¿El royalty es de Piñera o de las mineras?

Hace unas semanas escribimos que las transnacionales de la gran minería le exigen al Gobierno que reponga en el Congreso un proyecto de royalty. No porque estén ansiosas por aportar algo a la reconstrucción, sino porque les urge prolongar la actual invariabilidad tributaria que termina en el año 2017. Al enviar este proyecto, el gobierno de Piñera demuestra que las transnacionales mineras siguen mandando en este país.

A cualquier lector le debe parecer descabellado que las mismas mineras presionen al Gobierno para que envíe un proyecto de ley que les hará pagar algunas centenas de millones de dólares que hoy no pagan. Pero ese royalty no es más que un señuelo que oculta lo que les hará ahorrar a partir del año 2018. Los mil millones de dólares suplementarios que pagarían en los próximos tres años les significan ahorrarse a lo menos 4 mil millones de dólares por año, a partir del 2018.

Expliquemos las cifras. La actual invariabilidad dura “sólo” hasta el año 2017, y por consiguiente a partir del 2018 estas empresas debiesen pagar una verdadera regalía minera de a lo menos 10% sobre las ventas. Eso le reportaría al Fisco unos 4 mil millones de dólares anuales, o sea 32 mil millones de dólares entre el 2018 y el 2025, los ocho años para los cuales el actual proyecto prorroga la invariabilidad tributaria.

Como puede verse, hay un mar de diferencia entre un impuesto específico de apenas 4% sobre las utilidades -que regiría si se aprueba el royalty de las mineras-, y una verdadera regalía minera de a lo menos 10% sobre las ventas. Como queda dicho, este “generoso” óbolo de mil millones de dólares en los próximos tres años le ahorra a la gran minería el pago de 32 mil millones de dólares entre el 2018 y el 2025. Ese es el negocio.

Si el royalty fuese de un 20%, como sugiere la Federación de Supervisores del Cobre, el ahorro para las mineras a partir de 2018 sería colosal. Que organizaciones sindicales tan importantes planteen un royalty de un 20% demuestra que el debate sobre una verdadera regalía minera está lanzado. Ese debate es inevitable y para la gran minería es peligroso que tenga lugar muy cerca del año 2017, cuando se termina la actual invariabilidad tributaria. Las transnacionales mineras desean evitarlo a toda costa porque mientras más nos acercamos al 2017, más difícil será prorrogarla. Tienen que impedir a cualquier precio (los mil millones del proyecto de Piñera) que la invariabilidad tributaria sea tema de discusión en los años venideros. Impedir sobre todo que esa decisión quede en manos del Gobierno que asumirá el año 2014.

Es ahora o nunca piensan las mineras, por eso le imponen a Piñera que acelere el paso con el pretexto de la reconstrucción. Este es un pretexto falaz. Una falsedad absoluta. La invariabilidad tributaria en vigor no impide que se legisle para combatir la evasión tributaria en la que las mineras son eximias, o para reducir la elusión tributaria en la que son maestras. La invariabilidad tributaria (regalito de Ricardo Lagos) no impide que se pueda aumentar el impuesto adicional a la renta -que es el impuesto que pagan los empresarios extranjeros-, de un 35% a un 40%. Los empresarios chilenos ya pagan un impuesto a la renta de 40%. ¿Por qué los empresarios extranjeros pagan menos? No hay ninguna razón atendible.

También se puede aumentar el impuesto adicional a las sumas que las mineras destinan al pago de intereses (conocida fuente de manipulaciones) del 4% actual a un 20%, que es la tasa que aplica la mayor parte de los países desarrollados. También se puede hacer lo que recomienda el FMI: Declarar las pérdidas en los mercados de futuro como gastos no necesarios para producir la renta (se trata de especulación simple y pura). Es posible suprimir el costo de pertenencia, o bien disminuir los precios de transferencia: Todo ello puede aportar 3 a 4 veces más recursos que el royalty de Piñera-mineras, sin afectar la invariabilidad tributaria. De ahí que -si es comprensible que los parlamentarios de la Alianza apoyen el royalty-, este proyecto debiese ser rechazado de plano por los parlamentarios de la oposición, simplemente porque actuar de otro modo va contra los intereses nacionales. ¡Inch Allah!

Por Julián Alcayaga O.

Economista

www.defensadelcobre.cl

Polítika, primera quincena septiembre 2010

El Ciudadano N° 87