Chile por fin tendrá menos políticos

Por Juan Pablo Sanhueza Tortella, Presidente Partido Popular

Con esa frase el Consejero Constitucional de la UDI, Edmundo Eluchans, anunció este sábado con indisimulada satisfacción, la votación que reduce la cantidad de miembros en la Cámara de Diputadas y Diputados. Su par, Arturo Phillips, también de la UDI, reconocía a su vez que “estamos dando una señal simbólica de austeridad de recursos públicos, porque en momento donde el país atraviesa crisis nos apretemos el cinturón. Además así nos acercamos a la lógica de los 90’s donde funcionaba mejor la política de los acuerdos”.   Más allá del detalle cuantitativo, me referiré al fenómeno mismo de la frase enunciada por los Consejero de derecha y sus distintas aristas. 

Por una parte, uno de los pilares del Congreso Nacional en general y la Cámara de Diputadas y Diputados en particular, es representar en proporciones más o menos equitativas la diversidad territorial y demográfica de Chile. Así la distribución de escaños en la Cámara responde a la necesidad de evitar las sobre-representaciones de unos territorios sobre otros, así como también garantizar que las leyes sean propuestas, discutidas y aprobadas en un órgano que busca representar de manera fiel y descentralizada la realidad de nuestro país. De lo anterior se desprende que lejos de reducir el número de Diputados debiésemos centrar el debate en la posibilidad de fortalecer su carácter descentralizado y representativo. La lógica nos diría que a menor número de Diputados, menor representación política de la ciudadanía en el Congreso Nacional.

Eso en la teoría, pero, ¿en la práctica? No necesitamos ahondar mucho para enfrentarnos a la triste realidad de parlamentarios con escaso o nulo compromiso territorial, con una preocupante amnesia respecto de sus múltiples y creativas promesas de campaña y con una distancia obscena de la cotidianeidad de millones de compatriotas que no se sienten representados por quienes dicen hacerlo ni ven que haya voluntad de acercar posiciones con las urgencias de la ciudadanía. ¿Se solucionará aquello reduciendo los escaños para retornar al elitista sistema binominal? no vamos a culpar al empedrado. 

En un segundo orden, al disminuir los escaños no se eliminan los políticos, sino que aquellos políticos que legítimamente desean disputar por fuera del binominal, es decir, por fuera del pacto de la transición. Entonces el punto, es que de una manera corporativa, lo que está haciendo la casta político-empresarial es restituir el sistema binominal para cerrar la puerta de la democracia y perpetuarse en el poder. 

Evidentemente, esto genera consecuencias en el desprestigiado sistema político, manipulando las posibilidades de elegir y excluyendo a expresiones que deseen salirse del marco de la política de los acuerdos, es decir, asegura sus puestos de poder a aquellos que desean mantener todo como está. 

La excusa de la austeridad fiscal no merece mayor análisis y es un insulto a la inteligencia de la gente, toda vez que esa reducción de inversión no se irá al bolsillo de contribuyentes ni se empleará en políticas públicas, tampoco es significativa en términos de gasto a nivel país. Si quisieran dar señales de austeridad simbólicas debiesen haber apoyado desde el primer día la reducción de las dietas parlamentarias y no haberse agarrado como gatos de espaldas a los abultados sueldos y asignaciones que recibieron durante tres décadas, o mejor aún, hubiesen dejado de destinar cientos de millones de pesos en contratar servicios innecesarios para la labor parlamentaria que sólo acentúan la brutal burbuja de privilegios que les separa de sus representados, o mejor aún, hubiesen propuesto terminar con el despilfarro de recursos que, a costa del parlamento y por consecuencia de todos nosotros, se destinan en gastos de hospedaje, movilización y otros ítems que están lejos de ser utilizados en la labor propia del cargo. No vamos a mencionar tampoco la eliminación del Senado, porque esa reducción considerable del gasto público sería a su vez una pérdida de concentración de poder innegociable para aquellos que quieren impedir cualquier cambio y progreso en Chile. Pero no, no se trata de reducir privilegios, sino de mantenerlos en menos manos. 

Finalmente, en términos filosóficos, no podemos pasar por alto el discurso anti-político que reproducen los Consejeros, este discurso que tanta utilidad presta a quienes históricamente han tenido más apego a la concentración del poder en pocas manos antes que a la democracia, y que, sostenidamente han bregado por reducir los espacios de decisión pública y colectiva para privilegiar el privado juego de intereses donde quienes no compiten en las elecciones tienen asegurado su escaño en el Congreso Nacional. Detrás del discurso de “menos políticos” no viene un futuro de mayor prosperidad ni una redistribución de dietas parlamentarias entre los contribuyentes, sino una reproducción de las existentes injusticias económicas en el plano político.

La política nos hace libres y es la forma que tenemos los plebeyos, los comunes, los de abajo, para poder pararnos de igual a igual con los poderosos de siempre. La política no sólo es el mero ejercicio de depositar un voto en una urna cada cuatro años, sino un ejercicio permanente que los seres humanos practicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La política se refleja en la responsabilidad que asumen las presidentas de Juntas de Vecinos cuando deciden organizar un comité de seguridad para cuidar el barrio, en las campañas que año a año se levantan para sostener los costos de millonarias operaciones, para pagar arreglos estructurales de inmuebles, para recolectar ropa y comida en beneficio de quienes las requieren, para encontrar hogar a un animal callejero o para organizar una navidad en un pasaje.  

El problema no es de la política ni de la cantidad de escaños de representación en un parlamento, el problema es esencialmente cultural y dice relación con la necesidad de pasar de un régimen de la demanda a uno de la responsabilidad. El primero entiende la representación política como la prestación de un servicio, donde quien paga (o vota en este caso) se siente estafado porque el servicio no es lo que decía el contrato (propuestas de campaña) y el prestador (“políticos”) no se siente en la obligación ni compromiso de cumplir a sabiendas de la inexistencia de herramientas para forzar su ejecución o poner término anticipado al contrato; por tanto es de toda lógica que cualquier sentimiento de odio y rechazo encuentra tierra fértil en la impotencia de esta situación injusta y real. El segundo régimen, de la responsabilidad, sin desconocer lo anterior nos sitúa en un plano donde no somos observadores ni inocentes respecto de quiénes legislan a nuestro haber. Es decir, ya sea por nuestra acción u omisión quienes están allá a kilómetros del Chile real, fueron electos gracias a nuestros votos, abstenciones o campañas. En ningún caso creo que haya que cargar más de responsabilidades la mochila que tiene la jefa o jefe de hogar promedio, pero tampoco me parece que nos desentendamos de nuestro rol en una comunidad política. 

Muchos dirán que todo es culpa de los medios de comunicación, y si bien, tienen una cuota de responsabilidad informativa o desinformativa, según sea el caso, descansar en esa tesis de manera absoluta nos pone en escenarios que sólo alimentan más la anti-política. A saber, para nadie es un secreto que los medios de comunicación representan mayoritariamente la opinión política de sus dueños y una de las canchas donde se juega la batalla cultural es allí, en la disputa de los medios tradicionales, la creación de medios populares y el uso de las redes sociales para comunicar lo que se nos plazca. Si, por ejemplo, alguien espera que determinado medio de comunicación, cuyos dueños tienen inversiones en el negocio forestal y minero esté a favor de dar tribuna a las comunidades y vocerías sociales que se oponen al extractivismo y al monocultivo, por el sólo hecho que su versión “ha sido invisibilizada por los medios”, entonces el problema es de quienes demandan una objetividad imposible a los medios y no del medio ni de los auditores. Por tanto, mientras antes entendamos que la hegemonía no es necesariamente una imposición violenta sino un ejercicio permanente de seducción y conducción cultural de una sociedad, vamos a tratar menos a la gente como títeres alienados por los medios y vamos a asumir más la responsabilidad de disputar el sentido común. 

Sin duda no basta con votar, también hay que fiscalizar y organizarnos (en campañas, juntas de vecinos, comités de vivienda, comités de seguridad, con amistades, con familiares, en nuestra comunidad de fe, en movimientos y partidos). Al sálvese quien pueda que impone el neoliberalismo, respondemos con comunidad organizada.

Para los sectores anti-pueblo siempre será una buena noticia disminuir las instancias de expresión y representación popular, lo celebraron hace 50 años cuando la dictadura cerró el Congreso Nacional, lo celebran hoy cuando logran reducir uno de los pocos espacios donde los comunes tenemos una ventana de oportunidad para incidir en el futuro de Chile.