Democratizar las comunicaciones: un desafío urgente para los DDHH

Tras los esfuerzos por mantener en pie un proyecto colectivo que busca fortalecer la conciencia y la cohesión social, más las experiencias locales adquiridas como la de haber logrado integrar a vecinos de diversas edades en la producción de una comunicación independiente. Al día de hoy, es mucha la impotencia que han acumulado en el curso de este año los comunicadores sociales del mundo popular. Esto es debido a que, a la fecha, se han podido constatar, en diferentes regiones de nuestro país, varios casos de cierre de medios de comunicación comunitarios. Tales como los que se señalan a continuación: En agosto, se formalizó al representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las licencias correspondientes. A éste se suman, el cierre de las radios Conexiones y Renacer de Lota, VIII región, y de Radio Galactika de San Antonio, V región. La incautación de equipos a Radio Montedónico 2000 y UV 15 de Valparaíso, V región, siendo también amenazada la radio Placeres de la misma ciudad. Así como el hostigamiento y amenazas sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro Aguirre Cerda. Las acciones judiciales en la mayoría de los casos han sido presentadas por la Asociación de Radiodifusores de Chile ARCHI, gremio que agrupa principalmente a los empresarios de la radiotelefonía. Todas fueron acusadas por el artículo 36 B de la Ley de Telecomunicaciones, que otorga penas de hasta 3 años de prisión, multas de hasta 140 millones de pesos y la incautación de los equipos.

Por otra parte, este año también sufrieron hostigamiento y represión medio televisivos como: Umbrales TV, canal de televisión popular de Villa Francia y el canal comunitario de Malloco NDTV. En agosto, la Subsecretaria de Telecomunicaciones solicitó a la Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu demostrar su autorización para operar; las características técnicas del sistema radiante y del transmisor utilizado; y la frecuencia de operación del sistema y horarios de transmisión del Canal 3 de Pichilemu, VI región. Lo mismo ocurrió al Centro Cultural “Red Comba TV”, IV región, cuya demanda fue imputada a su presidenta, por el delito de operar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad respectiva, previsto y sancionado en el artículo de 36 B letra a) de la Ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, la misma utilizada para las radios. Sin embargo, esta ley no rige a los canales comunitarios. En Chile no existe una legislación específica para éstos, por lo tanto, no pueden ser ilegales ni legales. A pesar de esto, a los dos canales se les ha prohibido transmitir, siendo amenazados de cierre.

Si bien la Cámara de Diputados acaba de aprobar el Proyecto de Ley que crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, presentado como un proyecto que favorece la existencia de radios comunitarias, esta nueva ley limita más bien su funcionamiento y condiciona su existencia al control del Ejecutivo. Ahora, se les exigirá la posesión de una personalidad jurídica, responder a ciertos grupos estipulados por la ley, debiendo algunos ser reconocidos como tales por otros cuerpos legales y visados por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, y en el caso de los pueblos originarios, por la D.O.S. Además, se mantiene lo dispuesto por la Ley General de Telecomunicaciones, promulgada en 1982 durante la dictadura de Pinochet para silenciar a las radios opositoras.

Por otra parte, actualmente se discute en el Parlamento, la adaptación de la Ley de Televisión Nacional en su traspaso a la norma Digital, tecnología que se introduce en todo el mundo, y que el gobierno de Chile, después de años de indecisión, acaba de optar para esta, por la norma japonesa. Ante el conocimiento de este proyecto de ley, en abril, la Red de Televisiones Populares (RTP) manifestó su preocupación a la presidenta, ya que el proyecto inicial no incorporó en su elaboración la participación de todos los actores involucrados, y no menciona a las televisiones comunitarias, por lo que se solicitó una audiencia que aun no se ha llevado a cabo. Sin embargo, la RTP elaboró indicaciones al proyecto de ley, con el fin de incorporar sus propuestas, lo que les permitió ser invitados al Parlamento y escuchados por la Comisión de Ciencia y Tecnología en Julio.

Pero mientras se avanza por un lado, se retrocede por otro, en Agosto, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá y la Presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Vivian Heyl, celebraron la firma del Convenio que crea el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional y que permitiría dar cumplimiento a la Ley de Prensa, ceremonia a la cual no se informó a tiempo a los medios comunitarios e independientes, siendo invitada la RTP el día anterior y anulada dicha invitación ese mismo día. Este vergonzoso hecho demostró claramente la autenticidad de la intención pluralista del gobierno, aunque la ministra se comprometió a recibirlos prontamente.

En cuanto a la Ley de Prensa, es evidente que la prensa escrita está considerablemente afectada por la falta de pluralismo informativo y por la pésima distribución del avisaje publicitario estatal, concentrado en dos grandes conglomerados. Pero las evidencias no pueden quedar silenciadas tan fácilmente. La valentía la tuvo la revista Punto Final que demandó hace un año al Estado chileno por discriminar a los medios independientes en la distribución del avisaje. En la ultima audiencia a principios de septiembre, ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Gonzalo Velásquez, que representa los intereses de los ministerios de Hacienda, Justicia y Mideplan, aseguró que “los ministerios demandados se han ceñido de manera estricta a la ley” . Esta iniciativa es de gran importancia, puesto que abre el debate a la opinión pública chilena y también por que incluye la mirada del derecho internacional de los derechos humanos.

Y si de DDHH hablamos, podemos agregar la persecución y/o amedrentamiento a los comunicadores sociales, todos los golpes y vejaciones que reciben regularmente reporteros, fotógrafos y camarógrafos cuando cubren manifestaciones públicas. Y es que en Chile los DDHH no terminan de violarse. Recordemos también que recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados una ley que restringe las libertades democráticas, responsabilizando civilmente a organizadores de manifestaciones en el espacio público donde se produzcan “desordenes o desmanes”. ¡Qué ejemplo más fiel de la nula libertad de expresión que se puede ejercer en nuestro país! Al mínimo intento de expresar una reivindicación los administradores del país protegen sus arcas, sus puestos y sobretodo su imagen, sacando los perros a la calle, soltando a los dragones, lanzando a sus fuerzas a enfrentar a la ciudadanía para aplicar toda la violencia e inhumanidad que permite el control del espacio público.

Es así como son violentados los DDHH de los pueblos, nuestros derechos colectivos a ser consultados, a ser partícipes de las políticas públicas, a opinar y decidir sobre el destino de los recursos naturales de los territorios que nos pertenecen; por ser parte de una nación o de un pueblo originario. Son derechos consagrados en las convenciones internacionales de DDHH, algunas ratificadas por Chile, para mostrarse como un país democrático a los ojos del mundo. Pero, qué sabe el mundo cuando la imagen que ve de Chile es lavada, maquillada y estilizada por la mayoría de los medios de comunicación oficiales y masivos, nacionales y extranjeros. Prácticamente son los sitios de Internet, blog’s y listas de correos electrónicos, los que logran hacer circular la información sobre las violaciones a los DDHH en nuestro país; las de primera generación, como son el derecho a la vida que se ve afectada con la represión policial, con la privatización del agua, con la contaminación del mar. Por eso, es preciso hablar de violaciones a los DDHH también cuando se trata de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son por ejemplo los derechos a la salud, a la vivienda. Y también de los Derechos de los Pueblos, que son aquellos que surgen de éstos mismos, dando reconocimiento y dignidad a comunidades, a naciones y que contribuyen de forma colectiva a mejorar la calidad de vida de los pueblos y a respetar las diferentes visiones del mundo.

El derecho a la comunicación es uno de éstos últimos. En América latina este es un derecho emergente, fruto de la tendencia regional a abrir mayores espacios democráticos y como una consecuencia del surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC). Este hecho ha transformado las relaciones humanas, las estructuras socioeconómicas, las interacciones dentro de las comunidades y las proyecciones políticas de forma tan considerable que la información ha pasado a ser el centro de la organización social y fuente de riqueza y poder. “Dada la importancia de las NTIC para la sociedad, el acceso en condiciones de igualdad material a la información y al conocimiento producido por esta misma debe convertirse en un derecho para todas las personas, que no puede estar sometido a las leyes del mercado y que requiere de una protección jurídica especifica” .

Por estos motivos, las iniciativas de la Red de Televisión Comunitaria (RTP) y Red de Medios de los Pueblos (RMP) se vuelven indispensables. La decisión de apoyarse mutuamente y generar mecanismos para ejercer sus derechos, generando lazos a lo largo de todo el país, ha demostrando que la unidad y la organización son indispensables en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Para continuar ejerciendo una labor social, sin fines de lucro, informativa, educativa y de desarrollo local que practican los medios de comunicación comunitarios. Es así como, la presencia de la RTP en el seminario de TV digital organizado por el Centro de Políticas Publicas de la Universidad Católica, y de la RMP en el Foro de la Libertad de Expresión organizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, son iniciativas trascendentales para posicionarse en la discusión a todos los niveles y escenarios. En el primero, se interrogó al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, al Subsecretario de Telecomunicaciones y al Vicepresidente del Consejo nacional de televisión sobre el cierre de los canales comunitarios. En el segundo, se denunciaron los casos aquí mencionados ante la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero.

Hoy es urgente impulsar estas iniciativas y reconocer que la sociedad civil es capaz de expresar sus reivindicaciones y generar propuestas. Por lo que uno de nuestros desafíos actuales para los DDHH en Chile es que la comunicación sea considerada como un derecho fundamental, que se distribuya el espectro radioeléctrico equitativamente en tres tercios (publico-estatal, privado y comunitario) y que el Estado asegure el acceso a todos los ciudadanos al uso y a los recursos de las NTIC’s.

Por Nanette Liberona