Voto obligatorio sin sanción: la derecha no logra quórum por ausencias propias

Este martes 2 de septiembre, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de voto obligatorio, aunque sin sanciones para quienes no participen, debido a que no alcanzó el quórum requerido.

La propuesta de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) tiene por objetivo modificar la ley N°18.700  e incluye sanciones de entre 0,5 y 3 UTM para las y los chilenos que no asistan a votar. En el caso de los extranjeros no serían multados y además conservarían su derecho a sufragar. 

Cabe recordar que, si bien el voto es actualmente obligatorio, la ley no establece multas para quienes incumplan con esta obligación.

Ante el resultado, la diputada Pérez expresó a Emol su disgusto con el Gobierno:

«Hoy hemos visto que el Gobierno no cumple su palabra, hemos visto que lamentablemente se mintió en la Sala por parte de muchos parlamentarios oficialistas. Le mintieron también a la ciudadanía, porque el proyecto que estábamos viendo hoy no tenía nada que ver con el voto en el extranjero. Eso se votó y fue ley el 2022, reforma constitucional, donde votaban electores, y ahí nadie reclamó», declaró. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el artículo 139 bis del proyecto que buscaba que quienes no votaran fueran multados, fue rechazado por falta de quórum al obtener solo 75 votos a favor de los 77 que necesitaban. Además, hubo 47 votos en contra y 14 abstenciones. 

El resultado no se debió únicamente a las abstenciones socialistas y al rechazo del PC, sino también a la ausencia de diputados de derecha, cuyos votos habrían sido decisivos para alcanzar un resultado favorable a su sector.

Entre quienes no asistieron y son parte de la oposición se encuentran: Chiara Barchiesi (PREP), Gonzalo de la Carrera (PNL), Jorge Durán (RN), Cristóbal Urruticoechea (PNL) y Érika Olivera (Demócratas). 

Finalmente, desde el oficialismo, Danisa Astudillo, diputada del PS, declaró:

«Este proyecto debiera tratarse con seriedad, porque el voto obligatorio tiene sentido si va acompañado de formación, de reglas claras y de un marco ético que no cambie según la conveniencia política del día… Lo que no podemos permitir es que se convierta en un instrumento para castigar a los ciudadanos comunes mientras algunos se dan el lujo de cambiar el discurso según lo que le sirva más en las urnas».