Detenidos Aparecidos

Luego de 17 años de dictadura, y 18 más de procesos judiciales, uno espera que un Chile del siglo XXI sea capaz de asignar justicia y de cerrar ciclos. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. La aparición de “falsos detenidos desaparecidos” implica una serie de cuestiones. Primero, destapa una estructura legal ineficaz, donde gente se puede beneficiar indebidamente de recursos fiscales. Segundo, identifica graves falencias en la Comisión Rettig y la Comisión Valech para detectar auténticos detenidos desaparecidos. Y tercero, reafirma que a Chile aún le falta una distancia sustancial por recorrer para cerrar heridas del pasado y construir un país de justicia y unidad.

Durante el gobierno de Aylwin se hicieron las primeras diligencias para identificar a las víctimas del gobierno militar y esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 1973 y 1990. Desde entonces existen varias vías para entregar medidas compensatorias a los familiares de las victimas.

Una de ellas es la Ley 19.992, la cual estipula una pensión de reparación en beneficio a la gente afectadas por violaciones a los derechos humanos que está en la nómina de personas reconocidas como víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech). Bajo esta estructura legal el Estado chileno ha desembolsado cerca de noventa mil millones de pesos (promediando un millón y medio anualmente por persona) para reparar monetariamente a las víctimas de crímenes en contra de derechos humanos.

El hecho de que veinte años después aparezca gente que nunca estuvo detenida ni desaparecida desprestigia y deslegitimiza el proceso. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, no lo pudo haber dicho mejor: “no puede haber ningún caso de alguien que tenga la condición de detenido desaparecido sin serlo”.

Tal como cualquier política pública implementada por el Estado, las leyes que regulan los crímenes de derechos humanos deben ser acertados, efectivos y eficaces. Y tal como en las políticas públicas comunes, lo peor que podría pasar con las leyes de reparación es que los “errores” no fueran hechos aislados, sino que síntomas de una enfermedad sistemática. Y hasta el momento, algo de eso parece haber. El sucesivo resurgimiento de gente foránea indica un cierto grado de manipulación –o al menos de negligencia– en el proceso.

En esto, las comisiones de justicia encargadas de identificar a las víctimas de violencia política y de violaciones a derechos humanos, juegan un papel central. Si bien ambas comisiones (Rettig y Valech) tienen importantes responsabilidades y culpas que asumir, el primero cuenta con importantes excusas que explican las inexactitudes, mientras que el segundo simplemente no tiene como justificar sus descuidos.

Por un lado, la comisión Rettig, que sesionó tan sólo nueve meses entre 1990 y 1991, no sólo estuvo bajo la presión nacional (e internacional) de entregar resultados inmediatos –en la medida de lo posible–, sino que además estuvo conformado por integrantes que sirvieron en cargos cardinales dentro del gobierno militar. Por otro lado, la comisión Valech sesionó –desde 2003 hasta 2005– bajo plenas condiciones de tecnología, democracia y libertad. Su objetivo específico consistió en detectar y enmendar toda inexactitud de la comisión Rettig. Si bien se logró un trabajo mucho más circundante y acabado que lo alcanzado por la primera comisión, no fue suficiente.

Los recientes casos de “falsos detenidos desparecidos” derrumban toda esperanza de contar con logros tangibles alcanzados por las comisiones Rettig y Valech. Es más, estos casos, por un lado, sirven como ejemplo de lo tedioso y engorroso que resulta llevar a cabo un proceso judicial ligado a DDHH, y por otro lado como una señal de incertidumbre que al parecer inapelablemente estará constantemente presente en la resolución de temas ligados a este tipo de violaciones. En definitiva todo esto indica que falta trabajo por hacer. Si bien lo que se ha logrado por medio de estas comisiones ha sido un avance significativo, está lejos de ser un retrato cabal y verosímil de los crímenes ocurridos durante los años de Pinochet.

En teoría, para emendar estos errores hay dos caminos: el de la unidad y el político. El camino de la unidad significa aceptar los errores –independiente del color político– como un traspié natural en un tema de esta envergadura. Muy por el contrario el camino político significa optar por una senda confrontacional.

En la práctica el único camino viable es el político. En un año electoral y con tanto poder en juego la Alianza no puede dejar pasar esta oportunidad para caracterizar a la Concertación como un lobo con piel de oveja. En la práctica la Alianza usara estos hechos para mostrar la ineptitud, corrupción y desgaste de la Concertación. Por su parte el oficialismo se verá arrinconado y obligado a defenderse mediante recursos argumentativos que dividen a chilenos entre los pro y contra democracia, contradiciendo justamente su otrora ofrendas de prosperidad y unidad.

Si bien ambos caminos son una estrategia efectiva para neutralizar los argumentos del otro, ambos resultan como un golpe bajo al verdadero objetivo: identificar las verdaderas víctimas de la dictadura. En tanto la Alianza insista en criticar voraz y negativamente al gobierno, y la Concertación a su vez no logre reconocer y enmendar estos errores antes de la intervención de grupos de interés y de la oposición, Chile jamás obtendrá justicia ni verdad.
Por Kenneth Bunker