Impuesto minero: La caridad comienza por casa

Con la aprobación de la Ley 20

Por Wari

11/03/2011

Publicado en

Columnas

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Con la aprobación de la Ley 20.469 que modifica el “Royalty”, el Gobierno y las mineras sostienen que la tributación de la minería es muy alta. Arguyen que el impuesto específico llega a un 41%, situando a nuestro país entre las más altas tributaciones del mundo. Y agregan que es la tributación más alta que jamás han pagado las mineras en Chile. Ambas afirmaciones son falsas:

En los países de la OCDE, -organización a la cual Chile pertenece-, la tributación sobrepasa ampliamente el 50% si se suma la tributación de la empresa y el impuesto a la renta del empresario. En Chile solo existe el impuesto a la renta: El Estado le devuelve a los empresarios el impuesto de primera categoría que pagan sus empresas.

Por otra parte, una tasa de 41% está lejos de ser la mayor que han pagado las mineras en Chile: Hasta la Nacionalización del Cobre, en 1971, las mineras extranjeras pagaban un impuesto de un 52,5% sobre las utilidades. En 1977, el DL nº 1.748 le otorgó por primera vez invariabilidad tributaria por 20 años a la inversión extranjera. Pero quienes se sometían a esa invariabilidad debían pagar un impuesto adicional a la renta de un 49,5%, o sea un 14,5% más que el impuesto adicional general, de solo 35%. En marzo de 1993, con la Ley 19.207, la tasa de la tributación bajó de 49,5% a solo 42%.

Esta tasa de 42% estuvo vigente hasta el año 2005, cuando con la Ley 20.026 de Impuesto Específico a la Minería, las mineras renunciaron a la invariabilidad tributaria de 42% y quedaron sometidas a la tributación general de 35%, más el 4% de impuesto específico que creaba la mencionada Ley 20.026. O sea una tributación total de 39%, un 3% inferior a lo que las mineras pagaban hasta el 31 de diciembre de 2005. Este “Royalty” fue saludado como un gran avance por el presidente Lagos.

Ahora, con la Ley Nº 20.469, no es posible afirmar que la tributación total de las mineras -que alcanzaría a 41% a partir del año 2018-, es la más alta del mundo y la más alta jamás pagada en Chile, porque sigue siendo inferior al 42% que se pagaba hasta el 2005, y porque es inferior en un 8,5% a la tasa de 49,5% que aprobó el gobierno militar.

Como puede verse existe un amplio margen para aumentar la tributación de las mineras extranjeras hasta el 49,5% que pagaban en tiempos de Pinochet. Una tasa de 41% es muy inferior a la que estas mismas mineras pagan en sus países de origen.

Casi todas las mineras iniciaron sus inversiones en Chile antes de 1993, cuando la tributación era de 49,5%. Por consiguiente no podrían alegar contra “cambios en las reglas del juego” si vuelven a pagar el 49,5% que prevaleció hasta ese año. Aumentar la tributación minera no solo se justifica porque es muy baja -incluso con el nuevo “royalty”-, sino también porque en la materia no hay disposiciones eternas.

Una primera modificación podría tocar el Impuesto Adicional a la Renta del 35%, que es el impuesto que pagan todos los extranjeros con inversiones en Chile, ya sean mineras, AFP, bancos, comunicaciones, seguros, etcétera. Este impuesto era de 40% hasta 1987, y nada impide que vuelva a ser de 40% porque en este caso no hay invariabilidad tributaria. Además, no existe ninguna razón para que los empresarios extranjeros paguen menos que los empresarios chilenos. Esta una discriminación arbitraria: Aumentar el Impuesto Adicional a la Renta a un 40% no solo es éticamente justo, sino constitucionalmente justificado, por la igualdad ante la ley.

Hay muchas otras modificaciones impositivas que pudiesen frenar la evasión y la elusión tributaria por parte de las mineras, modificaciones que tampoco están vetadas por ninguna “invariabilidad”. El debate sobre la tributación de las empresas mineras está abierto, primero, porque la Ley lo permite, y segundo, porque estas empresas ya pagaban hasta hace poco tiempo un 10% más en impuestos que en la actualidad.

Como dice el proverbio: La caridad comienza por casa.

Por Julián Alcayaga O.

Comité de Defensa del Cobre

Polítika, febrero 2011

El Ciudadano Nº96

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