Volodia en 1980: «La historia está siendo interpretada como la obra de una elite aristocrática y jamás como la de un pueblo participante»

Uno de los libros imprescindibles para entender el trance chileno a partir de 1973 es «La gran guerra de Chile y otra que nunca existió» de Volodia Teitelboim, escritor y político comunista, protagonista ineludible de la historia social y literaria del Chile del siglo 20.

Se trata de un texto que indaga sobre los referentes históricos de los golpistas del ’73, contrapuestos con la identidad popular chilena, expresada en la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende, para culminar con la detención de Pinochet en Londres en 1998 y el resurgimiento de todo el horror, «blanqueado» en cierta forma durante el Chile del consenso de los ’90.

En una de sus páginas, Volodia se refiere a los valores culturales que la Dictadura comienza a imponer a comienzos de los años ’80, y que resultan particularmente decidores -o ilustradores- del presente nacional.

Citamos entonces a Volodia Teitelboim:

«El apagón cultural y la persecución se extienden también a la educación y a la universidad, que caen igualmente bajo la dictadura de los generales de Pinochet (todos los rectores son generales). El vicepresidente del Banco de Chile, Javier Vial, hablando en el Seminario del Consejo de Rectores, expone la filosofía universitaria: La educación superior debe ser rentable, rendir buenos dividendos pecuniarios, conforme a la política de autofinanciamiento sustentada por la Junta, como proyección natural del modelo económico vigente.

Pasando velozmente de la teoría a la acción, el siete de febrero se publicó en el Diario Oficial un decreto que establece que a partir de mil novecientos ochenta y uno los alumnos deberán absorber los costos de sus estudios. Según el jefe de planificación del gobierno, la educación debe constituir una inversión monetariamente reproductiva para el Estado. Sostiene además que se necesitan menos especialistas de nivel universitario y más mano de obra sin gran calificación.

Profesores, investigadores, alumnos, rechazan dicha política. La respuesta de la Junta es la expulsión en masa tanto de unos como de otros. Se suprimen carreras y centros de investigación universitaria, en especial de ciencias sociales, área particularmente temida por la autocracia gobernante.

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Se impide la representación de obras de teatro, se incendian salas de espectáculo, se prohíben exposiciones de pintura y otras expresiones de la creación artística. Pesan interdicciones sobre la música folclórica, que se persigue como manifestación enmascarada o abierta de protesta popular. No se admiten en los conciertos ciertos instrumentos musicales identificados con ella, considerados peligrosos, explosivos, como la quena andina. El éxodo de profesionales y artistas obligados a abandonar el país no tiene fin.

Las concepciones oficiales vigentes exaltan el autoritarismo recubierto por una capa aparentemente política. Abominan de la organización y la solidaridad entre los trabajadores, imponiendo una variante del darwinismo social, donde el pez grande se come al chico, según la docta explicación del almirante Merino. La historia nacional es interpretada como la obra de una elite de personajes aristocráticos y jamás como la de un pueblo participante.

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El racismo es otra perla negra del collar. La Junta ha dictado una legislación antiindígena que ha merecido en noviembre de mil novecientos setenta y nueve la condenación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí se denuncia que “han tenido muy poco en cuenta la tradición histórica, la idiosincrasia, las formas de propiedad y trabajo del pueblo mapuche y menos aún sus necesidades y el desarrollo de su propia cultura…”.

Tratan de inculcar a la juventud por todos los medios los desvalores del consumismo, del exitismo individual y del apego al dinero. La desigualdad, según su explicación, no es un hecho social sino consecuencia de factores genéticos: los hombres capaces surgen y los seres inferiores permanecen en la miseria. Su ideología reposa en dos piedras angulares: la seguridad nacional y la economía de libre mercado. La primera concibe el país como un regimiento mandado por un grupo predestinado, a cuya cabeza figura el César de uniforme. La segunda considera al ser humano como una moneda de cambio».

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