¿En qué discrepan políticos y ciudadanos hoy?

Un discurso no sólo señala adhesiones a promesas posibles, sino que contiene y expresa a la vez procesos en curso, en este caso, las demandas de cambio que tienen lugar en el seno de la sociedad civil

A raíz del Mensaje Presidencial de 21 de Mayo, comenzaron a delinearse posturas por el sentido de las palabras de la Mandataria. Para evitar equívocos, supondremos que la distinción entre los políticos y los ciudadanos resulta relativamente clara. Los primeros viven de la política en el sentido weberiano -como empleados del Estado o intelectuales o asesores de los gobernantes en todos sus niveles-; en cambio, los ciudadanos son, en su mayoría, actores sociales o individuales que intervienen y deliberan sobre los asuntos públicos en niveles diferenciados de escalas e intensidades.

Desde que asumió el cargo, la Presidenta Michelle Bachelet ha dicho con claridad que su gestión estaría signada por una ausencia que acompañó el discurso -y también la práctica- de los tres anteriores gobiernos concertacionistas: la ciudadanía. Como lo señaló ella misma: “El 11 de marzo también marcará el comienzo de un nuevo estilo en la política nacional. Un estilo dialogante, participativo. Fui la candidata de los ciudadanos. Ahora seré la Presidenta de ellos. Chile requiere una nueva política para una nueva ciudadanía”.

Se trataba de un discurso muy distante de las formas que habían caracterizado a los gobiernos precedentes y produjo mucho ruido, irritación y sospechas de parte de los políticos más tradicionales. Sentían que una amenaza se cernía sobre la comodidad de sus sitios de poder. Empezaron a levantar la voz para plantear su disconformidad con el giro que podía experimentar la conducción política con la nueva gestión. Desde la ciudadanía, se miró con simpatía la invocación a la sociedad civil como parte de un nuevo diseño democrático de gestión y esto permitió albergar perspectivas que auguraban la emergencia de un nuevo ciclo de convergencia entre sociedad y Estado.

Transcurrido algo más de un tercio del período de Gobierno y luego del Mensaje de 21 de mayo, puede advertirse un quiebre, al menos discursivo, en la propuesta enunciada en diciembre de 2004. En política nada es casual, pero lo que cuenta, finalmente, son los actos concretos. Sobre la base del giro que se aprecia en el discurso del Ejecutivo se pueden formular varias observaciones.

Los políticos del statu quo han logrado influir en la agenda presidencial a partir de ciertos errores de conducción (por ejemplo, el Transantiago) y han impuesto agendas propias o corporativas. Pero no se trata de un “retorno de las polémicas sobre los pensamientos y las definiciones sustantivas que están en las matrices doctrinarias de las diversas culturas políticas” o que “las corrientes políticas chilenas parecieran no sólo haber redescubierto que la política también incluye conflictos significativos entre pensamientos”, como se ha sostenido públicamente.

La falta de un discurso que apela a los sujetos y actores del cambio democrático es una declinación ante los poderes que han bloqueado el desarrollo de una sociedad civil fuerte. Un discurso no sólo señala adhesiones a promesas posibles, sino que contiene y expresa a la vez procesos en curso, en este caso, las demandas de cambio que tienen lugar en el seno de la sociedad civil y que son representadas por quienes disponen de sensibilidad para hacerlo.

La política tradicional es de mantención de privilegios, en esencia conservadora. La ciudadanía del nuevo siglo -multiforme y polifacética- expresa el cambio y la modernidad y políticamente constituye la garantía de desarrollo y perfeccionamiento de la democracia.

El éxito de la visión tradicional y el quiebre de la curva descendente de su declive se encuentra íntimamente vinculado con la capacidad de escucha de lo nuevo, de una renovación en el modo de hacer política. Para la ciudadanía, es un momento más en el desarrollo de procesos o ciclos históricos de construcción y reconstrucción de la inestable y nunca acabada edificación de un orden inclusivo y democrático.

Adolfo Castillo
director ejecutivo de la Corporación Libertades Ciudadanas