Carta abierta a Carlos Pérez Soto o la crisis de ARCIS

Resulta un poco sorprendente que al analizar la crisis de ARCIS, un intelectual crítico como Carlos Pérez Soto, margine por completo los elementos de contexto que tiene la situación por la que atraviesa la casa de estudios. Es curioso también que, junto a ello, el destacado profesor no reivindique un horizonte de posibilidades desde un ideario transformador para el sistema universitario, más allá incluso del caso ARCIS. Creo que ambas omisiones, en el caso particular que abordamos, son expresión de un abandono bastante radical de la perspectiva crítica del análisis de la realidad. Esto es relevante porque, en la primera omisión, se invisibiliza el carácter estructural de la crisis del modelo de universidades privadas no tradicionales, dentro de la cual la crisis de ARCIS, en varios de sus aspectos, no es más que un síntoma de aquella. El profesor Pérez reduce la situación de ARCIS a una deriva puramente interna y olvida, entre otras cosas, que existen 15 de estas universidades investigadas por la PDI, por delitos e irregularidades de diversa naturaleza, sin mencionar los constantes reclamos cotidianos de miles de estudiantes por problemáticas de toda índole. Olvida también que en ARCIS existe un número no menor de estudiantes que vienen huyendo dramáticamente de otras crisis (Universidad del Mar incluida) y que hoy no tienen a dónde acudir para que se garantice su derecho a estudiar, más allá de no haber sido privilegiados con la cuna y, por tanto, con una buena escuela y un buen puntaje PSU.

Del mismo modo, el profesor Pérez omite que la crisis se da en un contexto de debate en torno al proceso de reforma educativa que el gobierno ha comprometido y respecto de la cual ha declarado su voluntad para «sacar al mercado de la educación» y producir un «cambio de paradigma» con el propósito de fortalecer el sistema público educativo. Sin perjuicio de que uno pueda dudar de la efectiva voluntad para producir tales cambios o de que estos se hagan con la profundidad que una mirada crítica esperaría, es innegable que el escenario posibilita la instalación de propuestas transformativas, e invita a conectar la crisis de ARCIS con la necesidad de superar un modelo fundado por la dictadura y que a todas luces hoy se cae a pedazos.

En este sentido, la crisis del modelo de universidades privadas representa una oportunidad real para dotar de contenido el proceso de cambios y exigir la concreción efectiva de aquellas declaraciones que contiene el programa de gobierno, así como las formuladas por el propio ministro de educación, respecto del fortalecimiento de la educación pública. La crisis es un escenario favorable para plantear la necesidad de ampliar la acción del estado en educación y avanzar en la construcción de un sistema público verdadero, con universidades tanto estatales como no estatales. Un sistema público, por cierto, es mucho más que la simple regulación del mercado (cuestión totalmente inviable por lo demás); supone, más bien, la construcción de una institucionalidad específica y el establecimiento de un conjunto de definiciones de política educativa que, claramente, superan la simple argumentación retórica de las universidades autodefinidas como de «vocación pública»; tal autoasignación da para todo y no es más que una estrategia de posicionamiento en el mercado y un modo de proteger la actividad privada al margen de la deliberación ciudadana y el interés público.

El profesor Carlos Pérez elude esta discusión, encapsula la crisis de ARCIS y se limita a darle un certificado de defunción bajo las coordenadas ideológicas de la viabilidad y la rentabilidad económica, o bien, desde los criterios igualmente neoliberales de la calidad, entendida a partir de indicadores de eficiencia. Comparto con él que rescatar a una institución para que siga funcionando en las mismas condiciones de crisis y, en definitiva, estafando a estudiantes y sus familias, es inmoral; pero aquí extraño la falta de imaginación propositiva que una postura crítica se supone debe tener. Limitar la realidad a lo existente es el modo más efectivo de reproducirla, por lo que es exigible a una postura crítica ampliar el razonamiento acerca de los horizontes de posibilidad y, en este caso, emitir un juicio de valor acerca del proyecto académico en cuestión, evaluar el aporte que hace (o ha hecho) al país y determinar las posibilidades de proyectar su ideario institucional en un marco de coordenadas que busquen desplazar los límites de las condiciones de posibilidad actuales; al efecto, una mayor garantía estatal (bajo alguna de sus formas jurídicas), como sustento de un sistema público de educación. Esto, de ningún modo supone excluir criterios de racionalidad y reordenamiento, pero no basados exclusivamente en variables de mercado. Más allá de la justeza o no de nuestro planteamiento, este es el tipo de debate al que puede contribuir una perspectiva crítica frente a la crisis. Limitarse a ponderar la viabilidad financiera de una institución y las consecuencias que ello genera para su gobernabilidad y el funcionamiento académico, es asumir poco menos que el papel de una clasificadora de riesgo. Cualquier juicio, acotado a los marcos actuales de funcionamiento del sistema (financiamiento privado, endeudamiento, bancarización, desregulación, etc.) es evaluar la sustentabilidad de un proyecto universitario según sus posibilidades para concretar la educación como bien de consumo; es en definitiva, instalarse en otro paradigma, desconociendo el debate actual y, en última instancia, desembocar en la ratificación la política como el arte de lo posible.

No soy partidario de defender el caso de ARCIS a ultranza, aun cuando -con voluntad política- se podrían abrir reales posibilidades para su continuidad, pero sí soy partidario de repensar lo público, vinculando la crisis de estas instituciones con la necesidad de generar un nuevo sistema y un nuevo marco regulatorio. Quienes nos organizamos en la Coordinadora Triestamental de ARCIS hemos planteado este camino, como como discusión indispensable para el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, alejándonos de maximalismos, hemos propuesto alternativas inmediatas a la crisis desde una mirada crítica, lo que supone buscar soluciones que tengan cierta viabilidad, pero que a su vez puedan prefigurar u orientar los rasgos de un nuevo modelo; desde allí, propusimos al gobierno introducir una indicación al proyecto de Ley del Administrador Provisorio (AP) que permitiera que el dueño de una institución y su comunidad toda, solicitara voluntariamente su traspaso al régimen de lo público, bajo alguna forma de soporte estatal, con autonomía y participación triestamental. Tal petición no obligaría al Estado a aceptarla, tendría que evaluar la solicitud así como las condiciones de tránsito en caso de ser aceptada. De este modo, por la vía de crisis institucionales profundas y del mutuo acuerdo (con participación democrática) el Estado tendría la opción de ampliar su matrícula (que hoy no supera el 16%) generando expansión y diversificación institucional en torno a un concepto de desarrollo más amplio e inclusivo.

El problema es que la dirección de la universidad, renunciando al ideario fundacional de la institución, jamás aportó nada al debate sobre lo público y la proyección de ARCIS en éste. Jamás convocó a la comunidad a dar una discusión de fondo sobre el tema; más bien negó sistemáticamente la crisis, levantó el discurso de la normalidad y se aferró a prácticas completamente autoritarias. Como salida a la crisis, cuando esta se hizo inocultable, sólo se limitó a repetir la vacía frase de la “defensa del proyecto” para oponerse al rol del Estado y defender, cual entusiastas liberales, el espacio sagrado de lo privado. Esto es, en los hechos, querer darle continuidad a ARCIS como fetiche, bajo fórmulas mercantiles y de autoreproducción del grupo controlador, con la consabida secuela de intereses político-corporativos, secretismo, privilegios clientelares, etc.  La crítica a todo aquello y la conexión de la pelea por rescatar a la universidad con la lucha por la educación pública, es lo que motivó la política de despidos arbitrarios de que hemos sido objeto (incluyéndome). Esta es una arista fundamental del problema, al que tampoco hace referencia el profesor Pérez.

La reflexión que hemos propuesto, a nuestro juicio, sugiere un planteamiento que busca mantener cierto equilibrio entre convicción teórica y condicionantes reales de la política. La disociación que genera la adopción de una postura teórica crítica radical y una posición política puramente pragmática, conduce la discusión de los temas relevantes del país al expediente del interés personal o al de la exquisitez académica totalmente desconectada de la realidad.

*El autor de la carta es profesor y Dirigió el Departamento de Educación de ARCIS hasta el 3 de octubre, momento de su despido por parte de la Rectora Elisa Neumann argumentando “pérdida de confianza”.