De golpes, militares y policías

Todos los golpes militares que se sucedieron en la historia, siempre tuvieron un acompañamiento civil y el aval del país hegemónico en el mundo: EE.UU. Es ese acompañamiento civil -o no-, lo que finalmente determina el éxito- o no- de los golpes militares en Paraguay. Así sucedió en el 1989 con el derrocamiento de Alfredo Stroessner, tras la decadencia de la Guerra Fría y las caídas de las dictaduras de América Latina. Según el reporte oficial, durante el golpe del 2 y 3 de febrero del 1989, fueron asesinadas 29 personas, pero los datos cruzados dicen que habría unas 41, jamás se supo a fondo qué pasó con esas vidas, quiénes son los responsables de esas muertes. La naturalización de los asesinatos en un contexto de cambio de gobierno ya es como una ley en Paraguay.

Los intentos de Golpe en los que se le adjudicó liderazgo a Lino Cesar Oviedo no tuvieron éxito por falta de un acompañamiento civil organizado en las élites empresariales. Hubo matanzas durante el marzo paraguayo, a esos ocho jóvenes muertos nadie siquiera los recuerda hoy y el único condenado es Walter Gamarra, aquel funcionario del Ministerio de Hacienda que se puso a disparar como si estuviera de cacería en medio de la manifestación. El proceso democrático ya ha costado muchas vidas.

Intentaron muchas veces hacerle un golpe al gobierno de Fernando Lugo. En los primeros tiempos, por parte de Nicanor Duarte Frutos y el ex general Lino César Oviedo, según el mismo Lugo denunció a sólo un mes de asumir el gobierno en el 2008. En octubre del 2008, tres meses después de asumir la Vicepresidencia de la República, Federico Franco viajaba a Buenos Aires con colorados y oviedistas para reunirse con referentes opositores a Fernando Lugo y ya comenzaba a hablarse de su rol opositor como “El Cobos Paraguayo”, y luego, de sus constantes conversaciones sobre juicios políticos. Los detractores de Fernando Lugo sabían que primero debían conseguir el apoyo civil no sólo de la élite empresarial y militar, sino un consenso de los partidos y un mínimo apoyo ciudadano. Entonces, comenzó la operación de desgaste público cada vez más fuerte.

El 15 de junio ocurrió la masacre de Curuguaty. Fueron asesinados 11 campesinos y seis policías -también mayoría hijos de campesinos- en el marco de un suceso no esclarecido y que, a juzgar por los intereses en juego, tampoco pretende esclarecerse. Apenas horas después de consumarse el hecho, la elite empresarial y sus representantes ya hablaban de “Juicio Político”. El primero que confirmó la noticia, Blás N. Riquelme -el supuesto dueño que finalmente no era el dueño porque eran tierras públicas- decía que “habían más muertos que en el marzo paraguayo”, como instalando la necesidad de proceder al juicio político. Esta vez, no hubo militares involucrados, pero las muertes de los policías y las formas en que se dieron las cosas permite al menos preguntar: ¿Será que hubo una especie de trampa montada desde la propia Policía para asesinar al jefe y sub-jefe del Grupo Especial de Operaciones? Ambos tenían muchísimas experiencias en operaciones de este tipo y formaban parte de los leales a las Política de Seguridad del Gobierno de Fernando Lugo. Es una pregunta que genera un montón de otras preguntas que aquí no podremos expresar ni responder. Pero antes de empezar a buscar las respuestas a esta única pregunta, es importante tener en cuenta el contexto internacional.

LATINOAMÉRICA

Lo que sucede en Paraguay no puede ser desvinculado de lo que sucede en la región y los intereses de las potencias que históricamente han tenido presencia en América.

Durante la Guerra Fría, toda América Latina respondía a las estrategias de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. El cambio del paradigma con el fin de la Guerra Fría, es decir, la caída de la URSS, la superación de la llamada “unipolaridad”, el surgimiento de nuevas potencias mundiales y la conformación de bloques de mercados regionales de las últimas dos décadas ha replanteado un escenario internacional en donde Latinoamérica como zona de paz y de comercio se estaba consolidando con un modelo característico autónomo de la zona.

América Latina estaba logrando una estabilidad política que permitía a su vez unas fórmulas económicas superadoras del Consenso de Washington en materias de políticas económicas. Después de las privatizaciones de la década del 90 y tras la crisis del 2001, Argentina se había recuperado en tiempo record contrariando los pronósticos de los grandes economistas de las agencias multilaterales; Brasil había empezado a reducir a pasos agigantados la desigualdad -medida a partir de la Escala de Gini- mediante los llamados “gastos sociales”; Chile había repuntado su industria y aunque sí le afectó la crisis económica mundial desatada en el 2008, esa crisis no había tenido la repercusión hecatombita anunciada para la región y más bien tuvo un efecto “controlado”.

DE IRAK A LA IV FLOTA

Uno de los principales motores de la economía de EEUU es la industria militar. En el año 2008, año en que estalla la mayor crisis económica mundial de las últimas décadas, la Guerra de Irak llevaba cinco años y los ciudadanos de Estados Unidos e Inglaterra ya empezaban a molestarse por la situación. George Bush había prometido que haría el retiro de las tropas de Estados Unidos de Irak a finales del año, antes había entrenado a las fuerzas policiales para responder a “la resistencia iraquí”, en medio de acusaciones de corrupción a varios miembros de las fuerzas militares que antes eran leales a Sadam Husein. El Plan Colombia a su vez oxigenaba el conflicto armado por este hemisferio. La Industria Militar de Estados Unidos, repetimos, es el principal motor de la economía de ese país.

Pero mientras se anunciaba el retiro de tropas de Irak, EEUU reactivaba la llamada IV Flota en el Atlántico Sur desde el 1 de julio de 2008.

En el 2009, cuando un grupo de militares-con apoyo de detractores igual de fanáticos que los “anti-izquierdistas” paraguayos- efectuó un golpe contra el presidente Mel Zelaya en Honduras, la comunidad internacional y la latinoamericana en particular condenaron el Golpe, excepto EEUU. Este país ya tenía una base desde la década del 50 en Palmerola, Departamento de Comayagua, pero en el 2010 se instaló Taracasta, en el Departamento de Gracias a Dios (frontera con Nicaragua). En el 2011 se anunció la tercera base de EEUU en Islas de la Bahía y en el 2012 se confirmó que ésta será la más grande de toda Latinoamérica.

En el golpe de Honduras, los militares habían tenido un rol tan protagónico que a los ojos del mundo fue difícil no relacionarlo con un golpe. Pero en Ecuador, en septiembre de 2010, una rebelión de la policía tomó al presidente Rafael Correa como rehén en un hospital, hasta ser liberado después de un tiroteo prolongado entre la policía y militares leales a Correa. Fue un intento de golpe… esta vez no fue con militares, sino con ¡policías! ¿Se viene una época de golpes cívico-policiales? En Paraguay, la Policía Nacional tuvo altísima participación en el suceso de Curuguaty que montó el escenario político para el golpe.

EL FANTASMA BOLIVIANO Y LAS BASES MILITARES DE EEUU

Tras el Golpe Parlamentario ocurrido en Asunción el 22 de junio, EEUU se mantuvo “cauteloso” en condenar lo ocurrido, pero tampoco reconoció explícitamente al Gobierno de Federico Franco. Al poco de consumarse el hecho, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Paraguay, José López Chávez, admitía haber adelantado negociaciones con militares de alto rango de Estados Unidos para instalar una base militar en el Chaco del Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia.

El no reconocimiento del nuevo gobierno de facto por parte de los países de la región, empezaba a generar un hito en la crisis de relaciones internacionales de Paraguay con el regreso de una política exterior que roza el chauvinismo en nombre del patriotismo y el nuevo concepto de soberanía golpista: no aceptación de las reglas del Mercosur y la Unasur y el apoyo en las empresas multinacionales del agro-negocio y la negociación con Río Tinto Alcán. El gobierno de facto azuzó la idea de la nueva Triple Alianza y el fantasma del armamentismo de Bolivia.

A pocas semanas, la ministra de Defensa del Gobierno de Facto, María Liz García declaraba que “tenemos que prepararnos para la guerra si queremos vivir en paz”, insinuando una hipótesis de conflicto en el Mercosur. Días después, se colocaba en la opinión pública una nueva política de enrolamientos y un plan para invertir en armas. En ese contexto, todo el tiempo se presenta la opción de una alianza con Estados Unidos en los discursos mediáticos.

Los diputados Edgar Ortiz (PLRA) y Víctor Yambay (ANR) plantean que “la única forma que vamos a poder defendernos es teniendo una base militar norteamericana”. Estas declaraciones fueron dadas a partir de la impopularidad de la medida de invertir en compras de armas los recursos económicos concretados durante el gobierno de Fernando Lugo por la triplicación por la compensación de energía cedida al Brasil en Itaipu.

Si bien, oficialmente EEUU “negó interés” en la instalación de bases militares en el Chaco, cada vez la situación real de las negociaciones se tornan más nebulosas y de confirmarse una posibilidad de una base militar en Paraguay, no sería extraña, ya que EEUU -como las otras potencias extraregionales- saben que la región latinoamericana tiene un carácter estratégico para el futuro del mundo por sus recursos naturales y sus potencialidades para la producción de alimentos necesarios para las próximas décadas.

Por Fátima E. Rodríguez

05/09/2012

Publicada en www.apeparaguay.org