El crimen organizado y el intervencionismo estadounidense en la región

Por Carlos Gutiérrez P.

El uso ilegal de la fuerza por parte del imperialismo estadounidense siempre ha requerido una estrategia comunicacional de estremecimiento público que la legitime de entrada, para operar impunemente en los teatros de operaciones considerados estratégicos, ya sean estos por los recursos básicos existentes o por la importancia geopolítica.

En la invasión a Cuba en 1898 en la disputa colonial contra España fue el hundimiento del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, la causa fue incierta y nunca se pudo comprobar que fueron los españoles; en la Primera Guerra Mundial la excusa fue el hundimiento del barco civil Lusitania y el famoso telegrama Zimmermann, en el cual Alemania le ofrecía a México entrar en la guerra para recuperar sus territorios anexados por Estados Unidos; la escalada en Vietnam se inició en 1964 con el incidente del golfo de Tonkin, que investigaciones posteriores demostraron que la NSA manipuló la información; más recientemente la acusación de posesión de armas de destrucción masiva en Irak, que nunca pudieron demostrar y significó la invasión de 2003; la relación de causalidad que realizaron entre los ataques a las Torres Gemelas y el gobierno de Afganistán que condujo a la invasión del país; la existencia de armas nucleares en Irán que justificó los bombardeos en alianza con Israel; y ahora es el turno del acecho a Venezuela que es acusada de ser un estado narco-terrorista.

La famosa preocupación de Estados Unidos por el asunto de las drogas, los carteles y el crimen organizado tiene sus primeros orígenes en el gobierno de Nixon (entre otras por la preocupante situación del consumo de drogas entre la tropas estadounidenses desplegados en Vietnam), con una fuerte injerencia en la política colombiana, que llevó posteriormente a la política de guerra contra las drogas, con una creciente militarización del país, que fue fundiendo en una sola realidad la lucha contra los carteles de la droga y los movimientos insurgentes de carácter político. El resultado fue una escalada en la violencia, militarización de la seguridad interior, expansión regional de las organizaciones criminales y todos los efectos en las violaciones de derechos humanos.

Esta guerra continental contra el crimen organizado y el comercio de las drogas en particular, tiene esferas muy opacas en el ámbito político y judicial. El caso más connotado fue la triangulación de tráfico de drogas entre Estados Unidos, Irán y la contra nicaragüense con fines de derrocamiento del gobierno revolucionario del Frente Sandinista. La relación con el gobernante panameño Manuel Antonio Noriega, que terminó en una invasión del país y la captura de su líder anteriormente protegido.

Así también se descubrieron relaciones y actividades encubiertas de la DEA con fines políticos, a través de la excusa de la lucha contra el tráfico de drogas, como fue la intervención en la Bolivia de los años 2000, con el MAS a la cabeza del gobierno.

También desde los años 2000, la política estadounidense hacia la región empezó a poner el acento en una reformulación de las amenazas a la seguridad y el papel que en ella deberían jugar las fuerzas armadas. Nos empezamos a llenar de especialistas y documentos que nos mencionaban un largo listado de estas nuevas amenazas, por supuesto entre ellas el tráfico de drogas, trata de personas y otras, que operaban organizadamente a través de organismos nacionales y trasnacionales.

La receta para abordarlos fue la militarización de la seguridad interior, asignándoles crecientes roles en esta materia a las correspondientes fuerzas armadas nacionales, que también contarían con el oportuno e interesado apoyo técnico y material del Comando Sur de Estados Unidos. Las primeras reticencias de los gobiernos latinoamericanos paulatinamente fueron decayendo ante la enorme presión del Comando Sur.

Hoy día la concentración ha estado puesta en el gobierno mexicano, especialmente en los últimos siete años, que coinciden con el gobierno progresista de López Obrador y su continuidad en la presidente Sheinbaum. Fue el gobierno de Biden quien amenazó con una intervención de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano para combatir a los carteles de la droga, y que ahora, con el presidente Trump ha continuado más agresivamente, a tal punto que llevó a declarar al gobierno mexicano coludido con las organizaciones criminales.

Pero la situación más crítica está relacionada con Venezuela, gobierno al cual Estados Unidos hace tiempo aboga por derrocar, ya que las estrategias civiles a través de la lucha electoral no le han dado resultado. Este país es muy importante, ya sea por sus riquezas energéticas, su posición geopolítica y porque cuenta con un gobierno declaradamente antiimperialista.

Hoy ha subido la escala. Se ha desplegado una fuerza de tarea militar en el sur del Mar Caribe, con tres destructores misilísticos, un submarino, aviones de reconocimiento, un avión cisterna trasladado a Curazao, grupo de ataque anfibio, y alrededor de 4.000 infantes de marina y marineros. Además, tiene presencia militar cerca, en Guantánamo, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana.

Venezuela está respondiendo con una alerta nacional para todas sus fuerzas armadas, y un llamado miliciano a la sociedad venezolana, que como se ha dicho está preparada para la defensa de la soberanía nacional y territorial.

Por otro lado, es realmente llamativo que aún se sostenga que un gobierno declare a otro como narco-Estado, sin demostrar los datos y la información que lo respalde, que movilice unidades de combate marítimo, terrestre y aéreo para bloquear al país en cuestión y que el sistema internacional vigente no reaccione. Hasta ahora se han explicitado las posiciones de condena a estas amenazas militares de los países miembros del Alba, Colombia, México y Brasil. De fuera de la región por los gobiernos de Rusia, China e Irán.

Hasta ahora no se sabe de declaraciones de alerta y condena por parte de las Naciones Unidas, de la Celac ni de la OEA.

En este sentido la estrategia estadounidense se ha ido construyendo paulatinamente para darle un respaldo legal interno, y una aceptación externa, a intervenciones militares en estados de la región, bajo esta excusa del crimen organizado.

1. La primera medida ha sido saturar la comunicación pública sobre delitos, organizaciones criminales, corrupción a nivel nacional y regional, que señaliza una realidad descontrolada y amenazante para nuestras sociedades y sistema democrático.

The Guardian reveló que Joseph Humire, jefe de política para el hemisferio occidental en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, dirigió un centro de investigación (Center for a Secure Free Society) que fabricó noticias falsas sobre el Tren de Aragua para criminalizar a Venezuela. Estos estudios reflejaban datos inventados, metodología fraudulenta y perseguía objetivos políticos, como que esta organización criminal era usada por Venezuela como herramienta de guerra asimétrica, pese a que agencias de inteligencia de Estados Unidos desmintieron esa teoría.

2. La segunda medida fue la adopción de Estados Unidos de una Orden Presidencial (20 de enero 2025), en base al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización que declara a las organizaciones criminales como organismos terroristas, lo que faculta a la legislación estadounidense a intervenir militarmente porque ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta Orden presidencial establece relaciones entre estas organizaciones criminales con actores extra hemisféricos y gobiernos extranjeros antagónicos e infiltración en gobiernos extranjeros en todo el hemisferio occidental. Los carteles mexicanos “Los Viagras”, “Tren de Aragua”, “Mara Salvatrucha” y “Cárteles Unidos” fueron declarados organizaciones terroristas en febrero de 2025.

3. La tercera medida ha estado orientada a establecer relaciones entre el crimen organizado y las elites políticas, a través de la corrupción o incluso la colusión entre ambos. Extrañamente solo con gobiernos progresistas. Se ha acusado a la presidenta Sheinbaum, al presidente Petro y ahora al gobierno venezolano.

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart llamó al presidente colombiano “matón narcoterrorista socialista”, y desde el gobierno colombiano se ha condenado el ataque verbal criticando la arrogancia de los políticos de origen latino que “se creen superiores por tener la nacionalidad estadounidense”.

El director de la DEA, Terry Cole, en una entrevista con Fox News calificó a Venezuela como un estado narco-terrorista, acusando al presidente Maduro de colaborar para traficar cocaína, fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca ha afirmado que “El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel narco-terrorista…”.

La fiscal estadounidense Pamela Bondi, acusó al presidente venezolano de liderar “una red internacional de narcotráfico”, sin prueba alguna, sumándose a la “recompensa” de 50 millones de dólares ofrecida para obtener información sobre Maduro.

4. La cuarta medida entonces se dirige directamente a “anular esta amenaza” con intervenciones directas, aún si no tiene la aprobación del Estado en cuestión. Con México se han ido auscultando escenarios como ese, con amenazas y provocaciones estadounidenses en la frontera, pero que han recibido el rechazo del gobierno mexicano e insistiendo que no aceptará una violación de la soberanía nacional. Los gobiernos más afines a esta orientación estadounidense, como Ecuador y Perú, han favorecido la presencia de organismos militares, e incluso con una reforma constitucional para la presencia permanente de tropas en una base especial, que es el caso de Ecuador.

Según el periodista Ken Klippenstein, en junio, el Pentágono instruyó al Comando Norte elaborar planes de ataque contra el cartel de Sinaloa y el CJNG, sin consentimiento del gobierno mexicano. Esta orden contempla acciones con drones, fuerzas especiales y ataques aéreos.

El 13 de agosto, en una entrevista a Fox New, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el Pentágono “vigila a los carteles mexicanos y promete actuar en el momento oportuno”.

Según el Informe Anual 2025 de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (ver Carta Geopolítica 55), y en base a las interceptaciones de los envíos y las rutas usadas al respecto, no hay evidencia que sea la ruta del Mar Caribe la más usada para los envíos hacia Estados Unidos.

Es desde Colombia que se usa la vía marítima caribeña y, desde Ecuador, Perú y Brasil la vía océano Pacífico. Desde estos países salen los embarques más consistentes de drogas hacia territorio estadounidense. Por vía aérea salen desde los mismos países, y se incorporan Chile y Panamá, pero son volúmenes inferiores.

Por lo tanto, teniendo conciencia que el crimen organizado a través de carteles es una realidad preocupante en nuestra región, las políticas diseñadas, orientadas y aplicadas desde Estados Unidos hacia nuestros países, no solo no han resuelto el problema, sino que lo han aumentado (el caso más evidente es Ecuador), y es evidente que tiene un sesgo en lo represivo, que no va acompañado de políticas para abordar el consumo, sobre todo en segmentos cada vez más jóvenes, ni tampoco en el control del tráfico de armas ni la cadena logística necesaria para la fabricación de estas drogas, que en su gran mayoría provienen desde el mismo Estados Unidos. México ha tenido una conducta permanente de exigir a la Casa Blanca una actitud constante y consistente en la persecución del tráfico de armas, entregándole información veraz y oportuna de los canales usados para armar a la mafia mexicana.

Toda esta ofensiva policial-militar de Estados Unidos ha encontrado la excusa perfecta para poder ejercer una amenaza constante contra gobiernos progresistas de la región, esta vez a través de la intervención militar directa. Es parte del plan más general de disputa geopolítica, con escenarios cada vez más complejos, que se enfrenta a iniciativas políticas y económicas que se alejan del orden imperial estadounidense, y donde tiene que asegurar su retaguardia estratégica (o patio trasero), la que es disputada por actores extra regionales, pero que al parecer ofrecen mejores perspectivas de desarrollo.

Quien mejor lo expresa es el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó: “Las elecciones de Maduro fueron completamente fraudulentas. La presencia de Rusia en Venezuela es notable, y la influencia de Irán está creciendo. Los iraníes están construyendo fábricas para fabricación de drones allí, justo en nuestro hemisferio. Además, el régimen venezolano emite pasaportes ilegítimos, pero genuinos, para las fuerzas de Hezbolá”.

En definitiva, Rusia, China e Irán son la causa, no los carteles de drogas como afirma el gobierno de Trump.

Por Carlos Gutiérrez P.

Carta Geopolítica 59. 26/08/2025

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