Chile lucha por enterrar el pinochetismo sin Pinochet

Por: Patricio Mery  y Jorge Molina

¿Por qué es necesaria una nueva Carta Magna en Chile?

Pregunta que cobra especial relevancia durante estos días ad portas de un nuevo plebiscito nacional, el primero en su historia,  en el que se decidirá aquella interrogante.

No obstante, es menester hacer una recapitulación respecto a cómo la ley fundamental de nuestro país nació y las perversas secuelas que de forma mediata o inmediata generó en la sociedad chilena.

La Constitución Política de 1980 fue redactada por Pinochet y sus asesores más cercanos entre cuatro paredes y fue votada sin registros electorales, sin partidos políticos de oposición, sin prensa libre, sin propaganda electoral en contra, sin apoderados de mesa opositores en las mesas receptoras de los votos.

De acuerdo al doctor en derecho Agustín Squella la Constitución delineó un tránsito a la democracia sumamente lento y, más encima, un tránsito a una democracia groseramente limitada en cuanta expresión de la voluntad popular y representatividad de las instituciones; de hecho, Pinochet y sus adversarios la denominaron “democracia protegida”.

Jaime Guzmán ideólogo de la misma explicaba esta aberración así:

“La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”.

La constitución del dictador buscaba garantizar la desigualdad, pobreza y concentración de la riqueza. Las cifras  de Chile son espeluznantes:

El 1% más rico captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. 

Peor aún, estas cifras parecieran ser estimaciones conservadoras ya que cuando se incluyen las ganancias no distribuidas de las empresas (ganancias retenidas al interior de las firmas) las cifras resultan aún más alarmantes: solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados (Top incomes in Chile: a historical perspective of income inequality; 2019).

De acuerdo al informe “How’s Life” (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo.

Según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos han aumentado en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares.

El gobierno señaló que en estos tiempos de crisis sanitaria debe emplearse el seguro de cesantía para tener ingresos; sin embargo, se estima que hay 2,5 millones de trabajadores informales, quienes cuentan con escasos ahorros, producto de precariedad laboral y la vorágine de tener que sobrevivir diariamente.

El Presidente de la República pidió a los empresarios que hagan un esfuerzo en no despedir a sus trabajadores; un discurso que mediáticamente iba dirigido a las Pymes, de las cuales un 70%, según la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), sufre dificultades económicas. No obstante, algunas empresas multinacionales que facturan cientos de millones de pesos mensuales como el caso de Starbucks, McDonald’s, Burger King, la cadena internacional de vestuario H&M, etc., se acogen a la Ley de Protección al Empleo, con lo cual suspenden de manera unilateral las  jornadas laborales y con ello el no pago del salario.

Se exige perentoriamente a los adultos mayores que no salgan de sus viviendas y que hagan sus trámites online o que un familiar les haga las compras; sin embargo, según un estudio de la Pontificia Universidad Católica: 459.686 personas mayores de 60 años viven solos y con escaso contacto familiar y comunitario. Amén a lo anterior, la Fundación Sol dice que el 80% de los nuevos pensionados en Chile ni siquiera logra autofinanciar una pensión superior a la línea de la pobreza.

Luego, considerando los actuales niveles de desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, el niño de una familia pobre necesitaría en promedio por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos en los países de la OCDE.

Como vemos Chile sigue viviendo un Pinochetismo sin Pinochet. Solo un cambio de la constitución permitirá resolver estas inequidades a través de un  nuevo acuerdo social, que finalice con los abusos instaurados a sangre y fuego por la dictadura y posteriormente mantenido por los gobiernos  de la socialdemocracia.

  
Es sintomático de la época de interrupción democrática que el Código político surgido en 1980 estableciera como valor fundamental, de acuerdo al artículo 1 inciso 5, la seguridad nacional y no la libertad, igualdad, justicia y fraternidad.

Es hora que los postergados, humillados y vilipendiados del sistema tomen las riendas, ¡por fin!, de su destino y este 25 de octubre se apruebe la redacción de una Constitución Política, en un espacio democrático, pluralista y popular. Chile necesita dialogar y construir consensuadamente una norma fundamental donde nadie sea excluido en razón de arbitrariedades, como los conservadores derechistas lamebotas de los militares que en base al saqueo se hicieron millonarios a costa de las riquezas del país y a costa de pueblo llano.