El griterío de las drogas

El delicado tema de la legalización del consumo de la mariguana

Ya se metieron los legisladores después de las confesiones del senador Fulvio Rossi. Y es que también hay un ingrediente electoral. Desde el gobierno mantiene el No rotundo a aceptar el consumo personal, a pesar de declaraciones de ex mandatarios de toda América Latina.

Hay que saludar la valiente y oportuna manifestación del senador Fulvio Rossi (PS), señalando su parecer sobre la necesidad de despenalizar ciertas formas de provisión de marihuana, en este caso permitiendo el auto cultivo personal, en base al carácter positivo que su uso moderado y responsable tiene para los usuarios, a las evidencias científicas de que no es una sustancia adictiva, a su propia experiencia como usuario eventual, hijo de una persona que está paleando con el uso de esa sustancia los efectos adversos de su tratamiento contra el cáncer.

Salieron al paso por el Gobierno el vocero Andrés Chadwick con un rotundo no, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dijo que era un asunto controversial en términos médicos, pero no explicó por qué. La directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Francisca Florenzano, manifestó que el senador Rossi no tenía el derecho moral a debatir y votar leyes sobre el tema por ser usuario, cosa que si se aplicara al tema alcohol, de cuya vigilancia y control también es competencia del Senda, nos dejaría prácticamente sin parlamentarios habilitados para hacerlo.

El argumento de que la marihuana es la puerta de entrada para el consumo de drogas más duras, es tan válido como afirmar que el amamantamiento con leche materna, que produce un placer mucho mayor que fumar aquella sustancia, es también la puerta de entrada a otras drogas más dañinas. Como es sabido no es la leche, la sustancia, lo que produce el placer, sino que el acto mismo de amamantar.

El problema actual no es el fracaso ya universalmente conocido de las actuales políticas de drogas como lo reconocieron los ex presidentes de la región (Ernesto Zedillo y Vicente Fox de México, César Gaviria de Colombia, Ricardo Lagos de Chile, Felipe Cardoso de Brasil y James Carter de Estados Unidos). El problema penoso que tenemos son los graves daños sanitarios, sociales, morales y criminales que tenemos a causa de su aplicación universal en los ámbitos nacionales de las normas de control al consumo y la provisión ilícita de drogas psicoactivas, internacionalmente determinadas por las convenciones de drogas de las Naciones Unidas.

El griterío que se forma cuando se trata de debatir el asunto de las drogas es menor en este caso, ya que todos los políticos saben que es un tema muy sensible para los jóvenes, quienes son las principales víctimas de las actuales leyes de drogas, y quienes constituyen la gran incógnita electoral. Es por eso que otros políticos visionarios o con olfato, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC) y el diputado Joaquín Godoy (RN) se plegaron a la propuesta del senador Rossi. También lo hicieron los candidatos presidenciales Franco Parisi y Marco Enriquez-Ominami. Los otros parlamentarios liberales en el asunto drogas prefirieron permanecer con sus opiniones in pectore hasta no aclararse la oportunidad de hacerlo. Es decir, hasta tener claro si la mayoría de los votantes van a ser jóvenes o viejos. De los duros antidrogas conocidos, sólo el senador Jaime Orpis, adalid antidrogas, dijo algo pero mantuvo un perfil bajo.

El asunto de las drogas es el consumo y la provisión de marihuana, ya que constituye más del 90% de los consumos de cualquiera de las sustancias prohibidas. Es necesario precisar que el 97% de los chilenos mayores de 12 años y menores de 65, no ha usado marihuana, pasta, ni clorhidrato de cocaína en el último mes. Además, el 75% de quienes hicieron uso de esas sustancias, dejaron de hacerlo por igual para las tres drogas. La supuesta correlación entre el consumo de drogas y las conductas delictivas no ha sido ni probada ni rechazada científicamente.

El asunto de las drogas es un tema esencialmente juvenil ya que el 65% de los usuarios son menores de 25 años y el 68% de los detenidos por infracciones a la ley de drogas también son menores de esa edad.

En el país el principal problema que causan las drogas no es su consumo y las conductas asociadas a ello. El principal y más grave problema es la política criminal que se aplica para controlar su provisión y consumo. Cada año son detenidas 80 mil personas de las cuales el 11,9% fueron por consumo, el 66,5% por tenencia y solamente el 17,3% por trafico de drogas. Esta sobre intervención del sistema penal para controlar el consumo y la provisión de drogas, en desmedro de la persecución de otros delitos más graves y de derechos de mayor importancia para la población, se debe a las siguientes normas y procedimientos.

1) La puesta de la marihuana en la lista de las sustancias que causa graves daños a la salud.

2) Incluir las infracciones a la ley de drogas en la lista de los delitos a los que se les aplica la flagrancia de 12 horas, lo que permite el control de identidad que es una forma encubierta de la detención por sospecha, ley corta.

3) La no homogeneidad por el Ministerio Público para definir la cantidad de sustancia y las circunstancias que diferencian el tipo penal entre el consumo y el porte, así como entre el porte y el tráfico de drogas.

4) La no aplicación de los beneficios procesales, penales y penitenciarios para las infracciones a la ley de drogas como si fuese un delito de alta connotación social, lo cual es contra evidente por el casi inexistente número de denuncias.

El principal argumento para no cambiar nada de la actual legislación para el control de la provisión y consumo de drogas son los compromisos del Estado de Chile con la comunidad internacional, al ser suscriptor de todas las Convenciones de Drogas de las Naciones Unidas (1961, 1971, 1988). No obstante países como Holanda, Suiza, Portugal, Canadá y otros, permiten el acceso controlado a ciertas drogas sin desvincularse de los compromisos internacionales.

Las propuestas de cultivo personal o estanco público para la provisión de marihuana, como sucede en Canadá, Suiza y está proponiendo el Gobierno en Uruguay, son atendibles para disminuir el daño sanitario, social y moral que la actual ley de drogas está causando en la población usuaria y relacionada con ella, pero requieren de un largo proceso de asimilación y aprobación social, como de tramitación legislativa.

Desde la perspectiva sanitaria y médica, la reducción de daño que se define como “el conjunto de medidas sociosanitarias individuales y colectivas, dirigidas a minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas”. Las medidas mínimas a proponer para disminuir el impacto negativo en lo sanitario, social y criminal que la actual ley de drogas tiene son las siguientes:

1) Retirar la marihuana en la lista de las sustancias que causa graves daños a la salud.

2) No incluir las infracciones a la ley de drogas en la lista de los delitos a los que se les aplica la flagrancia de 12 horas, ya que esto permite el control de identidad que es una forma encubierta de la detención por sospecha.

3) Que el Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Salud Pública y el Instituto Medico Legal defina y protocolice la cantidad de sustancia y las circunstancias de su tenencia que diferencia el tipo penal entre el consumo y el porte, así como entre el porte y el tráfico de drogas,

4) Aplicación estricta de los beneficios procesales, penales y penitenciarios para las infracciones a la ley de drogas.

Por Ibán de Rementería

Secretario Ejecutivo. Red Chilena de Reducción del Daño

Punto de Vista

El Ciudadano Nº131, segunda quincena agosto 2012