Hay que dentrar a picar

En Chile ya no hay soluciones fáciles, ni baratas ni rápidas para los problemas que nos aquejan. El año que se va ha sido particularmente revelador, cada día se vio algún aspecto sombrío de nuestra sociedad y quedó en evidencia la esencia nefasta del modelo desarrollado a partir del golpe de 1973 y perfeccionado en 20 años de gobiernos concertacionistas.

El terremoto del 27 de febrero sacó a la luz la fragilidad de las políticas habitacionales, de los sistemas de comunicaciones y de respuesta a la emergencia. Aún no hay solución para los damnificados, cientos de miles sobreviven en campamentos que se transforman en soluciones permanentes. Miles de compatriotas salieron en las primeras horas a vaciar los comercios de las zonas afectadas, ante la incapacidad del Estado para asegurar agua, alimento y, sobre todo, información.

El trágico accidente de la mina San José mostró no sólo la precariedad en la que trabajan los mineros sino también la discriminación que ejercen las empresas que tienen algunos trabajadores de primera, los de planta, y la mayoría de subcontratados que no gozan ni de las remuneraciones ni de las garantías sociales de los primeros. El reciente accidente en el puerto Patache de Collahuasi, con un saldo de tres muertos entre los trabajadores subcontratados, lo confirma.

Los masivos despidos de funcionarios públicos evidencian la misma precariedad en los trabajadores del Estado. Los trabajadores a contrata representan un 70% del total de empleados públicos, pueden ser despedidos sin trámite a pesar de haber trabajado por años, incluso decenios, en la más absoluta indefensión.

La huelga de los trabajadores de Fasa –Farmacias Ahumada– develó la esencia de nuestra legislación laboral. A pesar de una fuerte movilización, tuvieron escasos logros. Pasados los 15 días de huelga legal, la empresa puede negociar individualmente con cada trabajador, y puede contratar reemplazantes rompiendo así la huelga. Este es el resultado de una negociación desigual entre empresarios apoyados por la ley y trabajadores desprotegidos.

La tragedia de la cárcel de San Miguel mostró la cara infame de las políticas de seguridad ciudadana que en el gobierno de Bachelet casi duplicaron la población penal. Chile tiene 318 reclusos por cada cien mil habitantes. Italia 89, Francia 90, España 114, Portugal 139. ¿Quién tiene mejor seguridad ciudadana? El resultado: 81 compatriotas muertos de forma horrible.

El año 2006 produjo la más grande movilización de estudiantes secundarios de la que se tenga memoria. La principal reivindicación, fortalecer la educación pública, respaldada por la inmensa mayoría del país, fue ignorada. La educación pública, pariente pobre, sigue achicándose mientras crece la enseñanza privada, segregada, de mala calidad, clasista y centrada en el lucro.

En el ámbito institucional, después de décadas de resistencia, el Partido Comunista llega al Parlamento con tres diputados a cambio de entregarle su votación a la Concertación.

¿Qué cambio importante ha significado para los trabajadores? Uno: El Gobierno, con la anuencia de la Concertación, se dio el gusto de darles una bofetada a los funcionarios públicos en la última negociación salarial. Dos: la aprobación por el Congreso, con el apoyo de la Concertación, de un pseudo “royalty” para la gran minería que permite que la renta del cobre y otros minerales -casi el 80%-, se vaya al extranjero y siga aprovechándole a las multinacionales.

No hay ámbito de la vida del país en que no se vea la injusticia, la desigualdad, la permisividad del capital para explotar a la naturaleza y a los trabajadores.

¿Qué camino de cambio queda? ¿Puede el pueblo seguir apoyando a los que proponen arreglitos “a la chilena”, con alambritos y huincha aisladora? No hay otro camino que romper la institucionalidad ilegítima y sustituirla por una Constitución democrática aprobada por el pueblo de Chile.

Pobladores, trabajadores, estudiantes, el pueblo mapuche, no tienen otra salida para mejorar su vida sino pasar por encima de la legalidad espuria. Como lo hacen los empleados públicos, o los profesores para los que no hay huelga legal. Como lo vienen haciendo desde hace cinco siglos los mapuche y el pueblo de Rapa Nui. Como lo han hecho históricamente los pobladores con las tomas que le han dado la fisionomía actual a nuestras ciudades. No queda otro camino que dentrar a picar.

Por Alejandro Toro

Politika, primera quincena enero 2011

El Ciudadano N°94