El problema de los imputados no conocidos y los prófugos no habidos

El tema de la seguridad ciudadana, universalmente caro al discurso de los partidos de derecha, sobre todo desde la perspectiva del populismo penal, se mantiene presente en el debate político nacional, ya sea por el despliegue mediático del Ministro del Interior, por las encuestas de opinión que señalan el mal desempeño del Gobierno pese a ser esta una de sus promesas de campaña, por la oposición que reclama su incumplimiento, o porque el Presidente de la República plantea a la seguridad ciudadana como uno de los temas sociales prioritarios de la segunda etapa de su Gobierno, junto con la educación y la salud.

Luego del Informe del Ministerio Público para el año que pasó, el Instituto Libertad y Desarrollo (L y D) y La Tercera manifestaron su preocupación por los resultados que arrojó el informe. Para L y D la preocupación se centra en la cantidad de archivos provisionales que llegó al 46,8% de las causas ingresadas a los tribunales que tuvieron términos, en comparación al 13,7% de sentencias definitivas y un 17% de suspensiones condicionales del procedimiento.

Sorprende que el análisis de esta institución pensante de la derecha nada diga ni sobre la alta tasa de casos llevados a los tribunales que terminan sin sancionado alguno, así como por la cifra más alta aún de casos sin imputado conocido.

En tanto, lo que le preocupa a La Tercera es que el 86,6% de los casos terminados por delitos de robo con violencia no tienen condenado alguno; sólo el 11% de los casos tuvieron una sanción condenatoria. Este periódico informa que el 85% de las denuncias por este delito no tuvieron imputado conocido, lo cual en robo con fuerza se eleva al 90%. Además, informa que el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, habría dicho que “tenemos que terminar con esa sensación de impunidad que la ciudadanía siente por este gran número de delitos que tienen imputados desconocidos”, a lo cual agregó que “se requiere una persecución estratégica para terminar con los imputados desconocidos”. Luego, el fiscal nacional (s), Alberto Ayala, en su Cuenta Pública para 2011 ha dicho que “toda causa que termina en los archivos provisionales es un fracaso para la Fiscalía”, atribuyendo como primera razón de ello a “las causas con imputados desconocidos –lo que implica mejorar la información en los partes policiales”.

Ya antes hemos referido el mal desempeño policial en perseguir, capturar y poner a disposición de los tribunales a los delincuentes, pese a llevarse más de la mitad del presupuesto nacional para todo el sistema penal, conformado por: las policías, Ministerio Público, Poder Judicial, Gendarmería y Servicio Nacional del Menor (Ver El Ciudadano # 117).

Todo parece indicar que la cacería de imputados, ahora propuesta de manera altamente sofisticada mediante la “persecución penal inteligente”, será una amenaza constante tanto para la privacidad como para la libertad de los ciudadanos. Por una parte, Paz Ciudadana hace tiempo que viene instalando el análisis delictual o prevención estratégica entre las policías de Carabineros e Investigaciones y el Ministerio Público, consistente en una metodología de clasificación de casos similares y búsqueda de patrones comunes con la promesa de atacar las “causas directas e inmediatas” de los hechos delictivos. Estas metodologías logran definir las localizaciones de mayor frecuencia de delitos por tipos y modos de ejecución, lo cual permite focalizar allí la vigilancia electrónica o directa y otras medidas de prevención situacional, lo que disuade la acción delictiva allí o el tipo de delito a ejecutar, pero que en nada cambia ni los determinantes de la conducta delictiva ni la voluntad de su ejecución.

Por otra parte, con asesoría internacional –William Bratton– el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile han lanzado recientemente el Sistema Táctico de Análisis Delictual, que es una aplicación operativa de la prevención estratégica antes referida. La rigurosa vigilancia de “esquinas conflictivas” a lo que más sirve es al despliegue mediático sobre la acometida delictiva y de la respuesta policial, lo que a no dudarlo mejora la sensación de seguridad de la población referida; esto obviamente tiene una gran importancia política, pero a muy alto costo, que en nada resuelve las causas de la delincuencia ni su prevención.

Hasta ahora, aquí y en todas partes, la única inteligencia policial eficiente proviene de la información aportada por informantes y confidentes. Ellos son los “ojos y oídos” de la investigación policial, así como por la delación compensada, es decir, la eficacia de la inteligencia policial depende del grado de impunidad que es capaz de otorgar a cambio de la información que recibe –como en el caso de la colusión entre las cadenas de farmacias. Pero, bien sabemos que el propósito de la política criminal del Estado no es controlar el delito sino que tranquilizar a la población y ganar legitimidad ante ella. La pena de muerte no disuade a nadie de cometer delitos terribles y horribles, pero su ejecución persuade en la vivencia del horror en contra de la dignidad e integridad del cuerpo humano y la vida del sancionado, que “el culpable recibe su merecido”, por eso esas ejecuciones eran grandes espectáculos públicos, a las cuales acudía festivamente toda a comunidad.

Hoy, la persecución inteligente del delito nos producirá contratiempos, molestias, pérdida de privacidad, cuando no acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias o condenas ilegales, pero todos sentiremos en carne propia o por experiencia vicaria que la ley se está aplicando y que el orden está asegurado.

El Mercurio ha reconocido que “si bien Chile cuenta con policías altamente profesionales y probas, sus capacidades de investigación son aún bajas, y muchas veces dificultan o anulan la posibilidad de que un fiscal cuente con los medios de prueba para plantear un sólido caso ante un juez” [16.02.2012], pero que el 85% de los casos de robo con violencia y el 90% en robo con fuerza no tuvieron imputado conocido, no refiere solamente a algún fiscal que careció de las pruebas que la policía le debía aportar. Ahora el Fiscal Nacional convocó a los altos mandos policiales para reactivar la captura de dos mil delincuentes prófugos en el país, estos imputados conocidos pero no habidos, porque según el Fiscal Nacional: “Si los encuentran, automáticamente estos casos que están paralizados y suspendidos se reactivan y llegan a un resultado”.

La sorpresa aquí fue la discrepancia de información entre las policías y el Ministerio Público, para el que los prófugos son 6.660. Ante tal cifra el general Valdés, jefe (s) de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, reaccionó así: “Fuimos invitados a discutir planes y estrategias… y que después aparezca el Fiscal entregando una cifra de seis mil prófugos, que dan la impresión a la opinión pública de que Carabineros no hace su trabajo”.

Está claro que hay más de un problema de coordinación interinstitucional entre quienes deben perseguir a los delincuentes ante los tribunales de justicia y quienes deben aportar los medios de pruebas y conducir a los imputados ante aquellos.

Por Ibán de Rementería

Ex funcionario de Naciones Unidas, experto en política de seguridad y drogas.

El Ciudadano Nº120, primera quincena marzo 2012