales para litigar en otra causa que involucraba a dirigentes políticos de la región. Quienes estuvieron presentes en esa audiencia afirman que se veía en perfecto estado de salud.
El aplazamiento del juicio no solo beneficia a Sánchez y Albornoz. En la lista de testigos que serían citados a declarar se encontraba también el nombre del senador Rafael Prohens (RN), a quien se acusa de formar parte del esquema de defraudación orquestado por Sánchez mientras dirigía Atacama Kozan. Prohens, quien va a la reelección en los comicios de este año, habría tenido que acudir a tribunales en medio de su campaña senatorial. Sin embargo, tras la decisión de la justicia, el expresidente de RN quedó con el camino libre para centrarse en su candidatura y conseguir otros ocho años en la Cámara Alta.
El esquema Sánchez
El nombre de Francisco Sánchez se hizo conocido en julio de 2018, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera lo nombró Intendente de Atacama. Sánchez, histórico militante de Renovación Nacional, venía de una larga trayectoria vinculada al mundo privado: el comunicado oficial del gobierno destacaba que se había desempeñado durante nueve años como subgerente general de Atacama Kozan, una empresa minera de capitales japoneses con importante presencia en la región.
Si bien el nombramiento de Sánchez fue anunciado con bombos y platillos por la administración piñerista, el empresario terminó renunciando apenas siete meses después de asumido el cargo. El gobierno se limitó a señalar que su salida se debía a “motivos personales”. Sin embargo, un par de semanas después de su renuncia, se dio a conocer que Atacama Kozan había presentado una querella en su contra por un millonario fraude que habría orquestado durante su paso por la minera, y que habría terminado costándole a sus dueños miles de millones de dólares.
Según denunciaron los dueños de Atacama Kozan, Sánchez habría construido una red de proveedores que, en el papel, prestaban diferentes servicios a la compañía, pero que en realidad funcionaban como pantalla para desviar dinero a amigos, socios o incluso hacia su propio bolsillo.
“Se prestaron servicios sin justificación, sin trazabilidad y sin pormenorización. Sánchez le pedía a proveedores de la empresa que le pagaran sus cuentas personales, incluso el supermercado (…) Se aprovechó del gerente general y de los representantes de Nittetsu, controladora de la minera, por ser japoneses. Muchas personas vimos cómo él se reía habitualmente de ellos, ya que sabía que no entendían bien el castellano. La barrera idiomática sin duda fue uno de los elementos que le sirvió para cometer su estafa”, señalaron a El Ciudadano extrabajadores de la empresa.
La arista Prohens
El 9 de abril de 2014, Francisco Sánchez acudió a una notaría ubicada a un costado de la Plaza de Armas de Copiapó. Allí lo esperaba Rafael Prohens, a quien el cambio de Gobierno lo había obligado a dejar su cargo de intendente de Atacama. Sánchez y Rivas eran viejos amigos: ambos tenían prósperos negocios en la región y ambos eran militantes de Renovación Nacional. El negocio que los reunía ese día, sin embargo, era distinto a cualquier otro. El esquema de defraudación que estaban a punto de poner en marcha les aseguraría un flujo constante de millones de pesos durante los años por venir.
El contrato firmado aquella mañana entre Francisco Sánchez y Rafael Prohens buscaba asegurar la disponibilidad de agua para las operaciones de Atacama Kozan. La empresa de Rafael Prohens, la agrícola Doña Berta Limitada, vendería 735 de sus acciones en derechos de aprovechamiento de aguas y suministraría a la faena de Atacama Kozan un total de 30 litros por segundo de forma contínua durante los 365 días del año. Y para confirmar que el volumen de agua que ingresaba a la faena se correspondía con lo que estipulado en el contrato, la empresa de Prohens instalaría un medidor en la bocatoma por la cual ingresaría este recurso.
Doña Berta Limitada, sin embargo, nunca instaló el medidor.
Varios años más tarde, el abogado Carlos Hidalgo se presentaría ante el Juzgado de Garantía de Copiapó para presentar una querella criminal a nombre de Atacama Kozan contra Rafael Prohens y Francisco Sánchez. Al senador y al exsubgerente se los acusó de haber estafado durante cinco años a la compañía minera, generándoles una pérdida de US$2.729.027, es decir, casi dos mil millones y medio de pesos chilenos.
Según señala la querella, el primero de estos pagos se realizó el 24 de abril de 2015: Atacama Kozan desembolsó $309.060.000 a Doña Berta Limitada sin haber recibido ninguna factura ni detalle de las operaciones realizadas. Simplemente se le transfirió el dinero. Sánchez registró la transacción en el informe de contabilidad bajo el concepto de “arriendos anticipados”. El mismo esquema siguió funcionando a lo largo de todo el 2016, tras lo cual Doña Berta Limitada comenzó a emitir facturas falsas, cuyos montos declarados no se correspondían con el dinero entregado por Atacama Kozan.
Para marzo de 2019, Atacama Kozan había desembolsado más de cinco millones de dólares a Doña Berta por una cantidad de agua muy inferior a la comprometida en el contrato.
“Desde que se firmó el contrato, yo creo que siempre se tuvo en mente sacar dineros de la empresa. Nunca tuvieron la intención de medir”, señaló a la prensa el abogado Carlos Hidalgo al momento de presentar la querella.
El documento acusatorio también arroja un dato aún más oscuro: los mayores montos defraudados por Doña Berta Limitada ocurrieron durante el período de campaña electoral previo a las elecciones de 2017, en las cuales Rafael Prohens fue electo senador por Atacama. De un año a otro, los pagos emitidos de manera fraudulenta desde Atacama Kozan aumentaron en un 53,7%.
Una testigo muerta
Han pasado seis años desde que los dueños de Atacama Kozan presentaron la querella contra los presuntos responsables de defraudar a la empresa. Para cuando se realice el juicio en la nueva fecha que estableció el tribunal, habrán pasado más de diez años desde que se cometieron los delitos. El temor de los querellantes es que esta demora termine cimentando la impunidad en el caso.
“La posibilidad de que una persona vaya a declarar acerca de determinados hechos se va diluyendo con el tiempo. En la práctica se hace mucho más difícil la declaración cuando ese testimonio se refiere a cuestiones que ocurrieron hace 8 o 10 años atrás”, señala a El Ciudadano Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes del caso.
Un ejemplo de lo que señala Daza es el caso de Olivia Delgado García, una de las testigos que estaba citada a declarar en el caso y que falleció el pasado 8 de agosto en el Hospital Regional de Copiapó, antes de poder entregar su testimonio.
También hay otros testigos que padecen distintas enfermedades o condiciones médicas que podrían agravarse con el tiempo, mientras que otros han dejado la región para radicarse en otros lugares del país.
La promesa incumplida de la reforma procesal penal
Algunos afirman que el caso de Sánchez es solo el síntoma de un problema mucho más profundo, que tiene que ver con los fallos y puntos ciegos que dejó la implementación de la reforma procesal penal a inicios de la década de los 2000.
En teoría, la reforma procesal penal buscaba modernizar un sistema judicial ideado para el siglo XX. De un sistema lento e inquisitivo, basado en recursos escritos, se pasaba a un modelo oral, que entregaría justicia de forma oportuna a la ciudadanía, resguardando los derechos y garantías tanto de las víctimas como de los imputados.
Sin embargo, a 25 años de implementada la reforma, el nuevo sistema ha demostrado tener falencias similares al anterior. Investigaciones lentas y largos juicios que tardan años en generar resultados han terminado por horadar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial del país.
La última encuesta de la OCDE sobre confianza en instituciones públicas arrojó que apenas un 25% de los chilenos siente una confianza alta o moderada respecto al Poder Judicial, en circunstancias que el resto de los países medidos por el organismo marcan un promedio de 54% en este ítem. Los peores indicadores están precisamente en la larga duración de los procesos judiciales y en la poca capacidad que tiene el sistema para generar impactos reales en la conducta delictiva.
A lo anterior se suma la percepción creciente de que existen dos tipos de justicia en Chile: un estudio realizado por la Universidad Gabriela Mistral en conjunto con Black & White arrojó que el 34% de los chilenos que han enfrentado un proceso judicial considera que su situación socioeconómica influyó negativamente en la rapidez del mismo.
“Existe un defecto en cómo el sistema está tratando las causas de mayor complejidad. La dilación en la tramitación de ciertas investigaciones y la excesiva duración de algunos juicios orales finalmente deteriora la legitimidad del sistema de persecución penal en general”, explica el exfiscal Ricardo Freire.
El académico de la Universidad Diego Portales Cristián Riego fue el jefe del equipo de abogados que trabajó en la implementación de la reforma procesal penal durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy reconoce que existe una falencia con la duración de los procesos y que el caso de Francisco Sánchez revela la magnitud de este problema.
“El sistema no ha sido objeto de evaluaciones rigurosas. Los organismos públicos que están a cargo del sistema -el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia- no han hecho evaluaciones para revisar cómo el sistema está funcionando, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son sus distorsiones y cuáles son las posibles soluciones”, afirma Riego en conversación con El Ciudadano.
“Si uno deja pasar 25 años sin hacerse cargo de los problemas, sin siquiera identificar o cuantificarlos, obviamente que esos problemas se van a agravar. Ninguno de estos problemas se ha abordado y ni siquiera se conocen en su magnitud”, agrega.
Respecto al caso particular de Sánchez, Riego señala que “es escandaloso, me parece una aberración, y hay muchos otros casos en los que están pasando cosas parecidas. Este tipo de problemas están siendo enormes y están generando todo tipo de distorsiones en el sistema. Hay malas prácticas que se han instalado, falta de profesionalismo, problemas de coordinación y eventualmente falta de reformas legales”.
Misma opinión tiene el abogado Mauricio Daza, quien recuerda que “una de las razones para introducir la reforma procesal penal y cambiar el sistema anterior era precisamente que los juicios podían demorarse décadas antes de tener una resolución final”.
“Era habitual que pasaran diez años o más desde que ocurrieron los hechos hasta el momento de la sentencia definitiva, y eso fue lo que motivó el cambio del sistema procesal penal. Algo está fallando gravemente con la reforma, porque los mismos vicios por lo que se cuestionaba al sistema previo están ocurriendo en el actual sistema”, agrega.
Más allá de la reforma
Pese a los problemas de la reforma procesal penal, los abogados también señalan que el caso de Sánchez es particularmente anómalo y que no existirían razones que justifiquen un aplazamiento de este tipo.
“Yo nunca había escuchado una cosa así. Ni la ley establece este tipo de plazos ni la reforma procesal penal contempló nunca plazos de ese tipo. Es algo muy, muy anómalo y me parece bastante grave”, señala Cristián Riego.
“En los más de 20 años de ejercicio profesional que he tenido, nunca he visto que hayan reagendado un juicio para un año y dos meses después. He estado en el caso Bombas, Cascadas, Corpesca y SQM, y nunca había visto algo así. No es algo racional. No solo atenta contra el sentido común, sino que también va en contra de los objetivos de una justicia oportuna”, afirma Daza.
Existen más detalles que han sembrado sospechas en la opinión pública. Un reportaje de El Desconcierto reveló que una de las juezas que integra el tribunal que revisará la causa contra Sánchez es Lorena Rojo Venegas, hermana de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, cercana a Renovación Nacional y hoy condenada por fraude al fisco.
También está el hecho de que el abogado defensor de Rodrigo Albornoz, Patricio Pinto Castro, es dueño de un estudio jurídico que cuenta con varios profesionales que podrían haberlo reemplazado al momento de presentar licencia, cosa que no ocurrió.
Uno de los abogados que integran dicho estudio jurídico es Alexis Rogat, exfiscal regional de Atacama que decidió cerrar la investigación del Ministerio Público contra Francisco Sánchez, reduciendo el caso a un conflicto entre privados. Una vez que dejó el cargo en 2024, Rogat se incorporó al estudio liderado por Patricio Pinto.
Finalmente, está la reelección de Rafael Prohens, uno de los empresarios más poderosos de la región de Atacama y hombre fuerte de Renovación Nacional en la zona. Con el aplazamiento del caso, Prohens tiene el camino libre para reelegirse como senador por ocho años más.
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