“Control de Daños” en la BUAP

El 6 de mayo en la tarde salieron dos convocatorias para la renovación del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Por qué dos y no sólo una? Porque una es para elegirlos en la modalidad presencial y la otra en la modalidad electrónica. No cabe duda de que este es un procedimiento sui generis.

Esta “novedad” en realidad es el resultado de una estrategia remedial, lo que llamaríamos un “control de daños”.

¿Qué se entiende por control de daños? Se refiere a las acciones que una persona o institución toma para minimizar, mitigar o corregir los efectos negativos de un error o una situación adversa.

La situación adversa, en el caso de la BUAP, fue el estallido del paro estudiantil que puso sobre la mesa un conjunto de necesidades, deficiencias y carencias debidas a las condiciones de estudio vividas por el estudiantado, a su insatisfacción con el tipo de educación recibida, a la falta de respeto a sus derechos fundamentales como estudiantes y ciudadanos, a la falta de seguridad, específicamente en lo que toca a la preservación de su integridad física y emocional y, de manera muy enfática, a la falta de una conducción democrática por parte de las autoridades y funcionarios de la universidad. Todo esto fue debidamente fundamentado y expuesto en un pliego petitorio de más de 50 páginas.

La convocatoria para la renovación del consejo emitida en 2023 impuso la votación electrónica. Esta vez autoridades y funcionarios recurrieron a una “consulta”, por cierto electrónica, para “justificar” la doble convocatoria. De esta manera, de las 44 unidades académicas 26 elegirán a sus consejeros(as) de manera presencial y 18 de manera electrónica. Los consejeros del personal no académico serán elegidos(as) en las dos modalidades, de acuerdo con las convocatorias.

Así, casi el 60% (59.1) de las unidades académicas se decantaron por la modalidad presencial. En la lista de ellas, sin embargo, encontramos lo esperado, pero también sorpresas. Por ejemplo, de los cinco institutos el de Fisiología y el de Ciencias de Gobierno serán electrónicas, lo esperado. Pero los Complejos Regionales del Sur y Nororiental serán presenciales, lo inesperado.

Esta decisión de la rectoría, pues esta es la instancia que emite la convocatoria, tiene la finalidad de “controlar los daños”. En lugar de promover y propiciar un proceso electoral basado en la información relevante y llevado a cabo de manera abierta, pública y colectiva, se organizan las elecciones en 20 días, del 6 al 26 de mayo, cuando podría durar 10 días más, diez días para involucrar en el proceso electoral a la mayor cantidad posible de universitarios, diez días más para cumplir con una de las funciones centrales de la universidad pública en tanto forjadora de ciudadanos informados y críticos.

En lugar de alentar a estudiantes, docentes y administrativos a participar, a registrar tantas fórmulas como visiones y proyectos de universidad ofrecería una comunidad plural, coartan esta diversidad encajonando todo el proceso en 20 días cuando puede ser, según la legislación vigente, de 30 días.

Esta también es otra medida para “controlar los daños”.

El “daño”, por supuesto, es para autoridades y funcionarios y su control férreo del proceso electoral de principio a fin, especialmente en lo que toca a la imposición de candidaturas únicas, resultado de la serie de obstáculos burocráticos interpuestos a las fórmulas independientes de estudiantes, docentes y administrativos.

Tan es cierto que esta doble convocatoria obedece a un “control de daños” que incluso algunas bases de las mismas se sustentan en los acuerdos tomados en las mesas de diálogo, acuerdos que el estudiantado estableció como condiciones para levantar el paro.

Desconocemos el documento que contiene estos acuerdos, y en las convocatorias no se explicitan. Pero en los requisitos para ser consejero(a) alumno(a) (Punto 4, II.b.) se señala: “Para ser representante del alumnado se requiere tener la condición de regular, conforme al reglamento respectivo, además de lo previsto en el acuerdo séptimo de la mesa de diálogo número tres, celebrada el 29 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria.” Quién sabe en qué consistirá este acuerdo, pero debe ser importante porque atañe a los requisitos para ser consejero(a) estudiante.

Igualmente en Requisitos Comunes (Punto 4, IV.c.) “No ser parte del funcionariado público, sindical, dirigente de partido político o integrante de organizaciones con carácter de asociaciones, sociedades con interés político o social al momento de su designación ni durante el ejercicio de su cargo, conforme a lo previsto en el acuerdo sexto de la mesa de diálogo número tres, celebrada el 29 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria.”

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Asimismo en el Punto 29, cuarto párrafo, se establece: “En términos de los Lineamientos de Tutoría y Mentoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las y los Lobomentores, no deberán abordar asuntos de proselitismo o campaña en favor de personas candidatas de la Unidad Académica, conforme a lo previsto en el acuerdo sexto de la mesa de diálogo número tres, celebrada el 29 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria.” Es de imaginarse la labor encargada a las y los lobomentores en todos los procesos electorales anteriores para que alumnas y alumnos hayan exigido el cumplimiento de este acuerdo específico.

¿Qué hacer para que este “control de daños” no fructifique, sea inefectivo? Participar todas y todos con fórmulas independientes y llamar al voto. A mayor participación, menor capacidad de control tendrá la aceitada máquina del poder.

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