“Utilizó su cargo como vitrina política”: Diputados del PPD piden a Contraloría investigar gestión de Sebastián Sichel en BancoEstado

La bancada de diputadas y diputados del PPD envió un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar una antecedentes e investigaciónsobre eventuales vulneraciones al principio de prescindencia política por parte Sebastián Sichel, y su equipo, durante su gestión como presidente del BancoEstado.

El oficio señala que mientras Sichel estuvo a cargo de la entidad bancaria “se caracterizó por mediáticos anuncios, muchas veces erráticos, que distaban bastante del perfil esencialmente técnico que demanda el cargo, toda vez que BancoEstado es una de las instituciones más importantes para las personas que habitan en nuestro país”.

Además, plantea que el propio sindicato de trabajadores manifestó públicamente “sentirse aliviados con su salida, toda vez que consideran su estadía al mando del Banco como una plataforma utilizada para promocionar su figura política, más que para ejercer un mandato tendiente a mejorar las condiciones y calidad del servicio prestado a los ciudadanos”.

Los parlamentarios condenaron que tras la renuncia de Sichel, sus colaboradores publicaran en la cuenta oficial de Twitter de Banco Estado expresaba lo siguiente: “Muchas gracias @sebastiansichel por tu gestión, que ayudó a acercar a BancoEstado a millones de chilenos. ¡Éxito en lo que venga! Seguiremos trabajando para apoyar a todos nuestros clientes”.

Esto, de acuerdo a la bancada del PPD, hacía “una clara referencia a los futuros planes presidenciales del señor Sichel, que ya fueron confirmados por él mismo”.

El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, acusó que “tan solo 48 horas posteriores a su renuncia, queda en evidencia las reales intenciones de Sebastián Sichel, muy alejadas por lo demás de las necesidades de Banco Estado. Claramente utilizó su cargo como una vitrina política para sus intereses propios, lo que es muy grave, y esperamos que el contralor se pronuncie lo antes posible”.

Al respecto, el oficio detalla que “que «los servidores y autoridades de Gobierno están impedidos de realizar, en el ejercicio de sus cargos o funciones, dentro de las dependencias públicas o utilizando bienes públicos, cualquier actividad de carácter política, como lo serían, a manera ejemplar, hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos. Así lo han establecido de manera clara los dictámenes 48.097, de 2009; 15.000, de 2012 y 57.207, de 2013, entre muchos otros emitidos por la Contraloría general de la República”.

El texto fue suscrito por los parlamentarios Loreto Carvajal, Ricardo Celis, Carolina Marzán, Tucapel Jiménez, Cristina Girardi, Andrea Parra, Rodrigo González y el independiente Patricio Rosas.