Coyuntura política y crisis institucional

 La crisis institucional sigue profundizándose hoy día, los poderes fácticos intentan acotar el nivel de información y de percepción generalizada sobre la corrupción y los hechos que se investigan de los grupos empresariales y los políticos del duopolio, como antesala para generar un clima que permita una impunidad y sanciones atemperadas para alguno de sus responsables. Por otra parte, el gobierno parece sin brújula y lleno de contradicciones dentro de los sectores reformistas, y los que están por los cambios han ido perdiendo fuerza en favor de la lógica de la vieja Concertación, que busca cambiar el eje de reformas que ha sido demandado por las mayorías para retomar una agenda proempresarial que limite al máximo todo cambio mínimo en el modelo económico  e institucional neoliberal. Ahora se nos  amenaza con la desaceleración de la economía y la caída de la bolsa mundial y sus efectos en el precio del cobre y otros, con ese mismo argumento se pretexta reducir aún más las moderadas reformas propuestas por el propio gobierno, con ese discurso se busca abrirle paso a una agenda que descanse en la administración sin contrapeso del modelo económico actual.

 

Hoy el gobierno vuelve a cometer otro error destituyendo al intendente Huenchumilla de la Araucanía, que si bien no tenía una gran capacidad de maniobra frente al conflicto que sigue enfrentando al Estado chileno con el pueblo mapuche (y del cual y en el cual se benefician las empresas forestales y los grupos económicos) su destitución demuestra la incapacidad del gobierno para construir estrategias y respuestas que no sean la sola respuesta represiva y de endurecimiento a la cual el Estado y todos los gobiernos de turno post dictadura están acostumbrados frente al conflicto con el pueblo mapuche.

 

Por otro lado, la demanda por una nueva Constitución nacida de un proceso que devuelva a las y los ciudadanos su facultad constituyente y soberana, es decir, mediante una Asamblea Constituyente democráticamente electa sigue expandiéndose a lo largo y ancho de Chile.

 

Este miércoles el gobierno recibe a un conjunto de organizaciones de distinto tipo agrupadas en torno a la demanda por la Asamblea Constituyente.  No estarán en ese encuentro representadas todas las organizaciones y movimientos que promueven la AC, pero consideramos positivo que el Gobierno comience a reconocer a sectores y movimientos que promueven la Asamblea Constituyente.

 

Lo que resulta claro es que dentro de la actual institucionalidad de la Constitución y parlamento es imposible una salida real a la crisis, y menos que se elabore una Constitución realmente democrática con participación real, Carta Magna que restituya derechos sociales y soberanía económica al conjunto de las y los chilenos. No se equivocan los grandes grupos empresariales cuando desde la SOFOFA y la CPC señalan su temor a que una nueva Constitución generada por un proceso realmente democrático como una Asamblea Constituyente pudiera poner en cuestión o limitar el «derecho de propiedad,» estableciendo un nuevo rol del Estado en materia económica, social, institucional y cultural. Este es el centro del conflicto que se conoce como crisis de institucionalidad, el que enfrenta a la vieja política y los grupos tradicionales con los movimientos sociales y ciudadanos y con los nuevos movimientos políticos y sociales que emergen en Chile de hoy.

 

En este escenario se hace urgente y sigue pendiente la confluencia y construcción de un gran referente social y político de las fuerzas de izquierda progresistas e intransigentemente democráticas, como tercer referente claramente alternativo a la actual derecha y a la Nueva Mayoría Gobernante.