Carta-Informe a la OCDE sobre la fragilidad del Estado de Chile

Santiago de Chile, martes 8 de marzo de 2011 Sr

Santiago de Chile, martes 8 de marzo de 2011

Sr. Ángel Gurría
Secretario General OCDE
2, rue André Pascal
75775 París Cedex 16
Francia

Señor Secretario General:

Cumpliendo nuestro rol ciudadano en defensa de los valores superiores de la democracia y las leyes vigentes, y exigiendo como se establece en todo Estado de Derecho que las decisiones públicas se basen en el bien común y no en las influencias de los más poderosos, nos dirigimos a usted para darle a conocer los cables filtrados por WiliLeaks a la prensa, donde se evidencia la presión del gobierno norteamericano y la aceptación del gobierno chileno de violar la legislación ambiental y territorial en nuestro país. Lo anterior se urdió para permitir la construcción de una central termoeléctrica de la empresa AES Gener en un área verde en donde se prohibía tal actividad industrial en la Región de Valparaíso.

La colusión para subvertir el cumplimiento de la ley involucró a los ministros del Interior, de Energía, de Vivienda y Urbanismo y a una serie de funcionarios públicos dependientes de esos ministros.

Ud. puede tener acceso a los cables y los análisis sobre su contenido en Ciperchile, centro independiente de investigación periodística que ha sido seleccionado por su credibilidad por WikiLeaks como su representante en nuestro país.

http://ciperchile.cl/2011/03/01/las-gestiones-conjuntas-de-los-gobiernos-de-chile-y-ee-uu-para-salvar-a-termoelectrica-de-aes-gener/

Como se evidencia, se ha producido en Chile una situación vergonzosa, ilegal e inaceptable, cometida intencionalmente por las más altas autoridades de nuestro país y de EEUU, detectada y afortunadamente divulgada en esos documentos oficiales.

Chile fue aceptado por la OCDE en mayo de 2010, comprometiéndose formalmente a ceñirse a las buenas prácticas en muchos ámbitos y en especial en la protección ambiental y en el buen comportamiento empresarial. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales contienen principios y normas de carácter voluntario estableciéndose planteamientos responsables en diversos ámbitos, entre otros, de la ética empresarial, los derechos humanos, el medio ambiente, la revelación de información, la lucha contra la corrupción, respeto por la competencia, los intereses de los consumidores, etc.

Sabemos que en Chile existe un punto nacional de contacto que está radicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia a la cual nosotros podríamos haber recurrido por las prácticas desleales y abusivas cometidas por la empresa norteamericana AES Gener, pero hemos preferido dirigirnos a usted por las características de este atentado a la sana competencia, y porque estamos ante una colusión pública-privada cuyo propósito fue vulnerar el Estado de Derecho para beneficiar a esa empresa multinacional.

Incluso el embajador de EEUU, Paul Simons, se permitió emitir juicios peyorativos en contra de la Corte Suprema de Justicia. En forma insolente ese diplomático calificó a ese Poder del Estado de “activista” en razón de la sentencia judicial que condenaba el accionar de la Administración chilena. Lamentablemente observamos que sus propósitos en cuanto a exigir a las autoridades competentes que modificaran ex profeso la legislación territorial para revertir un fallo judicial, se consiguieron. Con ello dicho invasivo proyecto energético se está ejecutando en una zona declarada, desde ya larga data, saturada de contaminantes.

Es por ello que solicitamos, por su intermedio, que la OCDE investigue los hechos que le estamos dando a conocer, los que se reflejan sumariamente en los links:

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=561:organizaciones-le-piden-a-la-ocde-que-expulse-a-chile-tras-escandalo-de-corrupcion&catid=1:politica&Itemid=11

http://www.radiobiobio.cl/2011/03/02/tomas-mosciatti-el-tono-maternal-de-bachelet-me-parece-ahora-falso-y-peligroso-muy-peligroso/

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/03/07/campiche-o-como-las-autoridades-tuercen-el-estado-de-derecho/

Consideramos política, ética y económicamente inaceptable que en un país miembro de la OCDE, como Chile, en connivencia con requerimientos de otros países de la OECD como lo es EEUU, lleguen a estos extremos tan perjudiciales para la sociedad con el fin exclusivo de beneficiar los intereses de las empresas de este último.

Somos partidarios de que la OCDE, después de concluir su indagatoria, escuchando a los involucrados y eventualmente a los denunciantes, adopte la necesaria decisión de suspender la membresía de Chile, por no cumplir con los estándares de probidad que se promueven, y, en paralelo, amonestar enérgicamente al gobierno de EEUU por instigar la violación de las leyes nacionales en otro país.

En el entendido de que la OCDE procederá en consecuencia, le expresamos que si el actual gobierno chileno, en el futuro, presenta satisfactorias credenciales, llegando a asegurar a la OCDE que este tipo de deplorables comportamientos no se repetirán y por lo tanto nuestro país está en condiciones de hacerse acreedor a su plena reincorporación, compartiremos esa eventual solicitud.

En razón a que Patricio Herman, uno de los firmantes de la presente, se reunió el 15 de septiembre de 2010 en sus oficinas de París con el señor Peter Avery, Principal Administrator Consumer Policy Unit y con la señora Marie-France Houde, responsable de las empresas multinacionales que operan en los países miembros de la OCDE, a quienes dio cuenta de las inicuas y arbitrarías realidades existentes en Chile, les copiamos a ambos esta nota para que estén debidamente informados de nuestra solicitud.

En el mismo sentido, Sara Larraín, igualmente firmante de esta carta, con ocasión de su participación en el Taller de la OECD sobre “Environment in Regional Trade Agreements” en el mes de septiembre del año pasado en la sede de la OECD en París, también se refirió a estas ilegalidades que constituyen situaciones frecuentes en la toma de decisiones de ciertos proyectos. Por este motivo copiamos esta carta a la señora Yse Serret para que pueda ser comunicada al “Environmental Directorate” y al “Trade  and Agricultural Directorate” de la OECD.

Finalmente, practicando la necesaria transparencia en nuestras actuaciones y como también consideramos indispensable que esta denuncia sea conocida oportunamente  por el Presidente de la República y por el Presidente de la Corte Suprema, instancia agraviada por los dichos del embajador de EEUU en nuestro país, esta formal acusación se le da conocer a ambas altas autoridades.

En espera de su respuesta, lo saludamos muy atentamente.

Sara Larraín
ChileSustentable

www.chilesustentable.net[email protected]


Juan Pablo Orrego
Ecosistemas

www.ecosistemas.cl[email protected]

Luis Mariano Rendón
Acción Ecológica

www.accionecologica.cl[email protected]


Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”

www.defendamoslaciudad.cl[email protected]

cc Sra. Marie-France Houde, OCDE
cc Sr. Peter Avery, OCDE
cc  Sra. Yse Serret, OCDE

cc Sr. Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile
cc Sr. Milton Juica, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile


Texto de autoría externa. Recibido y publicado por

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