El paro Cívico en Bolivia: Motivos detrás del mismo y la amenaza que representa para la democracia

Por Denis Rogatyuk
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Columnas / Internacional

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Parece que el espectro del golpe todavía ronda Bolivia, tres años después de que los militares sacaron del poder a Evo Morales e instalaran un gobierno de extrema derecha.

Durante las últimas semanas, varios grupos cívicos de derecha y paramilitares han estado bloqueando calles y carreteras en la provincia oriental de Santa Cruz, un semillero de la oposición tanto a Evo Morales como al actual presidente Lucho Arce. A primera vista, la razón de esta calamidad es muy trivial. El gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador evangélico de ultraderecha Fernando Camacho, exige que el gobierno de Lucho Arce implemente el censo nacional en el año 2023, en lugar de 2024. El censo nacional determinaría la asignación de curules en la Asamblea Nacional, así como los presupuestos de los gobiernos regionales, entre otros temas. Según Camacho y los grupos cívicos, cuanto antes se haga el censo, más fuerte será la posición política y económica de Santa Cruz. Sin embargo, el nivel de violencia y la retórica neofascista de los bloqueadores apuntan a un objetivo mucho más siniestro de estas acciones.

Hoy en La Ruleta analizaremos el paro Cívico en Bolivia, los motivos detrás del mismo y la amenaza que representa para la democracia en Bolivia.

Comencemos con un resumen del año 2019, la última vez que presenciamos algo similar en Bolivia. Hace tres años, Presidente Evo Morales fue expulsado del cargo por la fuerza combinada del ejército, los jefes de policía, los “grupos cívicos” de ultraderecha y sectores de las iglesias católica y evangélica, y apoyado por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil. El resultado fue la llegada de la dictadura fundamentalista cristiana bajo el liderazgo de Jeanine Aṉez, que fue declarada culpable de masacrar a decenas de activistas indígenas, robar cientos de millones de dólares y llevar al país al borde del colapso durante la pandemia de COVID 19. El Movimiento al Socialismo volvió al gobierno en las elecciones de octubre de 2020 y comenzó el proceso de reconstrucción del país.

Lo que tienen en común el golpe de 2019 y las protestas actuales es la lista de actores políticos que lo respaldan activamente. El primero y más conocido es el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, un autoproclamado cristiano con 3 divorcios, lideró el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales por las falsas acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de ese año. El segundo es Rómulo Calvo, actual jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, un grupo paramilitar con una larga historia de supremacía blanca y ataques racistas contra la población indígena del país. El tercero y cuarto como los actuales altos representantes de las iglesias católica y evangélica en Santa Cruz, quienes también habían respaldado previamente el golpe de Estado de 2019.

Al igual que el caso del golpe de Estado de 2019, estamos asistiendo a una nueva ola de violencia perpetrada por los bloqueadores. Con diversas imágenes y videos de ciudadanos acosados, golpeados y en algunos casos asesinados por miembros de los grupos extremistas. Incluso la policía, los trabajadores de la salud y los pacientes del hospital han sido atacados al intentar cruzar las barricadas.

Toda la situación parece estar jugando como un disco rayado, especialmente cuando comparamos esto con el mismo nivel de violencia de los eventos de 2019. Pero hay una ventaja que tiene el actual gobierno boliviano, en comparación con 2019: el liderazgo de Lucho Arce y su rescate de la economía boliviana, así como la presencia combativa de Evo Morales.

Es claro y aparente que las mismas fuerzas reaccionarias detrás del golpe de 2019 nunca se han recuperado del todo de su pérdida en 2020, y han visto esta guerra de desgaste político contra el gobierno de Lucho Arce como su oportunidad de regresar al poder. Independientemente del resultado del Paro Cívico, o si el Censo se realizará en 2023 o 2024, las protestas y los bloqueos han demostrado que en Bolivia no puede existir una oposición democrática mientras esté dominada por los mismos responsables del golpe de Estado de 2019. El país ha sufrido 36 golpes de estado en su historia y aún corre peligro de otro a manos de los mismos autores.

Por Denis Rogatyuk


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