El principio de precaución y la protección civil

La inadecuada respuesta institucional al sismo de 7.0º Richter del pasado domingo 24 por la tarde en tanto réplica del terremoto del 27 de febrero del 2010, la no alarma por parte de la ONEMI ante la eminente inundación del centro de Punta Arenas por el desborde del Río Minas el 15 de marzo recién pasado, asimismo la reciente determinación de la Fiscal Solange Huerta, el 3 de febrero, de procesar a altos funcionarios del Estado por su responsabilidad en los sucesos acaecidos después de aquel terremoto del año 2010, son hechos que han puesto en estos días en debate la situación de la protección civil ante eventos naturales adversos. La respuesta pública y social adecuada para la protección civil de la población ante estos eventos adversos depende de la aplicación de conceptos básicos y sus prácticas: la alerta, la alarma, el principio de precaución, la gestión del riesgo y la reducción de daños, así como la capacitación para su ejercicio local.

Veamos algunos eventos adversos de origen natural y su impacto en nuestra sociedad. El 26 de diciembre del año 2004 un terremoto y tsunami que afectó a la cuenca del Océano Indico causando 250.000 muertos, en esa oportunidad el Sistema Internacional de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico, con sede en Hawai, comunicó 15 minutos después del terremoto en Indonesia a las autoridades de los estados ribereños del Indico de la posibilidad de un tsunami de grandes proporciones en sus costas, esto vía fax un día domingo, por lo tanto esa información no se convirtió en alerta para las autoridades locales y ni en alarma a la población en riesgo, esa información debió comunicarse a las agencias internacionales de noticias y a los canales internacionales de televisión que tienen la capacidad de comunicar “en vivo y en directo” cualquier información.

Nosotros aquí estuvimos satisfechos de haber sido informados por el Sistema de Alerta del Pacífico que no habría tsunami. Pero, quedamos nerviosos, ya que el 16 enero de 2005 la población de Concepción, Talcahuano y otras localidades cercanas entra en pánico, se provoca una gran estampida en sus calles, entre 12.000 a 15.000 personas huye a las partes altas. No hubo ni alerta ni alarma de tsunami por parte de las autoridades, Carabineros y bomberos trataron de persuadir a la población de que no había ninguna amenaza o peligro, con el resultado de dos mujeres muertas y muchos contusos. Luego, el fiscal de Talcahuano, Raúl Bustos, determinó que esa falsa alarma de tsunami se originó en los recintos navales de la Isla Quiriquina, donde se habría mal interpretado una información de alerta sobre un sismo 6.6 en escala de Richter registrado en la Isla de Yap, localizada entre Filipinas y Australia.

El 17 de julio de 2006 en Indonesia un terremoto 7,7 grados Richter provoca un tsunami que afecta las costas de la isla de Java con 400 muertos, 200 desaparecidos y más de 700 heridos, el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó a las autoridades, no obstante, el Ministro Indonesio de Ciencia y Tecnología si bien reconoció haber recibido la información afirmó: “Pero no lo dimos a conocer. Si el tsunami no hubiera ocurrido, ¿qué habría pasado?”. A esto lo podríamos llamar el temor al síndrome de “viene el lobo”.

Aquí en Chile el sábado 27 de febrero del 2010 a las 3:34 horas se produce un sismo 8.8 º Richter, con epicentro en Cobquecura, a las 3:55 el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) le comunica vía radio a Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) la alerta de tsunami, a las 3:56 el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (CATP) le comunica al SHOA el riesgo eminente de tsunami, a las 4:07 el SHOA le reitera esa información vía fax a la ONEMI y a las 4:56 la alerta fue cancelada. A las 4:44 el CATP reporta la generación del tsunami, el cual se produjo en nuestras costas entre Tirúa y Llo-lleo en varias olas de hasta 30 metros con diversas variaciones locales entre a las 3:50 horas y después de las 7:00, a las 5:20 la Presidenta de la República es informada que no hay tsunami a las 5:56 se le informa de su ocurrencia. Al parecer en el SHOA se decidió a relevar o dar por terminada la alerta porque la ONEMI no dio la alarma. El tsunami causó 156 muertos y 25 desaparecidos.

Si bien, para las localidades más alejadas de epicentro hubo tiempo suficiente tanto para que a partir de la alerta del SHOA dar la alarma por la red de comunicaciones de la ONEMI, así como para que la Armada vía DIRECTEMAR lo hiciese a las capitanías de puertoy estas diesen la alarma a la población en riesgo, para que ellas se pusiesen a buen recaudo entre 15 a 30 metros sobre el nivel del mar. No obstante el sistema de comunicaciones no funcionó, ni el público, ni el privado, solo el plan Torrente del Ejército se mantuvo operativo pero no estuvo disponible para las autoridades civiles, por razones que no han sido ni inquiridas ni explicadas.

En su declaración a la fiscal Huerta el jefe de turno de la ONEMI la madrugada del 27 de febrero, dice: “Siempre se nos dijo que había que tener precaución al declarar la alerta de tsunami por lo que ocurrió hace unos años en Talcahuano por una alerta falsa que resultó con víctimas fatales”. El temor al síndrome de “viene el lobo” estaba instalado en la toma de decisiones nacionales ante eventos naturales adversos.

La madrugada del 27 de septiembre del 2010, Carmen Fernández, Directora de la ONEMI, y Patricio Rosende, Subsecretario del Interior, tomaron la decisión política equivocada, y perjudicial para la población en situación de riesgo, de no atender la alerta de tsunami y convertirla en alarma de evacuación por no aplicar el principio de precaución, precisamente debido a que las informaciones eran contradictorias, tanto más cuanto que se carecían de sistemas de comunicación.

En el caso de la gestión de riesgos y reducción de daños ante eventos adversos de origen natural o antrópicos es necesariamente aplicable el principio de precaución que se emplea en los asuntos ambientales y la ecología. Los estados miembro de la Unión Europea, en diciembre del año 2000, precisaron el principio de precaución en materia ambiental de la siguiente manera: “Cuando una evaluación sobre la base de datos disponibles, no permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el nivel de protección buscado. El principio de precaución en materia ambiental se distingue del principio de prevención porque el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a tomar medidas dado que se conoce el daño ambiental que puede producirse”. El carácter impredecible del momento e impacto de los eventos sísmicos y vulcanológicos, así como de otros eventos adversos de carácter meteorológicos exigen autonomía y presteza en las intervenciones locales de evaluación de daños, mitigación de impacto y atención a las víctimas.

El 3 de marzo de 2011 un terremoto con intensidad de 9º Richter seguido de un tsunami con olas mayores de 30 metros mata 20.000 personas y causa daños materiales US$ 220.000 millones, además, colapsan los reactores nucleares de Fukushima, hoy de los 56 reactores que existen en el país, que proveían el 30% de la energía eléctrica, solo dos están en funcionamiento. Asimismo, se produce una crisis de imagen nacional ya que Japón se consideraba el país mejor preparado en el mundo para prevenir y mitigar cualquier evento adverso. Los japoneses cometieron un error estructural de precaución en su sistema de prevención y mitigación de las consecuencias de los eventos sísmicos, ya que determinaron las exigencias de resistencia de las construcciones, instalaciones y equipos, incluidas las plantas nucleares, para el promedio alto de los eventos sísmicos conocidos, cuando la aplicación del principio de precaución debía elevar esa exigencia al mayor evento conocido, más aún, al que pudo haber acontecido alguna vez, ya que el principio de precaución plantea ponerse en el “peor de los casos”.

Finalmente, ante la réplica del 24 de mayo se ha identificado la incapacidad de dar una alerta temprana debido a dificultades técnicas para precisar la magnitud del sismo y poder discernir si podría causar un tsunami, no hubo capacidad de convertir esas información en alarma para la población de riesgo, ni hubo disponibilidad de medios para emitir esa alarma hacia ella. En lo político existió una multiplicidad de vocerías contradictorias en la información y orientación a las autoridades y poblaciones locales. Todos dieron la alarma de terremoto y tsunami a su manera, desde el modesto funcionario de OREMI de Maule pasando por ministros y altos funcionarios hasta el Presidente de la República desde Hanoi. Por tanto no es de extrañar que el 27 marzo los habitantes Tirúa, Tubul y Llico en Arauco vislumbren una “ola gigante” –“ola solitaria”-, lo mismo en Pellines y Pelluhue en Maule, atribuible a un terremoto 8.9º Richter en Japón, incluso que un extraño ensayo del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile alertara equívocamente sobre un sismo de gran magnitud en Coquimbo. Todo esto ni expresa ni genera confianza en el sistema nacional de protección civil.

El principio de precaución ante eventos adversos solo pude ser aplicado con pertinencia, relevancia y oportunidad mediante la descentralización y la localización de su ejecución. Para tal aplicación es imprescindible la capacitación y entrenamiento de las poblaciones locales, tanto o más que la debida a los funcionarios responsables de la organización y ejecución de los sistemas de gestión de riesgo y reducción de daño y para los expertos responsables de asesorar esas funciones y tareas. Una vez más la participación ciudadana es el mayor recursos para su protección civil. Mientras no se entrene a la población local y sus autoridades para identificar riesgos y peligros en su entorno, establecer sistemas locales de alerta y alarma confiables, tener una capacidad local de mitigación de daños y contar con medios humanos y materiales para atender prestamente a los damnificados, las poblaciones carecerán de real protección civil y serán aleatoriamente solamente víctimas de los eventos naturales adversos.

Ibán de Rementería

Red Chilena de Reducción del Daños