A 38 años del juicio a las Juntas Militares en Argentina

Por Jean Flores Quintana

“El Pentágono es importante,

pero más importante que el Pentágono es Hollywood.

Hollywood define la memoria,

la memoria define las políticas».

Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del juicio a las Juntas

Lunes 9 de diciembre de 1985, Argentina.

Tan cerca, tan lejos. Hace 38 años los genocidas que masacraron al pueblo argentino esperaban sentencia en el banquillo de los acusados por sus delitos contra la humanidad.

Así, los criminales del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” rindieron cuenta ante tribunales civiles por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas entre los años 1976 y 1983. 

Con la distancia del tiempo es justo poner las cosas en perspectiva.

Para que se desencadene la serie de hechos descritos acá fueron fundamentales las organizaciones de derechos humanos, establecido esto, también se requiere la decisión política de autoridades competentes que estén dispuestas a pagar los costos, dejando de lado la calculadora electoral y/o los intereses económicos.

En este caso, el presidente de Nación Argentina, Raúl Alfonsín, puso la firma al decreto 158/83 que ordenó enjuiciar a nueve de los diez uniformados que integraron tres de las cuatro Juntas Militares –desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas en 1982-. Ellos fueron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

Pese a integrar la tercera Junta, Alfonsín excluyó de la acusación al general Cristino Nicolaides, sin embargo, este último conoció la justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la anulación de las leyes de impunidad, con las que fueron procesados casi 900 criminales, muchos de ellos, justamente miembros de la cuarta Junta.

Que los criminales de Estado paguen por sus hechos suena del todo sensato, más, aunque parezca contra-intuitivo, la norma es que mueran en impunidad.

Entonces, estamos en Argentina en 1983, el 10 de diciembre asume la presidencia Raúl Alfonsín, y cinco días después firma el decreto 158/83 para someter a juicio a los genocidas. De inmediato, se le fueron al cuello los poderosos. Así lo recuerda, en entrevista con diario El País, Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces del histórico fallo.

“El Juicio a las Juntas Militares fue una serie de consecuencias afortunadas. Lo normal es que no hubiera habido ningún juicio en Argentina porque no había precedentes internacionales. Además, la sociedad no reclamaba el juicio, solamente lo hacían las organizaciones de derechos humanos que pedían que les dijeran qué había pasado con sus familiares. Tampoco lo querían los empresarios, ni la Iglesia, ni los medios de comunicación que hablaban de la necesidad de reconciliarse. Y desde ya los militares, que querían que se los premiara”.

Es oportuno precisar que en una primera instancia Alfonsín respetó la normativa vigente, tal que sean los tribunales militares quienes juzguen a los suyos, sin perjuicio de esto, el decreto 158/83 estableció que la sentencia del Tribunal Militar podría ser apelada por tribunales civiles y por el Poder Legislativo. De este modo, se estableció una ventana jurídica, en caso de ser necesario.

Por supuesto, fue necesario. Tras medio año de investigación laxa, sin intención de sancionar responsabilidades, la Cámara Federal solicitó al Tribunal Militar informar si hubo un método de violación a los derechos humanos, y si los miembros de las Juntas tenían participación. El 25 de septiembre de 1984, tras dos plazos vencidos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, contestó:

“Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables».

Ante esta bravata militar, una semana después -el 4 de octubre- la Cámara tomó la decisión de hacerse cargo directamente de la causa. Los ánimos se fueron caldeando con el transcurso de las investigaciones lideradas por el fiscal Julio César Strassera.

Tal fue el punto de tensión en la sociedad argentina que el Presidente de la República, Raúl Alfonsín, denunció en cadena nacional movimientos sediciosos que buscaban voltear su gobierno, esto, el día previo al inicio de las audiencias que se realizaron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.

“Denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y, en definitiva, se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Los más insensatos se han atrevido a tentar a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas, que van desde presuntos Gabinetes de coalición hasta la posibilidad de golpe de Estado”.

“Los invito a encontrarnos el viernes en la plaza de Mayo. Nos incumbe a todos terminar con la decadencia en la Argentina, por ello es que a partir de los derechos reparados vamos a avanzar cada vez más, hacia la construcción de una democracia participativa. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo para ratificar verdades y certezas; verdades y certezas que aparecen de pronto cuestionadas en la interesada confusión de quienes no creen en su soberanía. Tenemos simplemente la fuerza que el pueblo nos ha delegado, es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones y abandone el ejercicio pleno y responsable de su libertad”.

Alfonsín, al cierre de la alocución, además de denunciar las acciones beligerantes, convoca a la defensa del gobierno con una manifestación popular el día viernes 26 de abril. Se estaba jugando el todo o nada, en circunstancias que además, había heredado una crisis económica galopante. Aquel viernes, casi 300 mil personas escucharon la mítica frase:

“Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que vayamos sacando las conclusiones”. 

Los resultados del Juicio a las Juntas Militares Argentinas son históricos, solo comparables con lo ocurrido en Núremberg, Alemania, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Muchos factores pudieron detener el proceso que sentenció a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, solo por nombrar algunas; naciente democracia, fomentar el espíritu de reconciliación nacional, evitar el revanchismo político, priorizar los problemas que más aquejan a la ciudadanía como la economía, el empleo y medidas sociales, en fin, toda la clase de argumentos que se escucharon, leyeron y dijeron de este lado de la cordillera desde el retorno de la democracia hasta nuestros días, sin embargo, Alfonsín y la mayoría parlamentaria argentina tuvieron la convicción de que la democracia no se podía construir sobre la base de la impunidad.

Con todo el poder económico, comunicacional y religioso en contra, las organizaciones de derechos humanos, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo se negaron a olvidar, cavaron sus trincheras en la memoria, y desde allí la sociedad argentina comenzó a erigirse con los adoquines de la reparación simbólica. La historia, después de todo, ha sido justa con quienes protagonizaron esta cruzada por los derechos humanos. En Chile, el permanente cálculo electoral y el temor a las represalias de la clase empresarial han impedido avanzar decididamente en la reconstrucción de una sociedad fundada en la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.