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El desarrollo de las políticas antidelincuencia por parte de los gobiernos neoliberales de los últimos 25 años tienen por objetivo central establecer un cerco que permita mantener control social, a través del cual se sostiene el modelo instalado en dictadura.
De la misma forma, con el auspicio de los medios de comunicación tradicionales, se busca criminlizar al movimiento social a través de diferentes herramientas coercitivas que impiden, finalmente el derecho que todo ciudadano tiene de disentir.
El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, se refiere a este asunto en su Columna Ciudadana.
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