El virreinato imperial y la troika golpista en Bolivia

Por Ernesto Eterno:

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, personaje central que dirigió el golpe contra el gobierno constitucional de Evo Morales, conduce gran parte del destino del país desde el Ministerio de la Presidencia. Empero, sería ingenuo creer que este personaje hace las cosas desde su cubículo comiteísta o que piensa el poder desde sus fronteras mentales. Convertido en un bufón exitoso de la política yanqui y pieza clave en la recuperación del control hegemónico del país, Camacho reina en el pedazo de territorio cedido para su disfrute epicúreo. Parte de ese territorio es la Cartera de la Presidencia.

Este despacho tiene la tarea de ordenar tiempos, alinear procesos, definir personas y cargos, pero también convertir a una senadora racista e impostora en presidenta demócrata de “transición”. Conducida bajo los vahos del poder aparente o en calidad de títere deslucida, lo cierto es que Presidencia tiene la capacidad de mover hilos, crear microclimas y fijar rumbos. Solo desde esta perspectiva se comprende que Camacho tiene el poder por el mango a través de su asesor, cómplice y testaferro fiel, hoy Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá.

No hace falta que Camacho dirija el gobierno desde Plaza Murillo o se exponga cotidianamente. Para eso sirve el gabinete aterciopelado que oficia como antesala de su poder. Resulta más rentable ejercer el poder químicamente puro desde Presidencia, y como tal, constituye la mejor correa de transmisión que dispone para gobernar el país desde todos los ángulos.

Si bien resta saber cuáles son los límites de la complicidad o el tamaño de negocios que los une, está claro que Justiniano es un hábil negociador para cercar y/o envilecer a un conjunto de dirigentes sociales, negando a su propia clase. Pero además de armar las piezas del nuevo poder político/religioso, la tarea esencial de Justiniano es garantizar que los mandatos externos se cumplan sin demora en línea directa con la embajada americana, que lo adoptó como su ministro/abogado. Aunque la presidenta impostora fije residencia en el viejo Palacio de Gobierno, el verdadero núcleo de poder opera desde la Casa Grande del Pueblo con extensión en la Cancillería del Estado Plurinacional.

Pues bien, ¿quién es el personaje que gobierna el Palacio de Gobierno bajo la sombra de la Casa Grande del Pueblo? ¿A quién o a quiénes se ha encomendado ejecutar el plan maestro golpista y conducir las nuevas elecciones? ¿Quién define dónde colocar la fuerza bruta, a quién pagar canonjías o con quién sentarse a debatir/negociar el futuro?

Está cada vez más claro que Jerjes Justiniano Atalá constituye el ariete, pero también un clivaje gravitante del poder real, dirigido desde la avenida Arce paceña. Accidentalmente delegado político de la gran empresa cruceña, eslabón de logias y barrabravas deportivas, gendarme de negocios jugosos y aspiraciones políticas de Camacho, con proyección nacional, Justiniano es el hombre ideal barnizado por una supuesta relación amable con el masismo. De padre socialista, quien fue beneficiado con el privilegio de ser embajador ante Brasil durante 3 años y actualmente convertido en un furibundo detractor de Evo Morales, no escatima adjetivos para respaldar públicamente al emblemático alcalde – un empedernido acosador sexual de Santa Cruz –, Percy Fernández, convertido en una decadente pieza de museo. Padre e hijo no esconden sus tentaciones misóginas y su apostolado patriarcal.

Justiniano tiene tareas extremadamente complejas que discurren desde la “pacificación”, con más de 30 muertos a cuestas, hasta la realización de las elecciones del 2020. Para estos afanes dispone de una maquinaria policial-militar hasta ahora compacta, un aparato comunicacional agresivo, equipos técnicos que aún no atinan a entender el funcionamiento del nuevo Estado y un equipo económico cruceño que no sale de su estupor frente a las cifras rojas que empiezan a hacer sonar alarmas de pánico. Las grietas que aparecen en el panorama de la economía de corto plazo señalan el fin de la estabilidad económica y la prosperidad social después de 13 años. Empero, por el momento esto no parece preocupar a Añez o a Justiniano, peor a Camacho, cuya lógica primaria es anclar el gobierno en un muelle sólido para empezar a pagar cuentas, favores y bagatelas propias del oficio golpista, amén de salvar los jugosos contratos de sus empresas vinculadas al Estado.

Justiniano es un híbrido teológico-chicanero entrenado para pensar desde una perspectiva religiosa, culturalmente supremacista y rayana en la mundanidad. Su educación religiosa – formado en colegio y universidad adventista en Argentina y Chile – y su formación en derecho procesal y penal lo llevaron a las grandes ligas de la abogacía cruceña, más cerca de la cultura del delito que de la justicia. Convertido en un personaje importante por los controvertidos casos que le cupo defender, Justiniano es conocido por sus relaciones carnales con la policía y el poder judicial. No solo eso, sus antecedentes se oscurecen por su cercanía protectora a personajes relevantes del circuito regional del narcotráfico – Argentina, Paraguay y Brasil. Es un secreto a voces en Santa Cruz que la especialidad de su Estudio Jurídico es defender narcos o extorsionarlos.  

En efecto, desde el Estudio Jurídico Justiniano Atalá y Asociados (2000), en compañía de abogados de dudosa reputación, llevó a cabo gestiones judiciales controvertidas que la denominada prensa liberal oculta hoy sin rubor alguno. Justiniano fue contratado por Jacob Ostreicher, un ciudadano judeo-norteamericano, radicado en Santa Cruz desde el 2008. El contrato exigía llevar a cabo una defensa agresiva e implacable ante la acusación de su socia, la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, por legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía departamental de Santa Cruz procesó a Ostreicher por la opacidad e imposibilidad para demostrar transparentemente la posesión de más de 27 millones de dólares, presumiblemente provenientes del narcotráfico, transferidos desde Europa a la próspera región oriental de Bolivia.

El Estudio Jurídico de Justiniano tomó a su cargo el caso en un intento fallido por demostrar la inocencia del súbdito norteamericano. Acorralado por jueces y fiscales, en medio de acusaciones de extorsión por abogados del Ministerio de Gobierno y después de un turbulento proceso, fugó del país. Apoyado por agentes de la CIA con aval del encargado de negocios de EEUU, Larry Memmot, y en el marco de una operación encubierta, Ostreicher abandonó el país por la frontera peruana con la complicidad de policías y el propio Estudio Jurídico. El nuevo Ministro de la Presidencia le debe al país no solo una explicación por su complicidad en la fuga del súbdito extranjero, sino también un proceso penal por el delito de encubrimiento y asociación delictuosa. En cambio, EEUU le debe el favor a Justiniano por hacer fugar a un narco, probablemente agente de la propia CIA o de la DEA.

En otro caso no menos escabroso, Justiniano, a la cabeza de su Estudio Jurídico, asumió la defensa del ciudadano boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de narcotráfico por el gobierno de la República Argentina. Sejas, propietario de la empresa GRETA SRL, con más de un centenar de camiones cisternas, responsable de la importación de diésel y gasolina para el mercado boliviano mediante YPFB, fue acusado de usar su servicio de trasporte para introducir marihuana y cocaína a territorio argentino, razón por la cual la fiscalía de ese país solicitó su extradición. Durante un buen considerable la fiscalía argentina había hecho un seguimiento prolijo a las operaciones ilegales de narcotráfico del empresario boliviano, estableciendo sin equívoco su responsabilidad penal.

El abogado/teólogo asumió la defensa de Sejas en un intento de frenar su extradición al vecino país. Para ello, desplegó un aparatoso equipo de abogados impidiendo que Sejas fuera puesto bajo la jurisprudencia argentina. La chicana jurídica fue ostentosa, casi en proporción al patrimonio del convicto que se sospechaba alcanzaba la friolera de más de 30 millones de dólares.

Justiniano también se vio involucrado en la defensa de un adolescente de 15 años acusado de violación grupal múltiple. El resonante episodio conocido como “La Manada” nuevamente exhibió las destrezas judiciales de Justiniano para eludir la responsabilidad de su defendido. A pesar de la presentación de convincentes pruebas periciales y forenses de violación, cometida por 5 jóvenes provenientes de familias cruceñas adineradas contra una humilde joven de 18 años en un motel previa inoculación de drogas, Justiniano nuevamente se salió con la suya. Luego de turbulentas audiencias públicas salvó el pellejo del adolescente de las manos de la justicia sobre la base de las típicas chicanas jurídicas. Hoy mismo, la defensa de la víctima está denunciando que las manos largas de Justiniano imperan sobre el charco de sangre de la joven que salvó la vida por milagro.

El nuevo ministro de la Presidencia es ciertamente una persona experta en lides judiciales, en jugosos negocios protectivos y uso de poderes fácticos. Por el lugar que ocupa en el tablero político, bajo el mando de Camacho, un personaje sin escrúpulo empresarial, los bolivianos se encuentran ante un régimen de potenciales consecuencias cleptocrático/judiciales. El régimen no solo guarda en su vientre una peligrosa carga racista-fascista-religiosa, cuyo riesgo trae consigo el aplastamiento de una fracción de la sociedad, sino también la concentración descomunal de un poder que pondrá bajos sus pies estructuras jurisdiccionales al servicio de sus objetivos más oscuros. Quienes hasta ayer criticaban el secante control del poder judicial y la falta de independencia de poderes por parte del gobierno del MAS, no tendrán pudor alguno para levantar la voz frente al grotesco panorama que se avecina de la mano de los consorcios jurídicos bajo tutela de Justiniano y su nuevo ejército de comensales.

Queda claro que además de la opereta barata de ingresar la biblia al Palacio de Gobierno, lo más evidente es el peligroso estatus que le otorga el nuevo régimen al negocio de la protección de narcotraficantes en todo el país, a plena luz del día. La chicana jurídica se pone a tono con los intereses del régimen. Dicho de otra manera, el nuevo régimen golpista acaba de consagrar al negocio de la protección y defensa de narcotraficantes un estatus gubernamental tan peligroso como la propia organización criminal que lo sustenta.

Entre Camacho y Justiniano existe, además de una comprensible comunión filo religiosa, un extraño juego de fidelidades ideológicas o de lealtades informales, que en algún momento condujeron al propio Camacho a exaltar públicamente la metodología de aniquilamiento de sus enemigos. En uno de sus tradicionales cabildos señaló la necesidad de apelar al método de ajuste de cuentas usado por Pablo Escóbar en Colombia, mediante el uso de su libreta de anotaciones, un método poco ortodoxo al puro estilo sicarial del más célebre narcotraficante internacional.

La prisa de la pandilla golpista para hegemonizar el poder resulta casi enfermizo. En menos de una semana, el régimen, apuntalado por el ministro de la Presidencia, dispuso que el sector más sensible de la economía pasara a tuición personal de Camacho. Impuso al Viceministro de Política Tributaria, al Presidente de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava Morales – funcionario de su Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida -, al Gerente de la Autoridad del Sistema Regulación Financiera (ASFI) y a la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS). Prácticamente toda la arquitectura del control financiero del Estado en manos del jefe golpista, algo así como el pago de un suculento beneficio para destruir las finanzas públicas que fueron difícilmente reconstruidas desde el 2006, luego del saqueo y usurpación neoliberal.

Si las finanzas son claves para ejercer el gobierno “transitorio” no deja de levantar suspicacia su interés por ejercer el control del espacio aéreo y aeropuertos. Camacho dispuso que SABSA, DGAC y AASANA, responsables de la administración de los aeropuertos internacionales, del control civil de la aeronavegación y del tráfico aéreo nacional e internacional, sucumbieran en favor de funcionarios privados vinculados a la línea aérea comercial Amaszonas.  Nunca antes se había producido un asalto privado sobre bienes públicos en tan poco tiempo y con tanta precisión administrativa. Conviene recordar que Amaszonas alimentó la cadena logística del golpe desde Santa Cruz hacia La Paz, trasladando un ejército de sicarios armados para implosionar la urbe paceña. Por cierto, Amaszonas tiene contratos de seguros con la empresa de Camacho y desde el golpe está liberada de cualquier forma de control o supervisión técnica. Tampoco hay que olvidar que Viru Viru, el principal aeropuerto internacional del país, despacha las mayores cargas de droga al extranjero bajo la prolija mirada de la FELCN y su jauría de canes especializados. Camacho lo sabe y por ello su pacto de silencio y complicidad con el verde olivo.

GOLPISTAS DE UNIFORME: UN TENIENTE RETIRADO GOBERNANDO GENERALES BUFONES

Si el poder político acusa recepción en manos de Justiniano, el poder militar quedó bajo control de Fernando López Julio, un ex-oficial retirado del Ejército, proveniente del arma de caballería y especialista en paracaidismo. Egresado del Colegio Militar de la Nación Argentina en 1985, guarda en sus entrañas la marca inequívoca de la dictadura militar rioplatense cuyos antecedentes en materia de DDHH constituyen la mayor vergüenza para América Latina y el mundo. Responsables del asesinato y desaparición de más de 30.000 ciudadanos, los militares argentinos de la época marcaron a sangre y fuego la doctrina de la seguridad nacional promovida por EEUU, en la frágil identidad militar del bisoño oficial boliviano.

López Julio, un subproducto de este clima de radicalismo ideológico político-militar anticomunista, hijo de padre también militar formado y entrenado en la dictadura, se retiró de la milicia boliviana en 1990 para convertirse en un próspero empresario de la comunicación, marketing empresarial y asesoramiento en liderazgo corporativo, con sede en la ciudad de Santa Cruz. Entrañable compañero de promoción del Gral. Kalimán, López Julio logró triangular una fluida comunicación con Luis F. Camacho durante el tiempo que duró el incendio en la región Chiquitana. Esta tripleta amigable fue consolidando sus relaciones e intensificando su comunicación en la medida en que avanzó el plan golpista.

Como asesor de comunicación de Camacho, López Julio no solo acercó el golpe a La Paz sino también llevó consigo el plan, con fecha y hora, en el que Kalimán debería pronunciarse en el turbulento escenario post-electoral. Estaba acordado que Kalimán se pronunciaría en medio de la vorágine de la violencia callejera, bajo el repiqueteo del discurso incesante del supuesto fraude y bajo el fuego cruzado de los medios que alimentaban el clima de odio desde sus antros comunicacionales privados. Todos hicieron su trabajo, también la clase media excitada por el racismo larvario, la rapiña comunicacional y la calles calientes, sedientas de sangre indígena.

En efecto, López Julio logró que Kalimán asestara el golpe definitivo a las 10:00 de la mañana del domingo 10 de noviembre con su invocación a la renuncia de Morales, en medio de un cuadro político ciertamente complejo. Después del motín policial en Cochabamba y su corolario en la ciudad de La Paz, a cargo de la UTOP y otras unidades policiales, la ominosa señal de la corporación militar precipitó la decisión irreversible del Presidente que había ganado las elecciones en primera vuelta. La coartada perfecta de Kalimán se afirmaba en la necesidad de evitar el derramamiento de sangre entre bolivianos. Extraña manera de evitar muertes la de Kalimán y sus amos del momento, que las FFAA junto a la Policía, en una monumental operación conjunta, terminaran con la vida de más de 30 personas, hiriendo a 830 o deteniendo abusivamente a otros cientos, tortura de por medio. Nadie se lograba explicar la fantasmal aparición de tanquetas, aviones, helicópteros, vehículos blindados y miles de soldados y policías, enfrentando a una población que protestaba por el golpe de Estado, el agravio de la Whipala y el autonombramiento ilegal de una presidenta impostora.

El mensaje de Kalimán, tallado comunicacionalmente para la hora definitiva, quedó para el anecdotario. En un acto de indecencia profesional, luego del golpe, renunció ante la presidenta autonombrada junto a sus acomplejados, mediocres y corruptos comandantes de fuerza. Entre el mensaje de Morales y la sucesión ilegal de Añez, la única autoridad que quedaba en las calles fueron las FFAA, vomitando fuego contra sus hermanos, como constatación patética del golpismo gorila.

¿Cómo explicar la definición política de una de las piezas claves del mando militar, que dos meses antes había exaltado y jurado fidelidad pública al proceso de cambio?

No cabe duda que Kalimán sufrió un vuelco moral repentino frente al cañonazo de dólares que le ofreció Lopez Julio. El aperitivo fue el dinero, pero el plato de fondo ofrecido fue la protección del gobierno de EEUU para él y su familia en una cómoda residencia al sur de la Florida, además de un equipo judicial adecuadamente financiado para defenderlo, en caso de ser procesado.

Ambos oficiales de caballería, un arma cuya tradición militar está marcada por un racismo trasnochado, alimentado por la felonía del último régimen golpista y narcotraficante del Gral. Luis García Meza (1980-1981), compartían el profundo desprecio por el nuevo rumbo que las FFAA asumieron al mando de un indígena, que las había recuperado de su peor momento genocida. Evo Morales que creía que el buen trato y el hermanamiento era suficientes para vencer el rencor ideológico de las FFAA con la izquierda nacional, cayó en la trampa del llunkerío corporativo. No comprendió que ninguna fuerza armada que no sea transformada en su pensamiento conservador y en su cultura profesional, dejaría de lado su potencial capacidad golpista.

Morales probó en carne propia que el racismo con rostro civilizatorio que experimentó durante su servicio militar, no era distinto al racismo proimperial expresado por la cúpula militar que lo despreció en el momento más crítico. Paradoja aparte, Evo Morales había hecho lo que ningún gobierno, civil ni militar, democrático ni autoritario, había hecho por las FFAA: dignificarlas ante la nación y el mundo, arrancarlas de las garras ideológicas del imperio norteamericano, que las usaban como carne de cañón, para devolverlas al pueblo, y intentando modificar su doctrina y pensamiento con una dosis de ingenuidad que resultaría frustrante.

Creó la Escuela Antiimperialista para que los oficiales comprendieran que la única manera de ser libres como Nación es erradicar la dependencia militar a la potencia hegemónica. Se intentó educar en el pensamiento militar nacionalista que sostenía que la Nación es la antítesis del imperio. Empero, 50 años de sometimiento cotidiano, de sumisión cultural y de exaltación del poder imperial, no fueron suficientes para desmontar una lógica servil para la cual fueron entrenadas y amaestradas desde los distintos institutos militares de EEUU. Unas FFAA convertidas en apéndice colonial del Comando Sur hasta el 2006 volvían 13 años después, de la mano del mismo Comando Sur, para repetir la misma historia que los soldados renunciaron conocer. En menos de una semana, las “gloriosas FFAA” se convirtieron en los verdugos de su pueblo, en un vergonzoso apéndice neocolonial.

López Julio cumplió las dos misiones que le encomendaron con precisión de relojero: comprarse el Alto Mando y devolver la milicia a las tareas represivas de antaño bajo la tutela imperial. Premiado con el cargo de Ministro de Defensa no tardó mucho en impulsar, junto a Jerjes Justiniano, el Decreto Supremo que asignaba 34 millones de bolivianos para las tareas represivas de unas FFAA bobas que salían a las calles sin preguntarse sobre la función que cumplían. La presión del nuevo Alto Mando militar, frente a las muertes tempranas que ocasionó su supuesta salida preventiva a las calles, obligó al gobierno a promulgar el DS 4078 que otorgaba a las FFAA impunidad en su tarea represiva. Dinero y manos libres para la masacre blindaron la dictadura.

El Ministerio de Defensa hoy está ocupado, como intervenidas están las FFAA, por personal del Comando Sur de los EEUU. El retorno del Grupo Militar de EEUU al Comando en Jefe se hizo sin repique de campanas. Los nuevos mandos están amordazados y en su silencio cobarde no atinan a rechazar los ofrecimientos suntuosos que les acaban de hacer los agregados militares del imperio. Cursos cortos en centros de entrenamiento en Miami, reinstalación de bases militares, viajes a conferencias interamericanas para oficiales y sargentos, turismo para esposas y el retorno de la diplomacia de militar a militar configuran el nuevo panorama de la dependencia y la felonía yanqui. Nunca una potencia había gastado tan poco para convertir un país en colonia aplastando la dignidad de sus soldados. Las FFAA criollas hicieron el milagro, en tiempo record, de volver al pasado de ignominia, ya no con la biblia bajo el brazo como la Policía bufona, sino con el fusil en el hombro, para seguir masacrando a su propio pueblo. ¡Qué ironía! 

El nuevo Ministro de Defensa se frota las manos mirando desde la ventana de su despacho la Plaza Abaroa. Siente en lo más profundo de su espíritu que la cruzada moral contra el masismo fue como una misión cumplida que Dios le encomendó con éxito. Segundos después retorna a la realidad. Piensa que como presidente ejecutivo de Lola Group, junto a otras empresas transnacionales que lidera, tiene la oportunidad soñada para convertir la comunicación, el marketing y los recursos naturales del país en una mina de oro. Las FFAA que hasta hace poco contribuyeron a nacionalizar los recursos naturales serán transformadas en vulgares gendarmes del capital transnacional.  

UN CEREBRO ATROFIADO:  MURILLO, EL FASCISMO DE FIESTA

La presidenta autonombrada no está sola en el festín fascista. Su arrogancia proviene de su intimidad imperial. Funcionarios gringos la rodean con ternura de pingüinos. Incluso pusieron en comisión a uno de sus más caros empleados bolivianos, que trabajó en la embajada americana durante 25 años, Erick Foronda, como su asesor personal en un gesto de generosidad envidiable. Nada está librado al azar para la potencia que tiene a un rufián como presidente del país más poderoso del mundo.

Añez está protegida por dos brazos armados cuyos mandos políticos disfrutan de la orgía represiva. Por un lado, el Ministro de Defensa, Fernando López, un militar retirado que se siente algo más que un mariscal trasnochado, hijo de otro militar fracasado en la rutina de su hamaca. El otro brazo no es nada más ni nada menos que Arturo Murillo, un funesto personaje cuyo oficio es ejercer una grosera idiotez: habla más de lo que intenta pensar. Designado Ministro de Gobierno del régimen transitorio, se siente en la cúspide de su carrera política. Tiene claros dos objetivos trascendentales para consagrar su paso por su ministerio siniestro: masacrar masistas como lo hizo en Cochabamba en enero del 2007, bajo el mando de otro capitán entrenado por la jauría yanqui: Manfred Reyes Villa. El otro objetivo, emprender una cacería inmisericorde contra los líderes del gobierno derrotado a cambio de un plato de lentejas, adobado desde la embajada de EEUU.

El nuevo ministro de gobierno está dispuesto a todo. Asume que ésta es la batalla más importante de su vida. Nunca se había sentido tan poderoso para destruir un proyecto político incompatible con su instinto, pero a su vez nunca había estado tan cerca de cumplir el sueño de aniquilar adversarios políticos por encargo extranjero. Su entusiasmo es febril. Para ambos objetivos cuenta con una policía amaestrada para tareas sucias. Una verdadera “bestia parda” como dirían las víctimas del fascismo de posguerra.

Murillo, pieza clave de la embajada gringa, no necesita recomendación para dirigir la maquinaria represiva que concilia con su espíritu bufón. Camacho como Yáñez están concientes de que el mejor discípulo para cualquier travesía sangrienta es precisamente Murillo, a pesar de que incomoda con su actitud hitleriana. Este siempre estuvo dispuesto a cumplir tareas sucias como un vulgar comisario ebrio de barrio. La cloaca de Washington le dicta requerimientos cotidianos para poner orden en un territorio que supo poner coto a las desmesuras imperiales. Hoy oficia de vengador policial de un imperio que lo desprecia por elemental, pero la necesidad tiene cara de hereje. Lleva en su sangre una saña feroz de mascota acomplejada y por ello es más útil para quienes lo usan como carnaza.

Las sórdidas declaraciones de Murillo a minutos de su posesión lo delatan como si fuera un vulgar asesino a sueldo y no un ministro de Estado. Olvidando que su función es la de otorgar seguridad a la ciudadanía, se precipita en una cruzada criminal contra funcionarios del anterior gobierno, en particular contra el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le profesa no sólo un odio enfermizo, sino un rencor sordo e irreconciliable. Además de a Quintana, promete destruir a otras personas como Raúl García Linera o Hugo Moldiz, militantes del proceso.

El 13 de noviembre, advirtió públicamente que perseguiría y encarcelaría a quienes cometieran “sedición”, un delito definido vagamente con una sanción de tres años de prisión. El régimen de facto no podía tener un mejor vocero para exhibir su ilegalidad y autoritarismo. La lluvia de declaraciones públicas en apenas unas horas confirmaba que el régimen nació preñado de odio y sin temor alguno; manifestaba que su intimidante contienda política no se detendría ante nada ni nadie. Explícitamente afirmó que no se abstendrían en la persecución política agresiva, a pesar de poner en riesgo la integridad física de los presuntos responsables de sedición. Estaba claro que la embajada americana le había conferido todo el apoyo para hacer del ministro un “gánster político”, con la complicidad de los medios de comunicación silenciados.

El 14 de noviembre Murillo señaló que se reuniría inmediatamente con la Policía y daría las instrucciones indispensables para ir en busca de Quintana. “Iremos a cazar a Juan Ramón Quintana […..] porque es un animal” reiteró una y otra vez en medios de prensa. El uso de los términos “cazar” o designar a una persona como “animal” denota no sólo una persecución atroz, políticamente motivada; sino también expresa la deshumanización de la persona perseguida, para justificar la violación de sus derechos o para legitimar el nivel de violencia contra ella.

Estas declaraciones que inducen públicamente al odio y que incitan a que las personas que comulgan con esta misma idea puedan cometer actos fuera de la ley; expresan la naturaleza fascista del régimen tolerado por la propia presidenta autonombrada y sus consortes. Esta sobreexposición mediática agresiva e intimidante contra personas que se supone debieran acogerse a debidos procesos, constituye una muestra fehaciente de la ferocidad del régimen de facto. 

No cabe duda que Murillo representa la síntesis de la brutalidad racista de una clase media encomendera y el odio imperial acumulado contra el proceso de cambio. Sus palabras lo delatan tanto como su torpeza corporal. No es por casualidad que su jefe político, un ladronzuelo de cuello blanco que se enriqueció con bienes estatales durante el ciclo neoliberal, Samuel Doria Medina, lo bautizara con el apodo de “bolas”. Nada más cercano que esta definición para un personaje lóbrego en toda su extensión.

Los antecedentes de este personaje debieran preocupar a una sociedad democrática por su conducta desquiciada y al propio régimen golpista porque deberá enfrentar procesos penales internacionalmente. Sus amenazas violentas y descontroladas, su lenguaje grosero y primario y su mordacidad agresiva e insultante constituyen las pruebas más evidentes de la naturaleza tiránica del régimen.

Murillo es una amenaza para la convivencia pacífica de la sociedad. No es para menos, sus breves rasgos biográficos nos advierten del peligro. En su adolescencia habría sido expulsado por violento y tramposo de los antros en los que medraba y como algún amigo suyo señala, “se hizo hombre a salto de mata hasta que lo cazó la DEA”. Dadas sus características psicológicas, cuadraba perfectamente con el personaje preferido para servir fines tenebrosos. Como pequeño empresario con recursos donados por USAID, empezó desarrollando trabajos en el rubro turístico y hotelero en el trópico de Cochabamba. Prestó servicios de soplón a funcionarios de la NAS y desde su función encubierta lograba delatar a presuntos narcotraficantes.

Murillo tiene tantos vínculos con el narcotráfico, como delatores tuvo la DEA en la misma región. Pasó de ser un delator comprometido en los 90 a ser un pongo político de la embajada de EEUU en los 2000. Contribuyó a la expulsión de Evo Morales del Parlamento, acusado de instigar a la violencia. Este fue su primer acto de venganza frente a un creciente e impetuoso líder cocalero. Evo mantuvo a raya la política de “coca cero” financiada por EEUU en el gobierno de Banzer (1997-2000), que luego se tradujo en sistemáticas masacres contra el sindicalismo de base: más de 30 muertos y centenares de heridos en menos de 5 años durante la gestión Banzer-Tuto Quiroga (1997-2002).

El talante moral del “entrañable aliado político”, como murmuran los funcionarios gringos, está signado por la trampa y el dolo. Para ejercer el oficio de parlamentario, falsificó su libreta de servicio militar obligatorio y durante más de una década usurpó funciones como un vil estafador del Estado. Convirtió la función parlamentaria en un canal regular de denuncias infundadas, amplificadas eficazmente por medios de comunicación, Radio Erbol, Fides y Panamericana, generosamente pagados por sus tutores extranjeros.

Todo apunta a que tiene más aptitudes para ser paramilitar que un parlamentario o un ministro de Estado. Está entrenado para la simulación y el latrocinio: de la mano de la policía inventa escenas de extranjeros sediciosos, cubanos distribuyendo plata en manifestaciones, venezolanos armados en frontera, cocaleros disparándose entre ellos, etc. No cabe duda que está entrenado para armar telenovelas policíacas, dotándole de cierta credibilidad junto a su flamante viceministro de régimen interior, Daniel Humérez. Cabe recordar que en la década de los 90, este oscuro personaje oficiaba como alumno aventajado de la DEA en su condición de fiscal antidroga pagado por la NAS.

Nunca los norteamericanos gozaron de tanto poder como hoy bajo el alero del Ministerio de Gobierno. Así como Defensa está ocupada por el Comando Sur, el Ministerio de Gobierno ha sido intervenido por agentes extranjeros previamente designados para repetir los viejos vicios, abusos y crímenes del pasado.

Murillo nos acerca a los más grotesco de la última dictadura militar (1980-1981). Con un parecido físico fascinante a Luis Arce Gómez, el funesto ministro de la cocaína que solía amenazar a los bolivianos para que vivieran con la biblia bajo el brazo, el ahora ministro de marras no economiza adjetivos para parecerse a su tutor ideológico, Arce Gómez. En una escena casi surrealista, 38 años después, Murillo amenaza a los bolivianos a no subvertir el orden instaurado por la nueva dictadura. Una dictadura que llegó de la mano de la biblia y que hasta hoy y en su nombre ha logrado masacrar a más de 30 bolivianos.

Más allá de lo anecdótico, la función del ministro antisedicioso es la de abrir las compuertas del Estado a la incursión de las agencias norteamericanas, como parte del desembarco gringo, en procura de enmendar el agravio sufrido por el proceso de cambio durante 13 largos años. En este contexto, el miércoles 27 de noviembre, la Policía en Santa Cruz inauguraba con bombos y platillos el primer “Centro Especial Antiterrorista” en el marco de la nueva política impuesta por EEUU. Ni el lugar, ni el nombre del grupo policial pueden ser ingenuos para quienes conocen que las políticas de seguridad extranjeras aplicadas al país se ejecutan en condiciones coloniales.

Por ello mismo, el retorno de la DEA al país es cuestión de horas. El golpismo tiene cheques pendientes con sus amos. No hay que olvidar que esta agencia, además de todos los abusos, crímenes y violación de DDHH que cometió en Bolivia, fue expulsada por Evo Morales el 2008. El gobierno boliviano demostró al mundo entero que su presencia no obedecía a una verdadera y genuina cruzada contra el narcotráfico, sino a intereses geopolíticos, al disciplinamiento político doméstico y al alineamiento a la fallida estrategia norteamericana que justificaba no solo su presupuesto, sino también la expansión de su poder encubierto a escala internacional.

Desde la expulsión de la DEA, Bolivia fue el país más exitoso en el mundo en materia de lucha contra las drogas tanto por los resultados en la interdicción, la preservación de los DDHH, la política de diálogo y concertación con el sector cocalero, además de la erradicación de cultivos ilícitos en parques nacionales. Pero eso no importa, lo que interesa es el disciplinamiento geopolítico del país, el control territorial de la región desde Bolivia y la impostura norteamericana para mostrarle al mundo que su modelo es único y exitoso. 

No cabe la menor duda que en este desembarco gringo que incluirá la CIA, la NAS y otras agencias del horror imperial, Murillo se constituirá en el prócer de la liberación nacional para consumo de idiotas.