Cuando el cuerpo se vuelve territorio político

Por Verónica Aravena Vega

En Chile, el avance de José Antonio Kast hacia La Moneda no puede leerse solo en clave nacional. Detrás de su discurso conservador hay una arquitectura transnacional de poder que articula valores, dinero e influencia política. Kast no es únicamente un candidato: es el nodo chileno de una red global que busca reinstalar un orden moral basado en la desigualdad y el control sobre los cuerpos.

Desde 2022, Kast preside la Political Network for Values (PNfV), una plataforma internacional con presencia en más de 30 países que agrupa a políticos, fundaciones y activistas de corte ultraconservador. Entre sus principales aliados se encuentran CitizenGo y HazteOír, organizaciones nacidas en España y financiadas, en parte, por think tanks estadounidenses vinculados a sectores católicos ultramontanos y al Atlas Network. Detrás de sus consignas —“defensa de la vida”, “protección de la familia”, “libertad de conciencia”— se oculta una estructura política global que busca frenar los avances feministas, los derechos sexuales y reproductivos y toda forma de diversidad que cuestione el patriarcado cristiano.

La PNfV funciona como un espacio de articulación de la derecha cristiana internacional. En sus cumbres —celebradas en Budapest, Ciudad de México, Bogotá o Nueva York— convergen líderes del partido español Vox, del Fidesz de Viktor Orbán, del Partido Republicano de Estados Unidos y de grupos antiaborto latinoamericanos como el Frente Nacional por la Familia en México o la Red de Acción Ética Política en Chile. Kast no es un participante pasivo: ha sido anfitrión y ponente central en varias de estas instancias, defendiendo un proyecto político que entiende el Estado como extensión de la moral religiosa.

En Chile, el derecho al aborto —limitado a tres causales desde 2017— representa un mínimo ético de autonomía y salud. Sin embargo, para Kast y sus aliados, esa ley es una puerta que debe cerrarse. Lo ha afirmado sin rodeos: “No vamos a transar en el tema del aborto.” Su entusiasmo por la anulación del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos fue revelador: celebró la decisión como “un triunfo de la vida sobre la muerte”. Pero detrás de esa frase hay una agenda más profunda: eliminar el derecho de las mujeres a decidir, reducir su ciudadanía al mandato de la maternidad y reinstalar el control patriarcal bajo la retórica de la compasión.

Estas redes no son abstractas: financian campañas, producen contenidos digitales, entrenan cuadros políticos y colonizan el lenguaje público. Su estrategia no es confrontar de manera frontal, sino infiltrar los debates sociales desde la idea de “defender valores” o “proteger la infancia”. La neutralidad moral se vuelve trampa: cada palabra busca desplazar la conversación sobre derechos hacia un terreno emocional y religioso, donde las libertades se presentan como amenazas y los cuerpos como campo de batalla.

Si una figura como Kast llegara a la presidencia, no solo se pondría en riesgo la continuidad de la ley de aborto en tres causales. Se habilitaría un retroceso estructural en la relación entre Estado y ciudadanía. Lo que está en juego no es únicamente un tema sanitario o moral: es el modelo de convivencia democrática. Porque cuando la política se somete a los dogmas, lo que se erosiona no es la ley, sino la libertad.

Chile ha recorrido un largo camino para reconocer, aunque parcialmente, el derecho de las mujeres a decidir. No se trata de una conquista menor: implica el reconocimiento del cuerpo como territorio de soberanía personal. Revertir ese avance, o paralizarlo, sería reinstalar una lógica en la que las mujeres son tuteladas por el Estado, por la Iglesia o por el miedo.

Por eso, mirar a Kast no es mirar solo a un candidato, sino a un ecosistema político que se extiende más allá de nuestras fronteras. La derecha internacional ha entendido que la batalla cultural se libra en los cuerpos y en los significados. Por eso financia movimientos, medios y partidos que reactiven el conservadurismo como respuesta al feminismo y a las luchas por la igualdad.

Defender el derecho al aborto en Chile no es solo una causa feminista. Es una defensa radical de la democracia. Porque una sociedad que no reconoce la autonomía de sus ciudadanas, que limita el deseo, que legisla sobre la reproducción y el amor, no es una sociedad libre. Y cuando el cuerpo se convierte en territorio político, el silencio nunca es una opción.

Por Verónica Aravena Vega

Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional.

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