Balance de la democracia húngara: de la transición a la regresión

Hace un par de semanas László Sólyom, expresidente de Hungría y anteriormente miembro de la primera Corte Constitucional, afirmó que la cultura constitucional se está desapareciendo en el país tanto en lo legislativo como en la forma de gobernar, ya que el gobierno actual de la derecha no conoce límites en la reestructuración del Estado y de las reglas del juego, de acuerdo con sus intereses de establecer un poder político y económico hegemónico a largo plazo.

El país que hace 23 años realizó una transición exitosa del sistema del único partido a un sistema político democrático y multipartidista, hoy en día no solo enfrenta una crisis económica sin precedentes, sino también la reestructuración y la erosión de su institucionalidad democrática como resultado de las recientes medidas del partido conservador denominado “Alianza de Jóvenes Demócratas”, FIDESZ, que consiguió la mayoría calificada en el Parlamento en 2010 tras ocho años de gobiernos socialistas.

Mientras que la victoria contundente del FIDESZ (68% de los curules parlamentarios) a muchos ciudadanos húngaros les pareció una oportunidad única para que el gobierno nacional utilice este mandato excepcional de manera sabia, y respetando los principios constitucionales se dedique a la tarea de mejorar la situación económica y social cada vez más desesperante del país, la derecha demostró que poco había aprendido de las lecciones de su derrota electoral del año 2002, cuando perdió frente a los socialistas por su arrogancia y un discurso polarizador. Este gobierno, como casi todos desde la caída del comunismo y el cambio de régimen, desde principios evidenció su falta de concepto claro sobre desarrollo económico y social para Hungría, sin embargo, su recursividad ha sido ilimitada en cuestiones de concentración del poder.

Durante sus primeros dos años en el gobierno, FIDESZ ha introducido una serie de leyes que cambian sustancialmente la forma como funciona la democracia y el sistema de pesos y contrapesos. La nueva Constitución o “Ley Básica” como la llama el gobierno y las leyes presentadas arrojan un panorama oscuro del presente de la democracia húngara.

Los cambios institucionales realizados que, en conjunto, constituyen un atentado contra el Estado de Derecho, se pueden clasificar en tres grupos: uno de los que pretende estabilizar el poder del partido gobernante y minimizar la probabilidad de que pierda las próximas elecciones, otro de los que cuenta con un escenario en el cual la oposición gane y gobierne, y un tercero complementario que trata de reducir de inmediato la influencia de entidades de control y contrapeso que eventualmente puedan obstaculizar el ejercicio de sus poderes legislativo y ejecutivo. (Policy Solutions, 2011)

En el primer grupo se destaca la nueva ley electoral que modifica el procedimiento del registro de los votantes y redibuja los distritos electorales teniendo en cuenta la inclinación partidista de cada territorio, de tal forma que favorezca los intereses del FIDESZ, otorgándole más votos que en el sistema electoral anterior. Para mostrar la efectividad del nuevo diseño: de acuerdo con los análisis hechos por expertos, si la nueva ley electoral hubiera estado vigente en los años 2002 y 2006 cuando el FIDESZ perdió frente a los socialistas, los resultados habrían sido al revés. En la práctica, la caída de popularidad de este partido es dramática desde las elecciones pasadas, no obstante, la oposición todavía ha sido incapaz de llenar el vació así creado, gracias a sus propios errores y a la desilusión generalizada de la política que se observa en la sociedad. Aunque las nuevas reglas de juego inteligentemente diseñadas reducen la posibilidad de una derrota en las próximas elecciones, si la tendencia sigue y los partidos de la oposición saben aprovechar su oportunidad, el FIDESZ puede encontrarse en serios problemas para las elecciones del 2014. Por su parte, Gordon Bajnai, el último primer ministro del Partido Socialista Húngaro, en una entrevista reciente afirmó que “la nueva ley electoral en una carrera de 100 metros le da 30 metros de ventaja al partido gobernante, no obstante, con un esfuerzo extraordinario de la oposición es posible superarla.”

En cuanto al segundo grupo de medidas, el partido gobernante hace todo lo posible para asegurar la permanencia de sus cuadros en posiciones claves de los órganos de control a largo plazo, incluso con protección constitucional. Es la mejor forma de desactivar los contrapesos y conseguir que nadie cuestione u obstaculice las políticas del actual gobierno. Si otro gobierno llegara al poder, todavía se puede reactivar a estas instituciones para que ejerzan sus funciones de manera más seria o hasta llegar a sabotear y paralizar al nuevo Ejecutivo.

Así que esta captura de las instituciones asegura una influencia a largo plazo para el partido FIDESZ, independientemente de los resultados de las próximas elecciones. Ya existe una red de lealtades personales y no institucionales en el Estado que desafortunadamente confirma el subdesarrollo del país en materia de democracia frente al modelo occidental, en el cual son más típicas las lealtades institucionales. En resumen, la pérdida gradual de legitimidad de la administración actual está acompañada por un diseño institucional inflexible que obstaculiza las correcciones y el cambio de curso, llevando al país a un callejón sin salida.

El gobierno se dedica a defender sus modificaciones argumentando su legitimidad basada en la democracia representativa, presentando cada nueva idea como “la voluntad del pueblo” y su mandato al nuevo gobierno para llevar a cabo “una revolución”, aunque no se haya hablado de estos temas durante la campaña de 2010. La palabra “revolución”, por un lado, se liga a la idea de enfatizar la magnitud de la victoria electoral, por el otro, a un mesianismo que pretende eliminar cualquier huella del pasado comunista.

Para la derecha conservadora, la Constitución anterior, renovada durante los años de transición y reconocida internacionalmente por su carácter progresista y democrático, fue uno de estos elementos claves por cambiar, en teoría por ser “una Constitución comunista”. Paradójicamente, hoy en día es esta misma derecha anticomunista que está promoviendo un esquema autoritario para el país. De acuerdo con lo anterior, más allá de los asuntos simbólicos y la instalación de una nueva “Ley Básica” de corte conservadora, en el fondo existen fuertes consideraciones de técnicas de poder y manipulación de la democracia.

Aparentemente, el uso del argumento de las mayorías y de la peligrosa expresión “Estado de Opinión” no solo es propio del uribismo en Colombia, sino también apareció con fuerza en el viejo continente. El gobierno húngaro firmemente cree que la mayoría calificada que consiguió en el Parlamento en las elecciones del 2010 le da una legitimidad superior y le autoriza a destrozar los fundamentos del sistema de pesos y contrapesos y acabar con el Estado de Derecho. La creación de la nueva constitución se llevó a cabo en un mes sin un debate serio con otras fuerzas políticas y sin ninguna consulta popular sobre los asuntos claves, o sea, de manera cerrada y excluyente. El gobierno, para mantener la apariencia de una democracia participativa, actualmente está realizando unas “consultas nacionales” sobre temas económicos y sociales, que generan risa en la población por el carácter primitivo y manipulado de sus preguntas y algo de indignación también por la subestimación de la inteligencia de la gente.

Las lecciones de los últimos dos años de la historia húngara son muy vigentes para Colombia, país que padeció diversos intentos de reconfiguración de su institucionalidad democrática durante el gobierno de Álvaro Uribe y en la actualidad enfrenta una crisis institucional no menos grave tras la fallida Reforma a la Justicia. El eventual éxito de las pretensiones uribistas de poner en marcha una nueva Constituyente con argumentos falsos, muy probablemente implicaría una tendencia parecida a la húngara: la eliminación de las garantías y equilibrios cuidadosamente diseñados en la Constitución de 1991 y la derrota final del ya debilitado Estado Social de Derecho. La sociedad colombiana debe impedir que eso pase y debe defender el resultado de su propia “etapa transicional” marcada por la Asamblea del 91, lo mejor que le ha pasado a Colombia durante su existencia como República independiente.

Por Attila Lenti

Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Corvinus de Budapest y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Publicado en www.arcoiris.com.co