La Acusación Constitucional contra el Ministro del Interior

La acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez no podría estar más justificada: no aplicó la ley, menos la hizo cumplir, y la igualdad, consignada en la Constitución es pura declarativa paja molida, pues la cárcel sólo condena la pobreza y no el delito. 

El Presidente Piñera tenía todos los instrumentos para haber detenido a los patrones huelguistas, dueños de camiones: 

En primer lugar, Chile se encuentra aún en estado de catástrofe, (decretado y prorrogado por el mismo Presidente), que le permite no sólo cursar multas, sino también apresar a quienes rompan el toque de queda y las cuarentena, (por medio de un decreto, anuló el derecho de movilización de los ciudadanos, pero no el de los empresarios de camiones), derechos consagrados en la Constitución; durante una semana los patrones de los camioneros burlaron el estado de catástrofe y, además, se dieron el lujo de ocupar las principales vías de circulación en pleno toque de queda.

En segundo lugar, como en La Granja de Oswel, “todos los cerdos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros”: los dueños de camiones pueden hacer lo que quieran con este gobierno y con los ciudadanos a quienes privan del abastecimiento de los alimentos básicos. 

En tercer lugar, el gobierno, con el apoyo de algunos democratacristianos, aprobaron una ley anti-barricadas, que sólo se aplica a los ciudadanos de a pie que se atrevan a protestar en demanda de sus derechos, pero vemos que de las consiguientes penas están exentos los patrones de camioneros, que cortaron el flujo vehicular en varios lugares, incluso, algunos se atrevieron, violando flagrantemente la ley, seleccionando a quiénes podían pasar y a quiénes no podían hacerlo, y llegó a tal extremo de negarse a transportar arroz, o dejar circular las ambulancias, como lo denunciara el ministro de Salud. (Estos mismos empresarios derechistas se espantaron cuando en las manifestaciones de octubre comenzó a aplicarse la consigna “el que no baila, no pasa”.

En cuarto lugar, el ministro del Interior y Seguridad Pública es responsable de la mantención del orden público y de la seguridad ciudadana y del derecho al abastecimiento y a la salud pública, sobre todo en época de pandemia, (no tiene el derecho a favorecer a quienes lo trasgreden, y más cuando el líder de los patrones dueños de camiones fue un candidato a senador por la UDI).

En quinto lugar, es cierto que la fuerza pública debe proteger a quienes hacen uso de su derecho a manifestarse pacíficamente en pro de sus demandas, pero ocurre que cuando este derecho lo ejercen los ciudadanos en contra del gobierno de turno, la fuerza pública les aplica el zorrillo, el guanaco, los perdigones, (causando graves traumas oculares), los desnudamientos, las torturas, las violaciones, (violaciones a los derechos humanos, como lo hemos constatado después del 18-0, y que la mayoría de los casos están aún impunes), pero en el caso de los dueños de camiones , estos represores se tornaron en verdaderas “nanas”.

En sexto lugar, al menos en el caso del estallido social del mes de octubre, el Congreso cumplió con su deber al aprobar la acusación constitucional contra el ex ministro, el “primísimo” Andrés Chadwick.

En séptimo lugar, el Presidente Ricardo Lagos, en su época amenazó con la aplicación inmediatamenta de la ley de Seguridad del Estado a los choferes de micros amarillas, que querían cortar el tránsito en las calles de Santiago que, este caso, se vieron forzados a detener el paro.

En Chile es tan burda la desigualdad ante la ley que a un pobre joven que robó una cassette terminó su vida en un incendio, en la Cárcel de San Miguel, junto a otros ochenta que corrieron la misma suerte por el solo hecho de ser pobres; por el contrario, los ricos no sólo no van a la cárcel por los grandes robos, incluso al fisco, sino que se les condena a seguir “doctorados de seis meses” para encontrar mejores tretas de evasión de impuestos. Don Luis Emilio Recabarren llamaba a la cárcel “la universidad del delito” que, ahora reemplazan las “instituciones académicas de la cota mil”.

Al menos, antes del incendio de Capuchinos la desigualdad en el cumplimiento de las penas era más franco, pues quien tenía dinero podía ingresar a este viejo convento, en pleno centro de Santiago. El inconveniente para presos políticos, (el caso de Clodomiro Ameyda), es que no podían decir que estaban ocupados y tenían que recibir a cuanto visitante acudiera al recinto. En la otra vereda había empresarios que estaban felices de caer en Capuchinos, pues ahí se gestaban los mejores negocios de su vida, con “doctores del narcotráfico y del delito económico”, que estaban obligados a recibirlos.

A mi modo de ver, en Chile no existe la división e independencia de poderes del Estado: el rey-presidente chileno tiene más poder que el que  poseía el mismo Luis XIV, (al menos al rey francés podía importunarlo la fronda y los parlamentos), pero en el caso de Chile, el único poder que tiene el Congreso para controlar a funcionarios abusadores y que atropellan las leyes es la acusación constitucional, (vieja institución que se aplicaba a los gobernadores coloniales); si el parlamento no utilizara estas facultades de fiscalización estaría faltando gravemente a la Constitución y a las leyes.

Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo).

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