El pasado 28 de Junio se dio a conocer el balance oficial del primer año de implementación de este nuevo impuesto a las fuentes fijas, que era parte de la reforma tributaria de Michelle Bachelet.

Este impuesto, establecido el año 2014, fue creado con el fin de reducir la contaminación local de NOX, SOX y material particulado en las zonas donde se emplazan las industrias contaminantes, y también para imponer una carga a las emisiones de CO2 que tienen impactos locales y también globales.

En el balance que hizo el Coordinador Eléctrico Nacional, sobre la aplicación de este impuesto verde en su primer año, se muestra que la recaudación total para fuentes fijas fue de 191,4 millones de dólares, el cual fue pagado en 94% por las centrales termoeléctricas, principalmente aquellas a carbón, seguido por las termoeléctricas a gas, petcoke, biomasa y petróleo, respectivamente.

Hasta ahí todo bien, pues el objetivo era exigir el pago de un impuesto a los responsables de las emisiones, y tras su aplicación se observa que efectivamente se están gravando las emisiones. No obstante, aún no sabemos si el pago de este impuesto está teniendo beneficios en términos socioambientales en las localidades donde se emplazan estos proyectos contaminantes, esto pues los 5 dólares por cada tonelada de CO2 emitida resulta inconsistente con las recomendaciones a nivel internacional que van entre 40 y 80 dólares la tonelada, e incluso es incoherente con la misma recomendación del Ministerio de Desarrollo Social que calcula el costo social de abatimiento de las emisiones de CO2 equivalente a 32 dólares la tonelada.

El impuesto verde es pagado por las energías verdes

También hemos visto que el impuesto verde sufre dos graves distorsiones en su aplicación. Primero, una parte de este impuesto lo han pagado centrales de energías renovables. Esto ocurre pues cuando la Comisión Nacional de Energía en Diciembre de 2017 y Enero de 2018, estableció las disposiciones técnicas para la implementación de este impuesto en las unidades de generación eléctrica, se indicó que en algunos casos existirá el prorrateo del pago de parte del gravamen entre todas las empresas que retiren electricidad del sistema eléctrico incluyendo, por ejemplo, las eólicas y solares que no tienen emisión contaminante alguna.

De hecho, en su primer año de aplicación más de 5 mil millones de pesos recaudados por el impuesto verde, fueron pagados por centrales de energías renovables, monto equivalente a un 4,75% del total de lo recaudado. Lo anterior corresponde a una distorsión de mercado, pues cargar un impuesto a las emisiones contaminantes a empresas que no emiten es un despropósito que en los hechos reduce el gravamen a las generadoras contaminantes, traspasándolo a las generadoras de energías limpias que no producen las emisiones que se pretende desincentivar. Ello contradice el principio de responsabilidad (“el que contamina paga”), pues parte del impuesto a la contaminación, lo pagan las empresas que no contaminan; y además es una señal clara que afecta el mercado eléctrico pues va en detrimento y desincentiva las inversiones en energías limpias.

Compensación a la contaminación

Otra distorsión del impuesto verde es que dado que este impuesto no se suma a los costos de generación de electricidad como un criterio para ir decidiendo el despacho de energía a la red, ocurre que en un primer lugar, pueden “entrar primero” al sistema termoeléctricas contaminantes (petcoke, carbón, etc.) y luego las centrales de energías renovables; y además ocurre que en caso en donde la unidad generadora –por ejemplo una termoeléctrica a carbón– que determina el costo marginal debe pagar el impuesto verde y, como resulta natural, queda con costos totales por sobre el costo marginal, entonces estos costos del impuesto verde, se traspasarán a todas las demás unidades generadoras que retiran energía del sistema, y por ende las unidades generadoras contaminantes serán compensadas por este valor.

En el balance del Coordinador, para el año 2017, el impuesto total pagado por las termoeléctricas fue de $109.312.478.014, y la compensación fue de $16.306.403.600, dando un equivalente de pago por compensaciones de un 15%. Incluso en casos particulares, se muestran centrales generadoras que recibieron como compensación el 90% del monto que tributó por este concepto. Por su parte, ENGIE la principal empresa con propiedad de termoeléctricas en Chile fue compensada en un 54,41% de lo tributado, es decir pagó menos de la mitad de lo que debió haber sido tributado. A las otras líderes de la industria carbonera, como Enel Generación Chile, AES Gener y Colbún les compensarán el 10,4%, 6% y 1,56% respectivamente. Y aún, a las dos primeras hay que sumarles las devoluciones de sus filiales como GasAtacama (26% con $ 546 millones) y Guacolda (23% con $ 2.490 millones), respectivamente.

¿Qué tan eficaz y eficiente es este impuesto entonces?

Frente a lo anterior, se evidencia que los costos asociados a la producción y consumo de energía termoeléctrica están siendo compensados por todas las unidades de generación que efectúan retiros del sistema, incluyendo a las unidades de generación mediante energías limpias; ello favorece además que en el mediano plazo suban los costos de la electricidad para los consumidores.

Todo lo anterior, además de constituir una contradicción al propio objetivo de este impuesto, entrega una señal errada al mercado energético pues está favoreciendo a industrias contaminantes en detrimento de las energías renovables. Asimismo, se comienza a cuestionar si el impuesto verde está realmente incorporado el costo social y medioambiental de la contaminación local y global, pues realizar compensaciones a industrias contaminantes no permite que estas internalicen sus impactos que actualmente están externalizados en la población local que se ve afectada por un no acceso a un medio ambiente libre de contaminación que trae consigo problemas de salud y bienestar local.

(*) Claudia Fuentes Pereira es ingeniera en Recursos Naturales y coordinadora del Proyecto Fin al Carbón de Chile Sustentable