A la clase política se le está pasando la mano

Las autoridades de gobierno, los parlamentarios, los dirigentes de los partidos, los funcionarios públicos de confianza del gobierno, los altos asesores de las autoridades, y algunos otros ‘personajes’ que obtienen sus ingresos de las arcas fiscales por cumplir funciones dirigentes o administrativas en las ‘superintendencias’ y otras instituciones públicas de alto nivel, constituyen la llamada clase política.

Es una clase social que, como toda clase social, tiene intereses de clase. Intereses que promueve y defiende frente a las otras clases y categorías sociales, en la compleja ‘correlación de fuerzas’ de la que resulta la  distribución social de la riqueza y del poder.

La ‘clase política’ es muy poderosa, pues controla gran parte de las instituciones del Estado, dicta las leyes que regulan la vida económica, social y cultural del país, toma las principales decisiones ejecutivas, tiene acceso directo a los grandes medios de comunicación, determina los impuestos que pagan las empresas y los ciudadanos, tiene el poder de imponer y aplicar multas, y como hemos visto recientemente, se fija y reajusta sus propias remuneraciones.

Como todas las clases sociales, la clase política cumple funciones necesarias en la estructura y organización de la sociedad. A la clase política le compete la misión y tarea de conducir la sociedad teniendo en cuenta los objetivos y expectativas de los ciudadanos, garantizar el orden y la convivencia civil en un marco de justicia, libertad y solidaridad, promover y defender los intereses nacionales, etc., todo lo cual constituye lo que puede resumirse como el ‘bien común’ o el ‘interés general de la sociedad’.

La clase política vive, estructural y cotidianamente, una contradicción objetiva y existencial, entre lo que constituye el ‘interés general de la sociedad’ que tiene la misión de promover y cautelar, y los que son sus propios intereses de clase que, por su inherente condición de clase social, de hecho promueve y defiende.

Hace unos días Jorge Correa Sutil, en una columna en El Mercurio (08/11/14) se preguntaba lo siguiente: “Una encuesta de la UDP nos muestra que un 43% de la población cree que los principales beneficiarios de la reciente reforma tributaria será la clase alta, un 20% que la clase media y tan solo un 16% entiende que beneficiará principalmente a la clase baja. ¿Cómo es posible que una reforma impositiva, diseñada para producir mayor igualdad, sea percibida como un instrumento que favorecerá a los ricos?” (Cabe decir que, obviamente, los ciudadanos incluyen a la clase política en la ‘clase alta’)

Sobre esa pregunta, y sobre los ‘extraños’ resultados de esa encuesta, se dieron en su momento variadas explicaciones, todas ellas referidas a la imagen pública y al discurso comunicacional relacionados con esa reforma. Pero nadie se ha preguntado lo que es más probable: ¿Y si fuera simplemente porque los ciudadanos perciben que  esa reforma no beneficiará a los más pobres, y que esa percepción corresponde en gran medida a la realidad? Consideremos algunos hechos:

1. Hasta el momento, la reforma tributaria ha significado mayor inflación, que afecta mucho más a los más pobres que a los más ricos. Ello no sólo por los impuestos a las bebidas gaseosas y al cigarrillo, de alto consumo popular, sino también porque una parte de los impuestos las empresas lo contabilizan entre los costos y lo transfieren a los precios de los productos que venden.
2. Todos los economistas reconocen que la reforma tributaria está impactando el crecimiento económico, lo cual afectará el empleo.
3. No está en absoluto claro que los dineros de la recaudación irán a los más pobres. ¿Cuánto del aumento que se recaude se quedará en la burocracia pública y en la clase política?
4. Se anuncian grandes planes de obras públicas. ¿Cuántas de ellas se ejecutarán en las poblaciones y en las comunas más pobres del país?
5. En cuanto a la reforma educacional, supuesto destino principal de la reforma tributaria, hasta ahora sólo se ha dicho que se gastará mucho en los colegios subvencionados con copago, y ya se han asignado incrementos presupuestarios a las universidades; pero nada hay aún sobre mejorar la educación pública, que es la de los más pobres.

Y ahora, ante el reajuste de las remuneraciones de la administración pública que ha permitido que los ciudadanos nos percatemos que 500.000 pesos son sólo un 6 % de los sueldos de los parlamentarios, que se pagarán también con la recaudación de la reforma tributaria, ¿cómo cambiará la percepción de los ciudadanos respecto a quienes beneficia ésta? Y ha sido bastante patético escuchar las explicaciones que han dado los parlamentarios: “que no es culpa de ellos, que es el gobierno el que decide”, etc. Como si los ciudadanos pudiéramos creer que un proyecto de reajuste de remuneraciones de la administración pública, que se negocia con la CUT y las organizaciones, es desconocido por los parlamentarios hasta que se encuentran en la necesidad de aprobarlo en el parlamento.

Hay en curso un proyecto de ley que, para mejorar la representación ciudadana en el parlamento, lo que es ciertamente necesario y urgente, aumentará significativamente el número de parlamentarios.  Autoridades de gobierno han dicho que ello no incrementará el gasto público, porque no se incrementará el presupuesto del parlamento. ¿Alguien cree que alguien cree que eso ocurrirá así?

La clase política debiera empezar a comprender que los ciudadanos son inteligentes, que están cada vez más informados, y que ya no creen ingenuamente en lo que les digan, sino que observan y evalúan sus hechos, los resultados efectivos de sus decisiones y acciones.

Leo y escucho a los miembros de la clase política, y no deja de sorprenderme que en lo que más piensan y de lo que más hablan es de ‘la imagen’ pública. Saben que su imagen se encuentra severamente dañada, pero aún no comprenden que no se repara actuando al nivel de la imagen misma, porque ello no hace más que dañarla aún más. ¿Se darán cuenta de que se les está pasando la mano?

Escribo todo esto y empleo este lenguaje duro y directo, porque me preocupa seriamente la gobernabilidad del país y la crisis de la política que estamos viviendo. La gobernabilidad, deben saberlo los miembros de la clase política, es algo que depende casi enteramente de ella misma, o sea de quienes tienen la responsabilidad de gobernar: de que gobiernen con transparencia y con verdad, al servicio del bien común.

Concluyo esta nota observando que lo que siempre se ha dicho y que se afirma como un dogma – que el Estado beneficia a los  más pobres, y que la clase política actúa guiada por el servicio público y en benefico de la sociedad en su conjunto -, es algo que dista mucho de estar demostrado. Una condición para que ello sea cierto y para que la ciudadanía lo aprecie así, es que la clase política subordine clara y distintamente sus propios intereses de clase a los intereses generales de la nación.